Los vuelos desde Estados Unidos el Aeropuerto Internacional de Tapachula, Chiapas, al sur de México, con decenas de migrantes centroamericanos deportados aceleradamente, entre los que destacan guatemaltecos, hondureños y salvadoreños continúan llegando, para luego ser transportados vía terrestre en autobuses hasta la zona fronteriza con Guatemala, en donde están siendo abandonados y dejados a su suerte.
Los solicitantes de asilo y migrantes, están siendo deportados bajo la excusa de la pandemia a través del Título 42. Los acuerdos entre el gobierno de Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, está aumentando el drama de las familias que están siendo devueltas de forma expedita sin mediación o entrevista alguna, por lo que el Gobierno de México se ha vuelto una vez más en cómplice de estas medidas intensificadas.
El “sueño americano” es cortado de forma tajante. Pero ya no se trata solamente de conseguir un empleo, sino que muchas personas llegan por cuestiones de inseguridad y políticas desde su país de origen, ahora dentro del contexto caótico de la tercera ola de contagios que vive el país norteamericano, que bajo el mandato del título 42 del Código de Estados Unidos, se centra en deportar a las personas que cruzan de forma irregular y que representan un riesgo para su población en materia de salud.
Título 42, es una vieja medida de 1944 desempolvada el año pasado por el gobierno de Donald Trump, “no es una autoridad de inmigración, sino una autoridad de salud pública, y los Centros para el Control de las Enfermedades (CDC) dictan su uso continuo y se rigen por el análisis de los factores de salud pública”, señalan medios internacionales.
A finales de julio, las autoridades estadounidenses empezaron a deportar a familias enteras de migrantes en vuelos a Centroamérica como parte de un sistema para devolver a personas llegadas desde México sin autorización. Estas deportaciones aceleradas han sido usadas tanto por administraciones republicanas como demócratas para disuadir la inmigración ilegal.
Desde el 02 de agosto del 2021, los CDC ampliaron el título 42 que permite expulsar a los migrantes rápidamente.
En la serie de expulsiones que realiza el país con la bandera de las barras y las estrellas, utiliza a Chiapas como puente, es prácticamente el trampolín que usan para terminar de “repatriar” y dejar a su suerte a cientos de migrantes de llegan en cada vuelo a Tapachula o Tabasco.
La imagen transmitida por medios de comunicación televisiva y redes sociales, es contundente, familias enteras bajan de un avión en vuelo procedente de McAllen, Texas, contratado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos con una aerolínea y que sirve para sacar a 120 migrantes y después transportarlos desde el Aeropuerto Internacional de Tapachula a Frontera Talismán, para que por sus propios medios regresen a sus países de origen.
Anécdota
“Como si fuéramos basura nos vinieron a tirar”, detalló para medios nacionales e internacionales un migrante hondureño que llegó hasta Petén en Guatemala, el cual no sabe cómo va a regresar a su país natal, sobre todo porque ya no cuenta con recursos económicos y quedó varado en un lugar en donde no hay condiciones para atender la migración. Vienen desgastados, sin dinero y son abandonados prácticamente a su suerte.
El Centro de Dignificación Humana AC hizo un llamado empresarios y a la sociedad a formar frente común para impedir que EUA siga enviando más migrantes a la frontera Sur: “Ya no se puede permitir que Estados Unidos siga condicionado a México para que sea su muro de contención o patio trasero”.
El coordinador del Centro de Dignificación Humana, Luis García Villagrán, afirmó que entre mil 300 y mil 500 migrantes centroamericanos deportados de Estados Unidos han llegado en vuelos directos de Texas al aeropuerto de Tapachula durante la última semana.
Además, aseguró que son traídos sin documentación, sin respetar el debido proceso migratorio, y que personal estadounidense les acompaña en los aviones, "maniobrando y ordenando a las autoridades mexicanas", especialmente a las migratorias.
Explicó que “los datos no son precisos porque las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) lo han hecho con mucho hermetismo y opacidad. Las autoridades lo saben, pero nosotros como organizaciones no tenemos datos exactos”, dijo.
Señaló que según sus cálculos, “desde la primera vez (el 9 de agosto) en que llegaron ocho aviones, algo increíble, deben haber llegado alrededor de mil 300 o mil 500, principalmente de Guatemala. La mayoría de migrantes deportados venían de McAllen y Brownsville, Texas, y de otro lugar de Virginia”.
Señaló que “estas personas no hicieron ningún trámite de asilo en México y menos en Estados Unidos, lo que facilitó a las autoridades de ambos países deportarlos de manera extrajudicial, sin el debido proceso porque no tuvieron oportunidad de acudir ante la ley de refugio en los dos casos”.
Los migrantes que tardaron semanas e incluso meses en cruzar la frontera norte, en tan sólo horas fueron deportados desde EU.
