Por Erika Herrera, Yamiri Rodríguez Madrid y Manuel Ayala
Este 10 de mayo, los colectivos de madres de personas desaparecidas en México saldrán a las calles a “felicitar? al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por otro de sus mayores logros: el incremento sustancial de las desapariciones forzadas que, en 2019, alcanzaron la cifra récord de ocho mil 345.
| “Fue muy impactante y angustiante ver los restos humanos expuestos en un crematorio clandestino”, lamenta Cecilia. Eran aproximadamente las 16:00 del pasado 21 de abril, en las inmediaciones del ejido La Cuadrita de San José, del municipio de Guaymas, Sonora. Aún humeaba y recién se había localizado por integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Era un pozo cuadrangular de dos por dos metros y tenía un metro de profundidad. |
El olor fétido se percibía desde varios metros a la redonda. Éste y el humo condujeron al grupo hacia el foso. “Hallamos muchos restos humanos ardiendo; pensamos que podían ser varias, muchas personas”, explicó a buzos Cecilia Patricia Flores Armenta, dirigente y fundadora del colectivo.
En el entorno había fragmentos de huesos humanos, así como artículos personales, entre ellos bolsas femeniles, camisas y papeles manchados con sangre, zapatos, etc. Estos indicios confirmaron la suposición de haber hallado otra fosa clandestina. Un día antes encontraron ocho en la zona de Las Pilas, en La Mesa de Nogales, a 20 kilómetros de la línea fronteriza con Estados Unidos (EE. UU.).
El colectivo Madres Buscadoras de Sonora, y todos los que existen en el país, nada tendrán qué festejar el Día de las Madres de 2021 porque desde hace varios años utilizan este fecha para realizar una más de sus jornadas de lucha. El año pasado salieron a las calles con pancartas, megáfonos y consignas. Este año no será la excepción.
“Somos las madres de las y los miles de desaparecidos en México y de las y los miles de asesinados, secuestrados, víctimas de la trata, que hoy salimos a las calles, en por lo menos 12 ciudades del país, a exigir la presentación con vida de nuestras hijas e hijos; a exigir justicia para nuestras hijas víctimas de feminicidio, nuestros hijos asesinados y que siguen esperando justicia”, denunció la activista.
Hasta septiembre de 2020, se habían reportado 77 mil 171 personas desaparecidas en México, el 90 por ciento posiblemente victimizadas por el crimen organizado, de acuerdo con Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), en su más reciente informe de la Comisión de Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas.
El documento evidenció que en 2019, el segundo año del gobierno del actual Presidente, hubo ocho mil 345 desapariciones, el mayor número desde 1964.
En la República hay al menos 70 colectivos de madres buscadoras que, ante la falta de acción de las autoridades gubernamentales y de las encargadas de impartir justicia, se dedican a rastrear las pistas para encontrar a sus familiares desaparecidos..
Entre los grupos sonorenses se hallan Buscadoras de la Frontera Nogales, Familias Recuperando Tesoros, de Puerto Peñasco; Buscadoras de Hermosillo por una Esperanza; en Coahuila, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (Fundec); la Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Movimiento por Nuestros Corazones Desaparecidos de México; Secuestrados y Desaparecidos (Amores, antes Lucha por Amor, Verdad y Justicia), Colectivo por la Paz, de Xalapa, Veracruz y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., CADHAC.
Casi todas las madres cuentan una historia parecida. “Josué, mi hijo, salió de casa hacia su trabajo, en una tienda departamental, pero ya no regresó; en ese momento tenía 21 años de edad. No hemos vuelto a saber más de él a pesar de haber hecho los reportes correspondientes con las autoridades encargadas de la búsqueda de personas. Quiero encontrarlo, pero no quiero encontrarlo”, relata Maricela, quien pertenece al colectivo Madres Buscadoras de Sonora.
Cuenta que un día alguien, una persona anónima, le avisó e indicó dónde podrían encontrar restos humanos. “Salimos en camionetas con palas y varas. No encontré a mi hijo, pero sí a los familiares de alguien más”.
Los colectivos de Sonora han encontrado cerca de 500 restos de personas entre 2018 a 2020. Son grupos pequeños que cada fin de semana salen a buscar, cubriendo los gastos con recursos propios; pagan gasolina, comida y lo que haga falta. “Después de la desaparición de mi hijo ya no vivo. Y si estoy viva es para buscarlo. Nunca dejaré de buscarlo”, lamentó Maricela.
