Hasta el momento, han fallecido 36 de los mil 800 pacientes de cuatro hospitales privados de Durango que, entre mayo y octubre de 2022, se contagiaron de meningitis aséptica debido a una anestesia en la raquea; al ser intervenidos quirúrgicamente, 37 de 79 que dieron positivo han sido dados de alta temporal; y solo 755 (41.9 por ciento) se han hecho pruebas para descartar su posible contagio.
La titular de la Secretaría de Salud local (SS), Irasema Kondo Padilla declaró que en el Hospital General 450, de la capital de Durango, solo permanecen dos pacientes en piso y una en terapia intensiva; y agregó que la prueba de laboratorio consiste en una punción lumbar cada 15 días; que se han realizado mil 182 intervenciones psicológicas; y que 18 de las víctimas mortales se registraron en noviembre, 11 en diciembre, tres en enero y cuatro más en febrero pasado.
El más reciente de los decesos ocurrió el 15 de febrero, cuando Ana Laura, de 28 años, joven madre originaria de El Salto, Pueblo Nuevo, quien fuera atendida por cesárea durante agosto del año pasado en el Hospital San Carlos y en noviembre de 2022 ingresó con meningitis al Hospital General 450. Con Ana Laura, el número de mujeres víctimas ascendió a 35 y solo un hombre. El número de casos positivos se mantiene en 79 y la mortalidad se elevó en 45.5 por ciento.
En Durango, los familiares de quienes desgraciadamente perdieron la vida aún exigen justicia contra los culpables. A más de tres meses del inicio de la emergencia sanitaria provocada por la meningitis, convocaron a una manifestación en la que gritaron “por los que ya no están, por las que siguen luchando y por las que estuvimos en riesgo”.
Además, el pasado 10 de febrero, con lonas y pancartas, demandaron que esclarezcan el origen de la meningitis aséptica, entre cuyas víctimas mortales figura Gaby, de 20 años, quien murió el pasado 21 de noviembre en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de la ciudad de Durango.
Su familia informó que estudiaba odontología, se embarazó, se casó, dio a luz hace un par de meses y, durante su permanencia en uno de los hospitales privados se contagió de meningitis y falleció. Sus familiares, así como los de otras víctimas, piden también a las autoridades y al gremio médico buscar un tratamiento que salve “a las que quedan”.
Aseguran que las autoridades no han atendido el problema provocado por la meningitis y que solo, hasta la semana anterior, fueron detenidos tres de los presuntos responsables de las infecciones que, a decir de las secretarías de Salud estatal y federal, se generaron por un hongo debido al mal estado del anestésico.
En la marcha de protesta estuvo Cristina Montelongo, tía de Mónica Berenice, quien tiene 22 años y es paciente de meningitis. Ella dio a luz a un bebé, en septiembre pasado, en uno de los hospitales privados, varias semanas después sufrió dolores de cabeza; el ocho de noviembre fue internada en el Hospital General 450; y el 17 de febrero sufrió un derrame cerebral, por lo que ahora es atendida en terapia intensiva.
“Exigimos justicia, que nos den una explicación, que salgan los culpables y paguen por lo que hicieron. Salen cada día más mujeres jóvenes, la cifra ya es alta. ¡Por favor, exigimos justicia!”, demandó Cristina, quien reveló que su sobrina no hubiera enfermado de meningitis, si hubiera recibido una atención adecuada en los hospitales privados.
La crisis empieza a olvidarse
En los medios de comunicación, ya pocos recuerdan la crisis, a pesar de que la meningitis aún cobra víctimas; entre los pacientes y sus familiares cunde el pánico, pues temen que la situación estable de aquéllos sea engañosa, como sucedió en el caso de algunos enfermos que evolucionaban positivamente antes de fallecer.
Marta Esmeralda León –de 33 años, trabajadora de familia humilde, estudiante de magisterio y madre de dos niños de ocho y 13 años– sufrió dos microinfartos cerebrales el cinco y el seis de enero, por lo que requirió ser atendida en terapia intensiva. “Es un proceso doloroso y desesperante estar aquí. Sin estar en casa con mis hijos, trabajar, hacer vida norma".
“Es injusto. El dolor es increíble, no te puedo explicar en qué magnitudes, no me permite ni levantarme… todo es difícil: estar en la cama del hospital por tanto tiempo, estar separada de tus hijos… todos queremos que se castigue a los responsables; pero lo veo muy difícil”, lamenta Diego León, padre de Esmeralda, quien ha permanecido en el Hospital 450, donde se rehabilita su hija.
Hasta ahora nadie sabe cómo empezó el brote de meningitis, únicamente se conoce su origen: el hongo Fusarium solani, que fue encontrado en cuatro lotes de bupivacaína, anestésico local utilizado en cesáreas y otras cirugías menores, lo que explica que la mayoría de las afectadas sean mujeres jóvenes. Este medicamento es producido por la farmacéutica Pisa, que lo distribuye en parte del continente y en el país, aunque solo en Durango se ha detectado en mal estado.
Las partidas infectadas se encontraron en cuatro clínicas privadas de la capital, hoy clausuradas; la mayoría de los dueños se hallan prófugos de la justicia: el Hospital del Parque, Santé, Dikcava (que ni siquiera tenía licencia) y San Carlos.
