Un nuevo decreto emitido en el “Diario Oficial de la Federación” (DOF) el 13 de febrero pasado ha vuelto a poner sobre la mesa la prohibición de la importación de maíz transgénico; el nuevo decreto que sustituye al publicado en diciembre de 2020 que postuló la sustitución gradual de toda importación de maíz transgénico cualquiera que fuera su uso en suelo mexicano con plazo hasta enero de 2024. El nuevo decreto implica que la prohibición inmediata se reduciría a la importación de maíz transgénico para el consumo humano directo, pero se podrá seguir importando maíz transgénico hasta marzo de 2024 para los usos pecuario e industrial.
El decreto publicado en 2020 ya había abierto una agria discusión entre los gobiernos de Estados Unidos (EE. UU.) y México porque, a decir de los primeros, esta prohibición viola los términos del acuerdo de libre comercio en materia de productos agrícolas firmado por los dos países, pues no hay argumentos que soporten las restricciones al comercio que estaría tomando de manera unilateral el gobierno de la 4T. Hay en los medios de información, a propósito de este tema, una enorme avalancha de artículos que destacan al valor del maíz en México más allá del alimenticio, esto es, en términos culturales, ambientales y políticos que hacen compleja la discusión sobre la política deseable en torno al maíz. La discusión además está sumergida en una serie de afirmaciones absolutamente contrarias que se arguyen como verdades científicas y que, por otro lado, se rebaten con el epíteto de pseudocientíficas. Un verdadero batiburrillo que no esconde, por un lado, los intereses de los grandes capitales de la industria alimentaria y, de otro lado, una posición que se niega a ver que el progreso de la humanidad no está de espaldas al desarrollo científico sino de que este sea puesto al servicio de los pueblos.
La respuesta de EE. UU. no podía ser menos dura. México está entre los mayores importadores de maíz del mundo; mientras EE. UU. es el primer productor de maíz transgénico a nivel mundial. México requiere alrededor de 20 millones de toneladas de maíz amarillo anuales de esas, 75% las importa de EE. UU. Si bien, prácticamente ocho de cada 10 toneladas de maíz amarillo se destina al consumo pecuario e industrial, las dos restantes se destinan al consumo humano. Este comercio le reporta más ingresos de más de dos mil millones de dólares. Es bien sabido también, el papel de las guerras comerciales como punta de lanza para los propósitos de valorización de los capitales imperialistas. El gobierno de la 4T no debiera sorprenderse por los golpes en la mesa que los decretos citados han provocado.
Por eso, llama la atención la falta de precaución y la superficialidad con que se hace el diseño de esta política a pesar de que el propósito con que se justifica a saber, procurar la soberanía alimentaria y la salud del pueblo mexicano, sea inobjetable. La alimentación del pueblo mexicano es a base de maíz; si bien, la estadística oficial evidencia que la producción es muy insuficiente para cubrir la demanda de maíz amarillo. El déficit de la producción al interior no se ha abatido ni un poquito a pesar de los dos años en que ha estado vigente el decreto de 2020. Los programas de agricultura ecológica y producción para el bienestar son un fracaso no solo por su diseño, sino porque su operación es desastrosa, por ejemplo, con rezagos que son fatales para la producción como denunciaron varias organizaciones de campesinos o falta de inversión para paliar la sequía que azota cada vez más a los productores. La 4T no acaba de comprender que la realidad no se modifica a golpe de decretos, sino mediante acciones ciertas, apegadas a las necesidades del desarrollo de los pueblos y no de prejuicios pseudocientíficos y nostalgias trasnochadas.
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