Es necesario que los funcionarios de todos los niveles se dispongan realmente a ejercer el poder y a hacerlo como lo manda la ley. Ni presidentes municipales, ni gobernadores ni ningún funcionario, elegido o no para desempeñarse en el gobierno, podrá llamarse sorprendido o inocente; desde antes de ser candidatos de nada ni de pensar siquiera en la posibilidad de ser trabajador del gobierno, todo sabían, con sobrada anticipación, que el ejercicio de la función pública requiere capacidad para resolver problemas de diversa índole y siempre con la expresa exigencia de que lleven a sus comunas hacia adelante, tanto en el crecimiento, es decir haciendo que la vida económica crezca y haga más poderoso al conjunto social, como en el desarrollo, es decir, que ese crecimiento signifique mayores beneficios para todas las familias de ese conjunto social.
Nadie, repito, se podrá llamar engañado y argumentar que no tenía en el radar estas importantes y determinantes exigencias para todo funcionario público, ni puede, mucho menos, ahora decir que ‘voy a trabajar solo con mi gente, como si los ciudadanos no tuvieran derechos por el simple hecho de serlo, o como si ya en el poder pudieran escoger qué tareas sí hacer y cuáles no, o a quiénes si atender y a quiénes no.
Lo digo porque la competencia política que llena la comunicación social en cada etapa electoral de dimes, diretes, acusaciones y persecuciones que revelan el enfrentamiento entre las diferentes fuerzas, que en ocasiones se convierten en verdaderas guerras de lodo, por lo regular se amainan al terminar los procesos y quedar definidos los funcionarios insaculados para ejercer esos poderes, por lo que se disponen a hacerlo, y deberían hacerlo en los términos que mencioné arriba, y que no los digo yo, sino nuestra constitución. Es decir, deben de pasar de la etapa de la campaña y el debate a la de ejercer el puesto ya ganado (como haya sido, ya son los elegidos).
No nos engañemos, han sido muchos años de vida política de México en esto de la Democracia participativa y, aunque ya no estamos en los tiempos de las tiendas de raya, la deuda que se tiene pendiente con la Suave Patria y, más bien, con quienes verdaderamente la constituimos, que somos todos los mexicanos, es mucho mayor que lo poco que se ha logrado.
Lo digo porque, desde las elecciones de 2021 en las que se renovaron los gobiernos estatal y municipales en Campeche, todavía podemos escuchar a los ya no tan nuevos mandatarios, argumentando que los anteriores “les dejaron un cochinero”, “les dejaron llenos de deudas”, “les heredaron puros problemas”, etc. además de la menos nueva estrategia de los gobiernos más reaccionarios y retrógrados, hoy relujada con el nuevo galvanizado de izquierdista, de no atender a las organizaciones y a los grupos, sino directamente a los ciudadanos, que no ha sido sino un pretexto para negarse en redondo a atender sus obligaciones como funcionarios hacia todos los ciudadanos, como lo manda, vuelvo a apelar, nuestra constitución política.
Los antorchistas hemos presentado en tiempo y forma nuestros pliegos petitorios a los diferentes niveles de gobierno y esos escritos quieren que se les trate como lo manda el artículo 8 constitucional. Pero, sobre todo, y a eso apelo, es necesario que ya se ejerza el poder como debe de ser, que los políticos, del partido que sean, aprovechen la oportunidad que les dio el ciudadano para demostrar que realmente quieren al municipio y al estado.
No debe haber ciudadanos de primera y de segunda, ni debe hacerse la división entre “mi gente” y la “no mi gente”, entre los que me apoyaron en la campaña y los que no. Todos los ciudadanos merecen el respeto y la atención, de los actuales funcionarios constitucionales.
Para ello solamente hace falta respetar y hacer respetar la ley, y es mejor que no sea en querellas y controversias, sino mediante los acuerdos y el entendimiento, los cuales, a su vez, se deben construir, también, con pleno respeto a las leyes y a las instituciones.
Los antorchistas nos hemos propuesto demostrar que nuestras leyes bastan para lograr un México más poderos y más justo, por lo que nuestra labor se constriñe siempre de manera estricta al marco del derecho y a las instituciones. Y es solamente cuando la irracionalidad, la soberbia o el sectarismo de los funcionarios impide el funcionamiento normal de la vida social y política que recurrimos a la lucha, ejercida también esta, estrictamente, siempre dentro de los marcos del derecho, porque la ley es suficiente para ejercerla.
Ya ha pasado más de medio año desde que ejercen las nuevas administraciones, y es buen momento para que los gobernantes de los municipios y del Gobierno del Estado den una respuesta a las peticiones de los antorchistas y se atiendan las necesidades de los campechanos más pobres. Y en esto, nuevamente, apelamos solamente a nuestras leyes e instituciones.
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