La represión contra los movimientos sociales ha existido siempre en la historia de México, pero nunca se había visto que fuera el propio mandatario quien señalara, persiguiera y dictara la sentencia, eso es exactamente lo hecho por Andrés Manuel López Obrador, que ya cumple cinco años a cargo de la presidencia de la república.
Una vez que tomó el gobierno de la nación por el sexenio 2018-2024, dio el banderazo de salida para iniciar una cruzada aniquiladora en contra de las organizaciones a pesar de que varias de ellas contribuyeron para sumarle los más de 30 millones de votos obtenidos en las urnas; pero particular saña se emprendió contra el antorchismo dando continuidad a los actos de represión que diseñó en nuestra contra como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
Mi afirmación se demuestra porque en la gira de agradecimiento que hizo ya como jefe del Poder Ejecutivo en más de 100 plazas públicas del país, con los micrófonos oficiales y desde la máxima tribuna de la nación, gritó a los cuatro vientos que se acabaron los moches, que nada de intermediarios, nada de que soy de la antorcha mundial, pues en su gobierno se actuaría diferente, dijo.
No conforme con eso, se dio a la tarea de perseguir a la estructura financiera que con trabajo honrado y recursos limpios logramos edificar en todo el país, son modestos negocios de venta de combustible, restaurantes y medianas tiendas que ofrecen productos como cualquier otro comercio de los miles que existen en México. Pero la fiscalización venía dirigida con el claro propósito de encontrar anomalías para su clausura y así evitar el financiamiento de las actividades del Movimiento Antorchista.
AMLO tenía la idea equivocada de que negando y cerrando en definitiva la solución a las demandas sociales que se enarbolaban en los tres niveles de gobierno la organización iba a desaparecer, por eso, tanto en la federación, como en estados y municipios las autoridades alegaban el cambio de políticas y que ya no había recursos presupuestales; pero en los casos más graves se respondía a los solicitantes que ya no se atendería a organizaciones, que todo sería directo, sin intermediarios no importando la violación de las leyes que seguían vigentes.
El presidente jamás aportó pruebas de sus acusaciones y resulta increíble que a casi cinco años de cerrazón y cero demandas resueltas, nosotros sigamos sólidos realizando actividad política que dio origen a los antorchistas hace cerca de 50 años.
Estos argumentos fueron copiados en todos lados y salvo raras excepciones en municipios de Zacatecas, recibimos de los gobiernos municipales el trato que AMLO dictó aderezado con burlas a los ciudadanos y sus dirigentes para provocar el desencanto para que la gente abandonara la lucha, peso nada de eso pasó, ya estamos a cinco años del sexenio y lo que está en agonía es el gobierno de la 4T que ensayó de todo contra los antorchistas, pero nosotros resistimos el embate y ahora somos más fuertes que nunca.
Sabemos que con la 4T la vida de los luchadores sociales corre mayores peligros que con los gobiernos de antes porque el gobierno considera un crimen abanderar las causas populares y los “abrazos no balazos” que pregona para la delincuencia no aplican para quien levante la voz y exija justicia social y respeto a los derechos de organización, petición y manifestación con fines lícitos y mediante medidas pacíficas.
López Obrador no cambiará su forma de gobernar, el último ataque que nos dirigió fue el del pasado 15 de abril en su gira por Oaxaca, allí aseguró que “las organizaciones eran buenas, pero se descompusieron” o sea que si se trata de las organizaciones cercanas a su partido y estuvieron a su servicio fueron buenas, pero el resto son corruptas y deberían desaparecer.
La violencia verbal del jefe del Ejecutivo es gravísima porque alienta a potenciales criminales que en cierta forma se sienten protegidos por la autoridad, pero es el mandatario quien ha atizado la polarización de los mexicanos para que nos estemos enfrentando entre sí, al mismo tiempo que perdemos de vista quién es el responsable de las desgracias que sufre en el país incluida la violencia que supera los más de 160 mil asesinatos.
Pero le guste o no al presidente y a los funcionarios, la libertad de asociación, de expresión, la agrupación de los ciudadanos por la defensa de sus intereses y la exigencia de justicia, no es una graciosa concesión, son derechos que se han conquistado por muchos años de lucha del pueblo al que en otros tiempos también se le humillaba.
Nosotros sabemos bien que AMLO nos lleva la ventaja de que entrega dinero a la gente para que calle ante las atrocidades cometidas, pero seguiremos denunciando su forma de gobernar pues acusar sin pruebas, el asumirse como juez de la moral pública y privada tiene consecuencias fatales para quienes no comulgan con sus ideas.
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