A estas alturas ya muchos saben que los partidos Morena y Acción Nacional han presentado impugnaciones a los resultados de las votaciones realizadas el pasado 6 de junio, en los municipios de Huitzilan de Serdán y Ocoyucan, en el estado de Puebla. Pero casi nadie aborda el fondo de la cuestión: a quiénes representan los impugnadores y el motivo esencial de la disputa.
En Huitzilan, en la región Nororiental, piden que se desconozca el triunfo de Josué Elías Velázquez Bonilla, quien obtuvo 3,611 votos, el 51% del total de los sufragios emitidos, y se entregue la presidencia al candidato de Morena quien recibió 2,689 sufragios, el 38%. En Ocoyucan, en la zona conurbada de Puebla limítrofe con Angelópolis, los impugnadores quieren anular la elección, cuando el candidato antorchista Rosendo Morales Sánchez, obtuvo 5,830 votos, superando a su competidor más cercano, del PAN, quien obtuvo 4,188 votos, es decir, la diferencia entre el primer y segundo lugar son incuestionables.
En Huitzilan, Morena está encabezando a los caciques de la Sierra Norte, entre los que destaca la familia Aco, que tienen en su haber la muerte de dos presidentes municipales en funciones: Ignacio Gómez Cipriano, asesinado por Jerónimo Aco Huerta el 12 de julio de 1988 (quien fue detenido y pasó 12 años en prisión), y Manuel Hernández Pasión acribillado el 10 de octubre de 2017 en las goteras de Zacapoaxtla (los autores materiales fueron detenidos, pero los que ordenaron el asesinato siguen impunes).
Los caciques pretenden recuperar el poder, la presidencia municipal que controlaron hasta 1984, para continuar la política de engaño y rapiña que les permitió apropiarse de las tierras de los indígenas. Este asunto está plenamente documentado por la investigación del antropólogo canadiense James Mounsey Taggart, que vivió en Huitzilan de 1968 a 1978, quien escribió: “… en los últimos 70 años los indígenas de la cabecera municipal y de los barrios de Xinachapan y San Miguel del Progreso han entregado el 80 por ciento de sus tierras a los mestizos que constituyen alrededor del 10 por ciento de la población” (Mounsey Taggart, James, Estructura de los grupos domésticos de una comunidad náhuatl de Puebla, México, SEP-INI, 1975, pág. 28). En efecto, las tierras de los huitziltecos son muy valiosas, eso lo saben los caciques y también los indígenas que se aprestan a defender su triunfo en las urnas, porque saben lo que significa que llegue Morena a la presidencia municipal.
En el municipio de Ocoyucan el motivo oculto de la disputa también son las tierras, con solo examinar el mapa es fácil entenderlo. Colinda al norte con el municipio de San Andrés Cholula, al este con el municipio de Puebla y al suroeste con el municipio de Atlixco. Tiene una extensión de 123 kilómetros cuadrados. Limita ni más ni menos que con Angelópolis, lo que hace que su territorio sea altamente codiciado para desarrollos inmobiliarios. Un caso más en que el gran capital inmobiliario pretende obtener jugosas ganancias a costa de la propiedad de los pueblos originarios.
En Ocoyucan los impugnadores piden la anulación de todo el proceso, que se repitan las elecciones. Es claro que tanto el PAN como Morena ya se dieron cuenta que al presentarse separados en la elección del 6 de junio facilitaron el triunfo del candidato antorchista y ahora quieren enmendar su error. También es evidente que la mano que mece la cuna detrás de esas impugnaciones no puede ser otro que Miguel Barbosa Huerta, sólo él tiene el poder suficiente para convencerlos de que unan sus esfuerzos en esta santa cruzada contra Antorcha.
Respecto a la calidad de las impugnaciones no hay mucho que decir. Violan la normatividad tanto porque se presentaron fuera de tiempo, es decir son extemporáneas, como porque no fueron entregadas ante el comité municipal correspondiente. Tan solo estás dos características de forma las invalidan de entrada. Y el contenido es completamente deleznable. El despacho jurídico que asesora a los candidatos antorchistas ha dictaminado que las impugnaciones carecen de todo fundamento jurídico.
Entonces el conflicto está en manos del Tribunal Electoral del Estado de Puebla que deberá dar su fallo próximamente. Estas circunstancias someten a dura prueba el profesionalismo y la integridad moral de los miembros de este cuerpo que se enfrenta, en estos casos, a conflictos post electorales artificiales, cocinados por el aprendiz de dictador Miguel Barbosa Huerta.
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