Muchos mexicanos, sin ser especialistas en administración pública, sabemos que los ingresos de los estados dependen en gran medida de las transferencias federales. Las entidades federativas obtienen recursos propios a través de impuestos al comercio, sobre nómina y predial; por derechos como el registro civil, licencias y permisos, también por productos de bienes muebles e inmuebles y por aprovechamientos que incluyen multas y recargos locales. Sin embargo, éstos representan sólo una pequeña parte del total de sus ingresos.
De tal manera que atribuir la falta de obra pública y los pésimos servicios públicos en los estados y municipios se debe a que los gobernadores y presidentes municipales gastan en cosas superfluas, aunque eso exista en varios puntos del país, no se puede explicar la crisis presupuestal de estos gobiernos por esa razón simple, como hacen rabiosamente los fanáticos de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pues se deben tomar en cuenta, en primer lugar, los ingresos del Gobierno federal.
No debemos olvidar el golpe brutal asestado a las comunidades y colonias marginadas que carecen prácticamente de todo, por la decisión que tomó, en 2019, López Obrador de recortar brutalmente las participaciones a los estados, a pesar de que muchas entidades y municipios representan la principal fuente de sus ingresos.
Tampoco podemos dejarnos engañar. Tenemos que tomar en cuenta, en primer lugar, que los ingresos del gobierno de la república, tal como lo establece la política neoliberal imperante en todo el mundo, exige una drástica disminución en el cobro de impuestos a las grandes fortunas. Y así ha sucedido en México, que es ya uno de los países del mundo que menos impuestos cobra con respecto a su Producto Interno Bruto (PIB).
A tres años y medio en el poder, López Obrador no tiene más remedio que enfrentarse a la realidad, por más que le guste y trate de negarla. Presumía que todo era sencillo, que gobernar no era ninguna ciencia, solo era cuestión de tener la autoridad moral que significaba el apoyo del pueblo. Se convirtió en el príncipe del diagnóstico simplista y la solución fantasiosa que predicaba infatigable.
Como candidato, AMLO encontró numerosos oyentes, muchos porque creyeron ingenuamente que nadie podría ser más inepto o corrupto, y por eso votaron por él, pero contrario a lo que esperaban los millones de electores que dieron su voto a Morena en 2018, hoy la inmensa mayoría de los mexicanos estamos afrontando las mismas consecuencias e incluso peores, que provocaron sus antecesores. Con AMLO nada ha mejorado, todo está peor.
Volviendo al tema de esta modesta colaboración. El Instituto de Información, Estadística Informática y Geográfica de Jalisco (IIEG), en su boletín Económico Mensual de abril de 2022, informó que los estímulos fiscales a la gasolina y el diésel se han reflejado en una disminución en la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de las gasolinas y diésel en el primer trimestre de 2022 de -70.7 por ciento en términos reales con respecto al mismo trimestre de 2021.
La disminución en la recaudación del IEPS tiene varias repercusiones, una es en la reducción de los ingresos que reciben las entidades federativas y municipios a través del Ramo 28 de participaciones, y del Ramo 33 de aportaciones, que dependen de los ingresos tributarios.
A manera de ejemplo del grado de afectación a Jalisco, en particular, y al resto de las entidades federativas en general, se realizó un ejercicio considerando la reducción de 45 mil 942.6 millones de pesos de la Recaudación Federal Participable (RFP) debida a los estímulos, aplicando el porcentaje que cada fondo tiene de la RFP, y considerando la misma distribución porcentual de cada fondo por entidad federativa de 2021.
Los resultados arrojan una afectación estimada para Jalisco de 833.53 millones de pesos por los estímulos que el Gobierno federal otorga al IEPS de la gasolina y el diésel en el primer trimestre de 2022. La afectación estimada para todas las entidades federativas y sus municipios es de 13,641.14 millones de pesos; el Estado de México y la Ciudad de México son las entidades con la mayor reducción en términos absolutos.
Además del informe del IIEG, es del dominio público que el gasolinazo es una palabra prohibida para el Gobierno mexicano. Con el barril de petróleo por las nubes debido a la invasión rusa de Ucrania, el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en que la gasolina no subirá por encima de la inflación, una de sus frases favoritas. Para aferrarse a la promesa, el gobierno ha echado mano de estímulos fiscales, para contener los precios; sin embargo, los analistas cuestionan la sostenibilidad de esta estrategia y alertan sobre el impacto en las finanzas públicas.
O sea, no solo las mega obras del sexenio de AMLO han dejado sin recursos a innumerables programas federales. No debe pasarse por alto que una buena parte de los magros ingresos del Estado mexicano se gastan en obras gigantescas ordenadas por el presidente que no tienen nada que ver con el crecimiento económico del país ni el combate a la pobreza y la desigualdad.
La refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, así como, el Corredor Interoceánico absorben una montaña de dinero y cada día sus sobrecostos son más altos y ahora se suman los multimillonarios subsidios a las gasolinas que afectan las participaciones que reciben los estados y municipios.
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