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), reanalizó varias partidas del medicamento en busca del hongo, pero no encontró rastro de contaminación. Sí identificó la presencia de hongos y bacterias en las cuatro clínicas, pero la investigación todavía no ha producido ninguna conclusión.
Los expertos buscan otras hipótesis: destacan la reutilización de jeringuillas y la mala conservación de los medicamentos en los cuatro hospitales privados. La enfermedad no es contagiosa y solo las pacientes que fueron tratadas de mayo a octubre en las cuatro clínicas privadas están en riesgo. Las autoridades analizan un estudio para definir el problema y avisar a las más de mil 800 personas que pudieron estar expuestas ya que, según un estudio del Centers for disease control and prevention (CDC) de Estados Unidos (EE. UU.), la tasa de mortalidad de la meningitis puede descender del 50 al 10 por ciento si el tratamiento se administra antes de que aparezcan los primeros síntomas.
La Secretaría de Salud de Durango (SSD), reporta que llevan un avance del 70 por ciento en el esclarecimiento del problema y que el tratamiento de las pacientes aún infectadas se alargará todavía seis meses más. Sin embargo, sus familiares denuncian que las pesquisas no llevan a ninguna conclusión y temen que la impunidad acabe imponiéndose.
El pasado siete de febrero, a casi cuatro meses del primer ingreso hospitalario de emergencia, las autoridades judiciales del estado confirmaron la detención de tres presuntos sospechosos de las 36 muertes de meningitis. Se trata del exdirector de la Comisión para Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (Coprised), Joaquín N.; Guadalupe N., verificadora sanitaria; y Omar N., anestesiólogo, considerado por la Fiscalía General del Estado (FGE) como el principal responsable, ya que trabajaba en los cuatro hospitales privados implicados y, según el Ministerio Público Federal (MPF), en los que utilizaba anestésicos que él mismo conservaba, razón por la que existe la presunción de que en ellos se cultivó el hongo infeccioso.
Durante conferencia de prensa, el gobernador del estado, Esteban Villegas Villarreal, reconoció que se detectó una serie de irregularidades, entre las cuales la más importante fue que el exdirector de la Coprised autorizó las licencias de operación sanitaria en los hospitales y los títulos del personal médico donde se originó el brote.
“Ésa es cárcel directa por usurpación de funciones; imagínense todo lo que firmó”, aclaró el mandatario.
La fiscalía del estado informó de la existencia de testimonios de enfermeras y otros trabajadores en el sentido de que el médico anestesiólogo Omar N., participó en centenares o quizás miles de cirugías, en las que utilizó medicamentos que no cumplían con las medidas de seguridad sanitaria establecida y que probablemente estaban contaminados.
Sonia Yadira de la Garza, fiscal del estado, aseguró que la tercera persona detenida, Guadalupe N., había participado como verificadora en los procesos para otorgar permiso a las clínicas; y advirtió que las detenciones ejecutadas no quitan la responsabilidad de los hospitales y que las órdenes de aprehensión contra los propietarios de éstos se mantienen vigentes.
Gremio médico asustado
A pesar de las molestias que causó la vinculación a proceso del anestesiólogo Omar N., en el gremio médico, y de que algunos galenos amenazaron con organizar un paro de labores, al día siguiente no se registró ninguna manifestación. En un comunicado difundieron que tanto Omar N., como Guadalupe N., solicitaron al Colegio Médico de Durango (CMD) no afectar a terceras personas con cualquier acción de protesta.
El documento precisa también que los detenidos están conscientes de que, antes de cualquier dificultad, los médicos deben anteponer su compromiso con los pacientes y cualquier persona cuya salud se encuentre en riesgo. Humberto Rosales Ronquillo, presidente del CMD, reveló, sin embargo, que los profesionales de la salud estarán pendientes de que el proceso contra el anestesiólogo se efectúe con total apego a la ley.
Anunció, asimismo, que la organización médica promoverá acciones alternativas de protesta para demostrar su interés por salvaguardar la integridad física y profesional de Guadalupe y Omar; pero siempre atendiendo a sus deseos y los de sus familias como principales afectados. En audiencias judiciales previas se dictó también la vinculación a proceso por homicidio doloso, en la modalidad de comisión por omisión y dolo eventual contra Joaquín N., ex titular de la Coprised.
“El gremio médico está asustado y tiene miedo de ejercer su profesión, a prescribir, a operar”, lamentó Antonio Juárez Navarro, presidente de la Comisión de Derecho Médico y Sanitario (CDMS) de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados.
“En el caso de Omar, sí se está criminalizando, nos consterna como asociación el ver la cara del médico en medios de comunicación; le ponen ‘se presume inocente’, cuando ya fue ventilado y no se le permite un proceso en libertad”, afirmó.
El gobernador Esteban Villegas comentó que otra línea de investigación sobre los casos de meningitis, consiste en quién es el responsable de haber colocado a Joaquín N., como titular de la Coprised y aclaró que si fue el exgobernador José Rosas Aispuro Torres, éste deberá responder como cualquier otro ciudadano.
Joaquín N., fue detenido por haber ejercido las funciones de director de Coprised sin título de médico ni cédula profesional, falla que lo sitúa fuera de la ley. “Soy responsable de quienes puse en el gobierno, y todos tienen título y cédula”, comentó el mandatario el lunes 13, quien aseguró que el proceso legal avanza pese a que las primeras denuncias se interpusieron en noviembre y las cirugías se realizaron entre junio y julio.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario