Las y los jóvenes viven una realidad bastante triste, una situación muy indignante de pobreza, violencia, enajenación, con una gran incertidumbre con respecto a su futuro, porque no es difícil avizorar ser desempleado en un país con casi nulas oportunidades; millones de niñas, niños y jóvenes, actualmente están en un profundo rezago educativo e incluso de crisis emocionales y existenciales.
Además de lo anterior, en nuestra sociedad es común que se les menosprecie dado que en gran medida se les ve como un lastre porque no son productivos y no generan ningún ingreso, se han vuelto tierra fértil para su explotación deshumana en el trabajo informal y por la delincuencia organizada. La juventud mexicana se desangra en un sistema económico que solo prioriza la acumulación de capital sin importarle las consecuencias como la pobreza y la desigualdad social, que agudizan este grave problema.
No hay condiciones favorables en ningún ámbito. Por ejemplo, en los empleos formales a los que han tenido acceso, son de bajos ingresos, suelen ser un “callejón sin salida”, es decir, no hay garantía para que con esos ingresos mejoren su calidad de vida. Especialistas afirman que en los tiempos actuales los jóvenes están sufriendo la crisis de desempleo más aguda después de la pandemia.
En nuestro país, uno de cada cuatro jóvenes de hasta 24 años está desempleado. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hay 796 mil jóvenes sin empleo. Por si fuera poco, la violencia y varios delitos están totalmente normalizados. Es casi inexistente una infancia tranquila, muchos niños desconocen lo que es poder jugar en la calle sin miedo a balaceras, levantones, secuestros, desapariciones que, en muchos casos, una vez denunciados, se quedan en la absoluta impunidad.
Es casi inexistente una infancia tranquila, muchos niños desconocen lo que es poder jugar en la calle sin miedo a balaceras, levantones, secuestros, desapariciones que, en muchos casos, una vez denunciados, se quedan en la absoluta impunidad.
La descomposición social se ha acelerado. Según la Consulta Infantil y Juvenil 2018 del Instituto Nacional Electoral (INE), 22.3 por ciento de los niños de entre 6 y 9 años declararon ser víctimas de maltrato, cuyos agresores fueron principalmente su padre o madre; posteriormente señalaron a docentes y policías; en pocas palabras, las personas que debieron estar a cargo de su salvaguarda fueron sus violentadores.
Hay más. Un censo de 2020 del Inegi indica que en México hay 38 millones 247 mil 958 personas de 0 a 17 años, de los cuales el 50.7 por ciento son hombres y 49.3 por ciento mujeres, representando un poco menos de la tercera parte de la población del país.
Sobre este sector, el Módulo de Trabajo Infantil del Inegi en 2017 habla de que son 2.1 millones de niñas y niños, entre 5 y 17 años, quienes realizan trabajos no permitidos. Y en el comparativo entre 2010 y 2020 el Inegi encuentra un crecimiento en el trabajo infantil, calculando que, por cada mil niñas y niños, 122 trabajan.
Por otro lado, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos en sus hallazgos sobre Las peores formas de trabajo infantil 2020, México se posiciona como el país con mayor número de menores de edad en esta condición de todo América Latina y el Caribe. Lamentablemente no hay más estudios serios más actuales, pero sin temor a equivocarme, puedo asegurar que los casos han aumentado.
Lo más triste es que hay un instrumento muy poderoso que podría tomar medidas serias para una vida más tranquila y digna para todos. Ese instrumento es el Estado, pero en este sistema solo ha servido para exacerbar la realidad de la inmensa mayoría.
Veamos algunos hechos, en materia de política pública, desaparecieron programas sociales medianamente aceptables y que relativamente funcionaban bien como las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo y por si fuera poco, en los días recientes, está la polémica de los nuevos libros de textos gratuitos que el gobierno distribuirá en el nuevo ciclo escolar, libros improvisados que no garantizan una educación de mayor calidad en términos científicos, que en un futuro no muy lejano, dejará más desigualdad y se avizora un rezago educativo peor que lo que dejó la pandemia por Covid-19, de más de 1.5 millones de niños y jóvenes.
El Estado se ha alejado de garantizar los derechos humanos de nuestro país ante esta alarmante situación, pues sigue administrando y cuidando los intereses del capital. La juventud se encuentra así porque no hay políticas que fortalezcan el empleo; las instituciones como la Secretaría del Trabajo y sus organismos como el Programa de Apoyo al Empleo, en lugar de ser impulsado tuvo una reducción de 92% en su presupuesto, que precisamente está hecho para hacer políticas públicas que ayuden al empleo en épocas de crisis.
Además, hay bajos salarios, el gasto en servicios médicos por parte del gobierno es precario y los apoyos a través de las becas son bastante insuficientes y promueven el individualismo.
Es urgente que se invierta en infraestructura educativa, asimismo en el mejoramiento de planes y programas educativos, con miras al desarrollo integral de nuestra sociedad, apoyos a obras de largo plazo que mejoren la calidad de vida de la gente y reduzca así la pobreza y marginación de más de la mitad de la población. Esto sería posible si tuviéramos un Estado administrado por otra clase social.
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