En recientes días fue publicado por la Secretaría de Bienestar el informe anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2021, y llama en particular la atención los datos de Quintana Roo en cuanto a marginación social, pues en los hechos y realidad, es evidente para todos y donde las autoridades gubernamentales no han hecho algo para remediarla. Veamos.
Dicho informe señala que un millón 184 mil 826 personas, es decir, 67.26 por ciento de la población en la entidad vive con diversos rezagos, de ellas, 709 mil 993 personas están vulnerables por carencias, 415 mil 50 tienen pobreza moderada y 59 mil 783 viven en pobreza extrema, pues no cuentan con lo mínimo para subsistir.
Ante estos datos pavorosos donde pinta un gris panorama para Quintana Roo, es vital que el Gobierno estatal y federal se pongan a la altura que las circunstancias exigen y emprendan para bien de toda la ciudadanía, acciones cuya finalidad sea contrarrestar la gran desigualdad y marginación social que afecta a poco más de un millón de quintanarroenses y, sobre todo, medidas inmediatas que ayuden a afrontar los efectos negativos del mal económico que ha dejado la pandemia por covid-19.
Es lamentable que el 67.26 por ciento de la población quintanarroense viva en pobreza porque no tienen lo indispensable para subsistir; a grandes rasgos, la falta de oportunidades ha propiciado miles de familias vivan en condiciones precarias debido al escaso trabajo y salario que le permita a cada familia tener un hogar digno, una alimentación balanceada, educación, buena salud física y mentalmente.
En este sentido, la OXFAM ha señalado en diversos informes, la inmensa brecha que existe entre ricos y pobres. El uno por ciento de la población mundial corresponde a las personas opulentas, mientras que el 99 por ciento se encuentra en la pobreza. Quintana Roo es una buena muestra de esta desigualdad.
Según datos de la Secretaría de Turismo, hasta antes de la pandemia de Covid-19, el Estado aportó en este rubro el 50 por ciento de ingresos al país, mientras que la pobreza es equivalente a poco más de la mitad de la población, es decir, miles y miles de ciudadanos que esperan mejores condiciones de vida, oportunidades que el Gobierno estatal y federal no están dispuestos ofrecerles porque no piensan en sacar de la pobreza a los mexicanos, por el contrario, los hechos demuestran que sólo los han usado para intereses electoreros que les permita perpetuarse en el poder.
Si esto no fuera suficiente, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en su informe señala que un millón 761 mil 389 quintanarroenses censados en 2021, expuso que 259 mil 57 tienen rezago educativo, 269 mil 332 no tienen acceso a los servicios de salud, 891 mil 205 no cuentan con seguridad social, 361 mil 519 no tienen calidad y espacios en la vivienda y 308 mil 714 no tienen acceso a la alimentación, entre otros muchos males.
Estos datos lo que reflejan es que la población en extrema pobreza se las ve cada vez más difícil porque ninguna autoridad gubernamental atiende su grave situación económica para frenar el crecimiento de los cinturones de pobreza; al mismo tiempo la falta de acceso a la salud, educación, salarios justos y bien remunerados, así como vivienda, no hace otra cosa más que lacerar a las personas que viven con un sinfín de carencias y lo peor de todo es que el Gobierno estatal invierte muy poco para contrarrestar este problema; lo que deja ver la enorme brecha de desigualdad que existe, pues es inferior el número de personas que son consideradas no pobres en una población de más de un millón y medio de habitantes.
Derivado a lo anterior, la pandemia por la covid-19 también vino a complicar económicamente las cosas en Quintana Roo, pues muchos se quedaron y continúan sin trabajo, así como miles enfrentan problemas para conseguir el alimento para sus familias, miles más están en pobreza y otros miles en pobreza extrema, pero de ellos no se acuerda o no quiere acordarse el Gobierno. Diversos ciudadanos aún tienen confianza en que la administración estatal de Joaquín González enmiende el camino, que en verdad canalice los recursos que sean necesarios para ayudar a la gente, que construya obras de beneficio social para contribuir a mejorar el nivel de vida de los quintanarroenses pobres.
El 62 por ciento de la población que vive en la pobreza se contradice con la riqueza natural que hay en el Estado. Esto puede revertirse si el Gobierno instrumenta políticas de inversión para el desarrollo de los sectores productivos (actividades primarias y secundarias), mismas que generarían empleos suficientes, y la situación sería diferente. Pero suponiendo que no pudieran instrumentar políticas económicas que den solución a la pobreza, el Gobierno debería garantizar el bienestar social de la población, es decir, invertir en obras públicas, así como en programas sociales eficientes que permitan a los habitantes a vivir dignamente, promesas de Carlos Joaquín que se llevó el viento.
Ante esta situación, es evidente que el Ejecutivo estatal no tiene como prioridad resolver los problemas de la mayoría de la población, por el contrario, éstos son ignorados y marginados socialmente. Por su parte, el Movimiento Antorchista Nacional, consciente de la injusticia que reina en Quintana Roo, y en el resto del país, se ha dado a la enorme y digna tarea de organizar, educar y concientizar a la gente que vive en condiciones infrahumanas, con la finalidad de combatir la pobreza que impera en todos los rincones de nuestra patria. Antorcha dixit.
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