Un gobierno indolente
En palabras de sus integrantes, los colectivos proliferan debido a la ola de violencia delictiva, a la indiferencia e incompetencias de las autoridades estatales y federales, cuyos responsables no garantizan la integridad personal, seguridad jurídica y los derechos vitales de los millares de víctimas, ni atender el derecho de sus familiares a la verdad, la justicia y la reparación adecuada.
En 2017, el Congreso de la Unión aprobó la Ley General de Desaparición de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, para frenar las desapariciones multifactoriales. Pero de nada ha servido contra este grave problema social. De 2006 a enero de 2020, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNBPD) contabilizó 61 mil 637 desaparecidos en México.
Es cierto que las desapariciones y las fosas clandestinas comenzaron mucho antes del actual gobierno, pero los casos relacionados con ambos delitos han aumentado en lugar de disminuir. En lo que va de 2021, las desapariciones fueron más de 86 mil y las fosas clandestinas cuatro mil.
La propia CNBPD, que depende de la Segob, reveló que Jalisco, Guanajuato y Tamaulipas encabezaron la lista con mayor número de “personas desaparecidas y no localizadas” en los primeros 22 meses del gobierno de AMLO. En el mismo periodo, las entidades con el mayor número de fosas clandestinas fueron Veracruz, con 180; Sinaloa, con 153; y Colima, con 149. Jalisco lidera la lista de las entidades con más cuerpos exhumados, con 605; le siguen Sinaloa, con 253; Colima, con 232; y Sonora, con 143.
Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se localizó al 71 por ciento de las personas desaparecidas (26 mil 951), pero en la administración de AMLO, el porcentaje de localización se redujo al 56 por ciento (24 mil 138). La estadística de la CNBPD evidencia también que en los primeros tres años de gobierno de Peña Nieto (2013-2015) hubo 13 mil 379 desaparecidos, cifra 30 por ciento menor a la que ahora está registrando AMLO.
La creciente amenaza de los grupos delictivos y la ineficiencia gubernamental es la que ha obligado a los familiares de las víctimas, y a las organizaciones civiles, a buscar a sus seres queridos por su propia cuenta, y la de otras madres y padres que están en la misma situación.
En esta situación se halla José Luis Aguilar, cuyo hijo de 23 años desapareció el 30 de marzo de 2014 en Navolato, Sinaloa. Inmediatamente comenzó a buscarlo y, al año siguiente, encontró sus restos en Las Aguamitas, lugar cercano al pueblo costero donde vivía. Desde entonces permanece en un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas para apoyar a quienes han sufrido la misma desgracia.
Veracruz, entre desapariciones y fosas.
A pesar de la pandemia de Covid-19 y de las restricciones a la movilidad y al contacto, los colectivos de búsqueda realizaron rastreos en 26 de las 32 entidades del país. Veracruz fue una de ellas; en esta entidad, Araceli Salcedo, de 48 años, busca a su hija Fernanda Rubí desde hace ocho años y siete meses; la hija de Araceli desapareció el siete de septiembre de 2012, en Orizaba; entonces tenía 21 años.
En diciembre de 2018, el gobernador morenista Cuitláhuac García Jiménez ofreció encontrar a Fernanda Rubí y dar con los responsables; pero luego de algunas reuniones mensuales que canceló por la pandemia, no ha habido ningún resultado.
Los colectivos protestaron afuera del Palacio de Gobierno en Xalapa, pero no encontraron respuesta. El gobernador no los recibió. “Fue una burla, porque las únicas veces que nos recibió fue como candidato. Posteriormente, al colectivo de Orizaba-Córdoba y a una servidora no nos recibe”, denunció Araceli.
La emergencia sanitaria terminó por sepultar las acciones de búsqueda en Veracruz. La Fiscalía General del Estado (FGE) y el gobierno estatal convocaron a reuniones virtuales porque “el Covid-19 les impide realizar trabajos de campo”. Ante la inactividad, el Colectivo de Familias de Desaparecidos Orizaba-Córdoba, dirigido por Araceli Salcedo, decidió continuar la búsqueda. “Las autoridades siguen con que no tendrán más reuniones presenciales porque todavía estamos en pandemia; pero mi hija...mi hija no sabe de pandemia”, sostuvo Araceli.
La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob asegura que es en Veracruz donde se ha reportado una mayor alza en la localización de fosas clandestinas, por encima de Colima y Guerrero, las otras entidades con mayor incidencia. Por ello ha surgido una decena de colectivos para buscar desaparecidos.
El Registro Nacional de Fosas Clandestinas y Cuerpos Exhumados, en su último informe, del 1° de diciembre de 2018 al 30 de junio de 2020, reveló que, con 173 fosas clandestinas, Veracruz ocupaba el primer lugar nacional, con el 15.14 por ciento del total, aunque no encabeza el registro de cuerpos exhumados.
