En la ciudad de Puebla, el 12 de mayo pasado se hizo una gran movilización antorchista para exigirle al gobernador Miguel Barbosa que se hiciera justicia por el asesinato del joven Víctor López Juárez quien fue ultimado a tubazos por los integrantes de la banda de “los fierreros”, bien conocidos en el sur de la ciudad por sus robos, daños en propiedad ajena, despojos y homicidios, pues se trata de una banda muy bien articulada y respaldada por gente bien conocida y con influencias al más alto nivel de la política poblana, de manera que es esa banda la que desde hace más de 7 años ha desolado a las colonias de la mencionada región de la ciudad. Los vecinos conocen bien a los jefes de la banda y a sus respectivos conectes, por lo cual es más que evidente que el mandatario poblano y la poblana saben exactamente quienes fueron los que causaron la muerte de Víctor López Juárez, y en consecuencia están obligados a detenerlos y a encarcelarlos por el delito de homicidio y todos los demás ilícitos que hayan cometido con anterioridad. Hacen bien los antorchistas poblanos cuando dicen que no darán paso atrás en su lucha hasta conseguir la justicia que debe ser de rigor en este atroz homicidio.
También reclamaron, en su manifestación, la aplicación de la ley en varios homicidios cometidos por un destacamento de la policía estatal en el municipio de Coyomeapan, pues balearon a campesinos indígenas, resultando 3 muertos y 7 heridos el pasado 9 de mayo. Este fue un acto represivo, desconsiderado y brutal, pues las víctimas se dirigían a una protesta por el clima de inseguridad y violencia en que vive la gente de su municipio. De acuerdo a lo publicado por el medio informativo “Contigo Puebla”, el clima de represión se explica por el actuar caciquil de Aracely y David Celestino Rosas, quienes, encumbrados en el poder por algún partido satélite de la 4T, se sienten señores de horca y cuchillo en Coyomeapan. No cabe duda, es despiadado y arbitrario el actuar de los caciques ante la más mínima protesta.
Recientemente, en el municipio de Acatlán de Osorio fueron encarcelados 27 policías y el presidente municipal Antonio Cajica por haber participado, presuntamente, en el homicidio de su secretario de seguridad pública municipal, quien viajaba con dirección a Piaxtla, acompañado de su mujer y 3 niños más, el día 21 de abril, y conforme lo dicen las redes sociales, resultaron muertos el secretario y su esposa, sin que hasta este momento se hayan dado a conocer las causas de tan terribles crímenes por la fiscalía del estado.
Además, se sumaron a la manifestación los deudos de 3 jóvenes estudiantes poblanos de Misiones de San Francisco, los cuales un día amanecieron tirados, ya sin vida, en las goteras de Papalotla, Tlaxcala: José Israel, Brayan y Adolfo Moreno Sil.
Estos crímenes son consecuencia de la política de “abrazos no balazos” basada en que los delincuentes también son “ciudadanos” y el estado tiene la obligación de cuidarlos y, por lo tanto, de respetarlos; o sea: la violencia y las vidas segadas pueden convivir a ciencia y paciencia del Estado en todos los gobiernos morenistas, si no lo cree, allí están los gobiernos de Veracruz, Zacatecas y de la Ciudad de México para demostrarlo.
No hay de otra, solo queda la opción de la lucha para que se acabe la violencia y la inseguridad en el país, como lo están haciendo los antorchistas poblanos. Todos debemos miramos en el espejo de lo que sucede en Puebla y habremos de concluir que, sin querer, la fábula habla también de lo que nos espera en caso de gobernarnos el morenismo extremo o algún otro partido que, acríticamente, pudiera ser más morenista que el Peje. Porque de que los hay, los hay.
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