En lo que va del año se han deportado de México a Guatemala vía aérea y terrestre a 18 mil 634 guatemaltecos por no poder comprobar su instancia legal en territorio nacional, según la información proporcionada por el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM). Del total de los repatriado mil 962 son niñas y niños no acompañados.
Violación a los Derechos Humanos
Carlos Castañeda de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (Chirla, por sus siglas en inglés), comentó que la deportación acelerada es “una clara y flagrante violación de los derechos humanos”.
Se ha documentado que a diario trasladan en cada ruta a más de 150 personas. Su situación podría haberse complicado a partir de la entrada de vigencia del Estado de Calamidad Pública ordenado por el gobierno de Guatemala por la pandemia, que ordenan restricciones para extranjeros que ingresen a su territorio pero hasta el momento no ha sido el caso.
El director de Amigos Americanos, Pedro Ríos, dijo en una entrevista que es inconcebible que el gobierno de Joe Biden esté deportando de forma exprés a los centroamericanos mandándolos a las fronteras entre México y Guatemala.
En Julio se denunció el arresto de más de 200 mil migrantes en la frontera con EUA, el cual tuvo un incremento del 13 por ciento con respecto al mes anterior.
Pronunciamientos
Tras el conocimiento de las expulsiones del suelo americano, agencias de la ONU, tales como las Oficinas en México de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH), la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM),expresaron su preocupación frente al deterioro de las condiciones humanitarias de las personas migrantes y solicitantes de asilo en las fronteras norte y sur de México.
“Los movimientos migratorios mixtos requieren de una respuesta integral en línea con los estándares internacionales de derechos humanos, cualquiera que sea la nacionalidad o condición migratoria de las personas y en todas las fases del ciclo migratorio -origen, tránsito, destino y retorno- incluyendo principios fundamentales como la no devolución, la protección de la niñez y la no discriminación”.
La aplicación de esta norma ha colocado a miles de personas mexicanas, centroamericanas y de otras nacionalidades en una situación más crítica. Estas personas son expulsadas desde Estados Unidos, sin pasar por un mecanismo de identificación de necesidades de protección ni protocolos sanitarios, y sin tener acceso al sistema de asilo en dicho país, encontrándose en un limbo jurídico en la frontera norte de México.
Por otra parte, la capacidad de recepción de los albergues de la sociedad civil a lo largo de la frontera se encuentra rebasada, haciendo necesario fortalecer la respuesta de la institucionalidad local, estatal y federal y de la sociedad civil para atender esta delicada situación humanitaria. Todo esto agravado por la pandemia por COVID-19 y la falta de protocolos de salud para mitigar los riesgos de contagios.
Las Agencias de Naciones Unidas reconocen que la realidad de la movilidad humana en la región es compleja y que en el caso de México, requiere atender movimientos migratorios mixtos, que incluyen personas con diferentes necesidades, edades y perfiles, tales como personas en situación migratoria irregular, personas en necesidad de protección internacional, personas apátridas, mujeres y personas LGBTI+, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género y sexual, personas víctimas de trata y otros delitos, así como niñas, niños y adolescentes no acompañados y separados, entre otros.
Con 12,807 nuevas solicitudes de asilo tan sólo en el mes de julio, más de 70% en Chiapas, la tendencia en México de llegadas a gran escala se mantiene desde 2018, tendencia que se recuperó una vez que disminuyeron las restricciones fronterizas por covid-19 y comenzaron a reflejarse los efectos directos e indirectos de la pandemia.
Esta situación representa un enorme reto para México, cuya respuesta exige intervenciones adicionales al sistema de protección internacional y asilo. De igual modo, la llegada de miles de personas migrantes en tránsito, que son retornadas o que han elegido a México como país de destino, requiere de políticas públicas centradas en las necesidades particulares de las personas migrantes y refugiadas y generar alternativas de regularización e integración viables, dignas y seguras.
Las agencias reconocieron que la covid-19 representa importantes desafíos para todos los países, por lo que trasladar personas de un país a otro bajo argumentos de salud pública no es una respuesta viable.
La expulsión de Estados Unidos al sur de México, al margen de cualquier acuerdo oficial de traslado con las debidas garantías legales, aumenta el riesgo de devolución en cadena – devoluciones sucesivas por parte de diferentes países – de personas vulnerables en peligro, lo que contraviene el derecho internacional y los principios humanitarios de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Todos los gobiernos tienen la obligación de defender estas normas y principios en todo momento. ACNUR lanzó recientemente una advertencia global contra las iniciativas que delegan a terceros la responsabilidad del asilo o que obstaculizan el derecho a solicitar asilo.
En un momento en el que el flujo de solicitantes de asilo y migrantes en la región ha aumentado considerablemente, los vuelos de expulsión en virtud del Título 42 también pondrán a prueba la ya sobrecargada capacidad de respuesta humanitaria en el sur de México y norte de Guatemala, aumentarán el riesgo de transmisión de la covid-19 a través de las fronteras nacionales y obstaculizarán las medidas que se están adoptando para compartir la responsabilidad entre los países de la región a la hora de abordar las causas profundas del desplazamiento forzado y de la migración.