Sin embargo, y de acuerdo con un corte de cifras oficiales de la Federación, al 13 de julio del año pasado, es el cuarto estado con mayor reporte de personas desaparecidas y no localizadas, con dos mil 75 personas, cifra equivalente al 9.7 por ciento del total. A pesar de que la CEBPD otorgó un subsidio de 13 millones 485 mil 197 pesos con 26 centavos al gobierno estatal, éste no ha avanzado nada en materia de localización de personas desaparecidas.
Uno de los pocos casos de éxito al respecto ocurrió el pasado 27 de marzo en Las Choapas, municipio ubicado al sur de la entidad, cuando la FGE entregó a una mujer los restos de su hijo, pero lo hizo en una bolsa negra como las que se usan para basura. Este hecho generó gran indignación y una lluvia de críticas en la región y el estado, luego de que el colectivo Madres en Búsqueda Coatzacoalcos publicara el incidente.
“Externamos, con mucha indignación y dolor, el trato cruel, degradante e inhumano que la Fiscalía del Estado de Veracruz tiene con las víctimas; y así como el Lic. Alberto Torres Medina, encargado de la subunidad integral de Procuración de Justicia y el fiscal Lenin Juárez Jiménez, en la unidad integral de procuración de las Choapas, le entrega los restos a la familia de Eladio Aguirre Chablé, quien se encontraba desaparecido. ¿Cómo es posible que las autoridades entreguen los restos de una persona en una bolsa de plástico negra a un familiar?”, denunció Lenit Enríquez, una de las integrantes del colectivo.
A pesar de la identificación positiva de la familia en las instalaciones de la Subunidad Integral de Procuración de Justicia Distrito XXI, y de que los peritos también identificaron a la víctima como Eladio Aguirre Chablé, las autoridades judiciales se negaban a entregar el cuerpo aduciendo que debían realizar exámenes genéticos, los cuales ya no eran necesarios.
El pasado ocho de abril, el Colectivo Madres en Búsqueda Coatzacoalcos se trasladó a San Andrés Tuxtla, con integrantes de la CNBPD, la Comisión de Búsqueda de Veracruz, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.
Por su parte, el colectivo Familiares Enlaces Xalapa solicitó a la Dirección General de Servicios Periciales de Veracruz que presente las evidencias localizadas en las fosas clandestinas Arbolillo, municipio de Alvarado y La Guapota, de Úrsulo Galván. En esta última comunidad se han encontrado 72 sitios con restos.
En marzo, en el predio La Gallera, del municipio de Tihuatlán, al norte de la entidad, se encontraron cerca de nueve mil restos humanos calcinados. Maricela Torres Melo, representante del colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera Poza Rica, recordó que desde 2017, han encontrado más de 20 mil fragmentos de huesos carbonizados.
Anunció que, con motivo del 10 de mayo, las madres de desaparecidos realizarán una marcha que iniciará en el reloj de La Paz y terminará en el Árbol de la Esperanza. “Sin hijos no hay madres. Nada que celebrar”, destacó quien busca a su hijo Iván Eduardo Castillo Torres desde el 25 de mayo de 2011.
Los colectivos sostienen que son más de cinco mil los desaparecidos en Veracruz, la mayoría de ellos jóvenes entre los 18 y 40 años de edad; muchos son buscados desde hace más de una década por sus madres.
Madres traicionadas por AMLO
En Baja California, igual que en otras entidades de la República, las madres con hijos desaparecidos también deben recurrir a los colectivos de búsqueda. La señora Olga Lidia Castillo Estrada perdió a su hija Selena Guadalupe García Castillo el dos de marzo de 2020, en la colonia Valle de las Palmas de Tijuana.
Selena tenía solo 23 años y se la llevaron con su pareja. Desde entonces la ha buscado sin parar, sobre todo cuando advirtió que la FGE de Baja California no apoya debidamente, y se enteró que el colectivo Una Nación Buscando T podía ayudarla.
En el mismo caso se halla María de los Ángeles Osorio Ayala, cuyo hijo José Francisco Saldívar Osorio desapareció el siete de septiembre de 2018; tenía 33 años cuando no supo más de él.
Además del viacrucis que recorren desde la desaparición de un hijo, las madres tienen que padecer el de la displicencia de las autoridades –las fiscalías generales de los estados– que recogen los testimonios, pero no hacen las investigaciones necesarias, las ejecutan mal o lentamente; no informan sobre ellas y se niegan a proteger las búsquedas que realizan los colectivos.
