El próximo jueves 22 de los corrientes ( el 18 de julio pero del 2019 marchamos para recordar 100 días de plantón en plaza Juárez), cientos de familias campesinas organizadas en el Movimiento Antorchista Hidalguense, a través de una representación y observando todas las medidas sanitarias posibles; saldremos de nuevo a las calles a exigirle al gobierno que encabeza Omar Fayad Meneses; solución a viejos y sentidos problemas que padecen miles de pobladores a lo largo y ancho de la geografía del estado. La manifestación de protesta y reclamo, se fundamenta en lo contenido en los artículos primero, cuarto, octavo y noveno de la Constitución General de la República; es decir, en los derechos legítimos de petición, organización y manifestación pública y la obligación que tiene el estado y sus gobernantes de garantizar estos mismos derechos y que a la letra dicen:
“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas (óigase bien, todas las personas, agrego yo) gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”. A renglón seguido se agrega: “Queda prohibida toda discriminación (¿esto lo ignora el señor gobernador? Pregunto yo) motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
“Artículo 4o.- Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad”. ¿Y como se ha cumplido esto en tiempos de pandemia, que ha provocado la pérdida de millones de empleos y dejado sin ingresos a millones de mexicanos? Continúa la constitución.
“Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud (con la pandemia han muerto miles). “La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.
La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social”.
“Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”. Con el gobierno de Omar Fayad ni salud, ni vivienda, ni nada.
“Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario”. Desde principios del 2018, el secretario particular Licenciado Enciso, comprometió una audiencia con el señor gobernador para el 6 de febrero de ese mismo año. Los antorchistas siguen esperando que se cumpla.
“Artículo 9o. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar”.
“No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidar u obligarla a resolver en el sentido que se desee”. “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”. “En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.
Como resulta más que evidente para cualquiera que quiera entender y respetar el estado de derecho que nos rige; los hidalguenses que saldremos a las calles a manifestar nuestro reclamo e inconformidad; sólo estamos ejerciendo respeto a nuestros derechos humanos legítimos, y recordándole al gobierno en turno cuáles son sus obligaciones. Solo reclamamos que no se siga violando nuestro derecho a la alimentación, la salud y la vivienda como ha venido ocurriendo desde el inicio de la actual administración hace ya cinco años. Si las razones legales, jurídicas, no justificaran plenamente nuestra manifestación; sólo agregamos que las demandas que reclaman los hidalguenses además de estar plenamente justificadas desde el punto de vista social y humano, deben ser atendidas y resueltas haciendo uso de los recursos del erario público que el gobierno de Hidalgo recaba a través de nuestros impuestos y que debiera sólo administrarlos -para luego regresarlos en forma de obras y servicios- pues no son patrimonio personal de los gobernantes. La manifestación tampoco obedece al capricho de alguien en particular, o a algún interés político coyuntural, obedece a la política de oídos sordos de la actual administración a quien a lo largo de todo el sexenio hemos solicitado audiencia en forma verbal y por escrito, de manera pacífica y respetuosa así como solución a las demandas y necesidades de la población más pobre del estado, sin ninguna respuesta favorable hasta ahora. Por si esto fuera poco, hay que decir que muchas de las demandas planteadas fueron incluso compromisos de campaña del actual mandatario.
La negativa a atender y resolver las demandas de sus gobernados, implica, además de una violación flagrante de los derechos humanos contenidos en la Constitución del país, una política de discriminación que tampoco se justifica, pues muchas de las familias demandantes viven en las zonas indígenas de la Región
Huasteca, Valle del Mezquital y la Sierra Otomí-Tepehua; significa además, un uso faccioso de los recursos públicos y una visión patrimonialista del presupuesto que es de todos los hidalguenses. En suma, el gobierno de Hidalgo está abusando del poder que le confirió el pueblo con su voto.
Por todo esto, los trabajadores de la ciudad y el campo de Hidalgo y del país entero, tenemos que organizarnos, educarnos, cobrar consciencia de nuestra situación y disponernos a luchar por conquistar el poder político para gobernar en beneficio de todos y no de unos cuantos. Esa es la tarea y con nuestra lucha estaremos acercando ese momento.
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