ACNUR reiteró el llamado realizado en mayo de 2021 por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, para que el Gobierno de Estados Unidos levante rápidamente las restricciones de asilo relacionadas con la salud pública del Título 42 que siguen en vigor y restablezca el acceso al asilo para las personas cuyas vidas dependen de él.
De acuerdo a un comunicado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se inició una investigación de oficio para verificar la observancia y el efectivo cumplimiento de los Derechos Humanos por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Salud Federal (SSA), así como de las autoridades estatales y municipales competentes, luego de los casos de deportaciones masivas que el gobierno de los Estados Unidos de América ha realizado en agravio de diversas personas en contexto de migración.
Se tomó esta medida debido a la situación que enfrentan las personas que han arribado a la frontera norte del país, sin ningún control migratorio ni sanitario frente a la pandemia por Covid-19. Asimismo, se solicitaron medidas cautelares a 31 diferentes autoridades de los tres órdenes y niveles de gobierno, a fin de evitar la consumación irreparable de hechos violatorios de derechos humanos que pudieran afectar la salud, integridad, seguridad e incluso la vida de personas en contexto de migración internacional que son deportadas desde los Estados Unidos de América entre ellas niñas, niños, adolescentes, familias, mujeres y población con enfermedades crónico-degenerativas.
Acuerdos entre México y Estados Unidos
Por otra parte, en una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, más de 50 organizaciones manifestaron que México está siendo cómplice de las violaciones a derechos humanos al apoyar las acciones de Estados Unidos.
Al respecto, el analista chiapaneco, Héctor Estrada, señaló a través de su columna que “sin que mucho se diga al respecto, la crisis humanitaria en ciudades fronterizas de Chiapas como Tapachula y Ciudad Hidalgo se ha agudizado durante las últimas semanas. Ya sin Trump en la Casa Blanca y sin las masivas caravanas migratorias provenientes de Centroamérica, el arribo multitudinario de migrantes ha cambiado de dinámica o procedencia, pero sigue teniendo como destino el mismo ‘nudo geográfico’ al sur de México”.
Continuó “sí, es verdad, las masivas caravanas que acapararon la agenda mediática en los últimos años han prácticamente desaparecido. Sin embargo, la numerosa llegada de migrantes a las estaciones fronterizas de Chiapas NO. Ahora están arribando desde el norte, desde los Estados Unidos, en una oleada de deportaciones aéreas inusuales, de las que hasta cierto momento no acaparaban los medios de comunicación, pero que están saturando la capacidad de atención gubernamental y humanitaria”.
La dinámica ha cambiado desde la llegada de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos y los nuevos pactos establecidos con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para: generar un tapón fronterizo entre Chiapas y Guatemala, facilitar la deportación de inmigrantes hacía la frontera sur de México y dejarlos varados en la región, complicando o aletargando los trámites dentro del Instituto Nacional de Migración (INM).
Según datos del propio Centro de Dignificación Humana, se estima que actualmente entre Tapachula y Ciudad Hidalgo existen poco más de 70 mil migrantes varados. La mayoría de ellos a la espera de los permisos para su tránsito legal por México o la respuesta a su solicitud de asilo. Su situación ha “saturado” los sistemas del INM, aplazando varios meses las fechas para agendar una cita a fin de iniciar sus trámites.
Hoy muchas de las citas se están agendando hasta para el mes diciembre, con tiempos de respuesta aún más largos; aun cuando la ley estipula un plazo no mayor a 30 días para resolver la situación migratoria de las personas indocumentadas en nuestro país. No obstante, ese no es el único problema. El escenario propiciado por las autoridades mexicanas, con la evidente complicidad del gobierno estadounidense, también ha incentivado la proliferación de defraudadores que negocian con la desesperación de los migrantes mediante falsas promesas de “trámites agilizados”.
La crisis humanitaria ha llegado a niveles alarmantes sin que ninguno de los tres niveles de gobierno diga o haga algo al respecto. La frontera sur de México, específicamente las ciudades de Tapachula y Ciudad Hidalgo, se han convertido en un “embudo fronterizo” o centro de detención migratorio multitudinario que se agudiza con el paso de las semanas, y podría “estallar” en cualquier momento.
No han sido gratuitas las constantes visitas y llamadas entre Kamala Harris y Obrador durante los últimos días. Finalmente, los nuevos acuerdos extraoficiales entre México y el gobierno de Estados Unidos siguen metiendo en serias complicaciones a la endeble frontera del sur mexicana. Antes con las sospechosas caravanas masivas desatadas durante la administración de Donald Trump, con sus arrebatos y amenazas públicas, y ahora con las nuevas condiciones discrecionales de Biden para someter nuevamente a México a hacer otra vez el trabajo sucio de “patio trasero”, remató Estrada Avelar.
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