A todo ello se suma el desinterés de las instancias federales, empezando por el Presidente, a quien, en reiteradas ocasiones, han enviado cartas en las que le suplican y solicitan mayor apoyo, pero no encuentran respuesta.
Baja California es el estado con más colectivos de búsqueda en el país, con 23 grupos; pues los 17 de Sinaloa y de Veracruz. Entre 2006 y 2018, las asociaciones bajacalifornianas computaron mil 725 desaparecidos, cifra negra en aumento constante.
En las calles de Tijuana es frecuente ver, en paredes y postes, carteles con la leyenda “Se Busca”, en alusión a personas que no han sido denunciados por la desconfianza de los familiares y el consabido desinterés de las autoridades por investigar las desapariciones.
“He indagado mucho en todas partes y tengo mucha información. A veces se las quiero soltar (a los de la fiscalía); pero no lo hago por respaldarme a mí misma, porque son cosas peligrosas y luego ellos no hacen nada. Por eso uno desconfía de que hasta puedan estar involucrados”, aclara doña Olga Lidia.
Las madres de los desaparecidos han tenido que recurrir a acciones casi desesperadas como la de buscar al Presidente. Pero esto tampoco les sirvió. En noviembre de 2020, el Mandatario estuvo en Mexicali y coincidió con un grupo de madres en un restaurante. Lo abordaron, le compartieron su situación y él se comprometió a que las llamaría para revisar sus casos; pero desde entonces no ha sucedido nada.
“Cuando vino a Tijuana, fuimos y yo le hice mi carta, mi petición, porque supuestamente estuvieron pasando por cada una. En mi petición yo le escribí que cómo es posible que tanto que lo apoyé, que fui de esas mujeres que me peleaba con otra por apoyar al Presidente, y que ahora que yo necesito su ayuda, no reciba nada de su apoyo”, reveló Olga Lidia.
“Es muy triste porque estamos solas (…) Siento tanto dolor cada día que pasa al sabernos desprotegidas (…) esto no es vida para mí; me duele dormir, me duele vivir, me duele respirar, porque no tengo a mi niña y a nadie de las autoridades pareciera importarle”, puntualizó.
En la investigación Los colectivos de familiares de personas desaparecidas y la procuración de justicia, realizada por Teresa Villareal Martínez, doctora en políticas públicas, docente-investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), se asegura que la desaparición forzada de personas implica la participación directa o la aquiescencia de agentes estatales.
“Es considerada por organismos internacionales como una de las más graves y crueles violaciones a los derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que ésta incluye la violación múltiple y continuada de varios derechos: a la libertad, integridad personal, seguridad jurídica, garantías judiciales, no solo de la víctima sino también de sus familiares, que debieran ser garantizados por el Estado”, advierte el estudio.
También reporta que cuando las desapariciones son perpetradas por agentes no estatales, la impunidad demuestra la falta de cumplimiento del Estado. “La puerta de acceso a la justicia se cierra cuando las autoridades rechazan que se trate de una desaparición y cuando se niegan a recibir una denuncia o dilatan las investigaciones, ocultan información sobre el paradero de la víctima. De esta manera, se violan los derechos a un recurso efectivo, con reparación e indemnización; así como el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición”.
En palabras de la especialista, la cuestión se agrava debido a que la justicia en México ni siquiera se plantea la búsqueda del desaparecido. “Éste ha sido uno de los reclamos más recurrentes de los colectivos, y enfatizan que la justicia incluye también conocer la verdad sobre el destino de las víctimas”.
Es así como los colectivos de madres de desaparecidos se involucran en el espacio formal de la procuración de justicia, interactúan con los funcionarios encargados de la procuración de justicia, ocupan espacios públicos y logran un protagonismo que no buscan porque solo las alienta la esperanza de encontrar a sus hijos.
“Antes cuándo me hubiera imaginado estar en esta situación y ahora que lo estoy es muy duro. Por eso le recomiendo a la gente que no sea apática de todo esto, porque a cualquiera nos puede pasar. A veces la gente hace comentarios dolorosos; pero uno nunca sabe a dónde nos va a llevar la vida”, indicó finalmente.
“Perder un hijo es muy feo… Perder a un hijo duele mucho, a nadie le deseo que pase lo que estamos pasando las madres que tenemos a un hijo desaparecido. Es terrible y muy doloroso”, reconoce la señora María de los Ángeles quien tiene la convicción, igual que sus compañeras, de que lucharán “hasta encontrar a nuestros hijos con el favor de Dios”.
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