MOVIMIENTO ANTORCHISTA NACIONAL

Plan B de reforma electoral, nueva artimaña de Morena para instaurar una dictadura: Samuel Aguirre

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• Reformas a leyes secundarias buscan desmantelar al INE para facilitar el fraude electoral en 2024

• En el mundo se afianzan gobiernos autoritarios y antidemocráticos como parte de la política imperialista de dominación global

Xalapa, Ver.- La tarde de este jueves, Samuel Aguirre Ochoa, líder del Movimiento Antorchista en Veracruz, a través de su pronunciamiento quincenal, calificó como una gigantesca artimaña del presidente López Obrador y su partido, el paquete de reformas electorales a leyes secundarias que han denominado Plan B, con el que pretenden facilitar la intromisión de funcionarios públicos en los procesos electorales, desmantelar la estructura territorial del Instituto Nacional Electoral y facilitar el fraude en las próximas elecciones, comenzando por la de 2024. 

El líder social explicó que las diversas modificaciones que se pretenden realizar a cuatro leyes secundarias: La Ley de Responsabilidades de los funcionarios Públicos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la creación de dos nuevas: la Ley de Comunicación Social y otra Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral, son el resultado del fracaso de la reforma constitucional en materia electoral que no obtuvo los votos necesarios para ser aprobada por el Congreso de la Unión a finales del año pasado, por lo que el presidente y la bancada legislativa de Morena optaron por este Plan B para cometer un fraude contra la Constitución General de la República. 

Aguirre Ochoa, puntualizó que, debido a que la aprobación de reformas o creación de leyes secundarias solo requiere de los votos de la mayoría simple de los diputados federales y senadores, Morena cuenta con la cantidad de legisladores suficientes para aprobarlas sin necesidad de negociar con los partidos de oposición. 

“El pasado 27 de diciembre de 2022, ya fue reformada una de las cuatro leyes y creada una de las dos nuevas propuestas en el plan presidencial. Con estas modificaciones, ahora se autorizó a los funcionarios públicos opinar y apoyar abiertamente a sus partidos políticos y candidatos; se autorizó a las dependencias de gobierno, incluida la presidencia de la República, realizar propaganda durante los procesos electorales y ya no estará sometida a fiscalización la promoción personalizada de los funcionarios públicos al utilizar recursos del erario, con lo cual se burla a la Constitución, porque el artículo 134 de la misma prohíbe estas prácticas”, sentenció Aguirre Ochoa. 

En el mismo sentido, el dirigente antorchista señaló que aún están pendientes de ser aprobadas por el Senado de la República otras modificaciones a tres leyes y la expedición de una nueva, que son las que contienen los cambios más graves a la estructura del INE y que pretenden imposibilitarlo para realizar sus funciones constitucionales, pues se propone la desaparición de las 32 Juntas Locales y las 300 Juntas Distritales, estas últimas serían sustituidas por Órganos Auxiliares Electorales. 

“Actualmente las Juntas Distritales, una por cada distrito federal electoral,  están conformadas por cinco vocales técnicos, quienes son integrantes del Sistema Profesional Electoral Nacional y se encargan de múltiples funciones como son: formar el padrón electoral, a través de la expedición de la credencial de elector; actualizar la cartografía electoral, es decir, delimitar el número de secciones electorales y determinar el número de casillas por cada sección; seleccionar y capacitar a los ciudadanos que fungen como funcionarios de casillas durante las elecciones; recibir, almacenar, custodiar y distribuir las boletas electorales y otros documentos importantes durante los procesos electorales, así como realizar el conteo, computo y anuncio de los resultados al final de la jornada, entre otras tantas actividades esenciales. Se propone que estas Juntas Distritales sean sustituidas por oficinas dirigidas por un solo vocal que no se dará abasto para todas las tareas.

Con estos cambios, la organización y conducción del proceso electoral quedaría en manos de personas improvisadas, con lo que seguramente será más fácil la intromisión de funcionarios públicos, personas extrañas de todo tipo y de los activistas del partido en el poder. En los hechos, esto significa un retorno a los años en que la Secretaría de Gobernación era la encargada de organizar las elecciones. Se abriría la posibilidad de cometer fraude electoral con mucha facilidad”, indicó el líder antorchista. 

Asimismo, Aguirre Ochoa señaló que el Plan B del presidente López Obrador es un nuevo ardid legal que abrirá paso a la dictadura que se pretende construir en México, una realidad inminente que el Movimiento Antorchista ha venido denunciando en varias ocasiones y que forma parte de la política imperialista de las grandes empresas trasnacionales y oligopolios financieros que se encuentran tras el gobierno de Estados Unidos y de la OTAN, cuya pretensión es apoderarse de todos los recursos naturales y humanos del planeta entero, por lo que están promoviendo el crecimiento de una ola antidemocrática en el mundo, respaldando a gobiernos autoritarios que impidan el surgimiento de movimientos populares y les aseguren el máximo de ganancia para sus negocios. 

“La realidad nos ha venido demostrando que Morena y el presidente López Obrador sirven a estos intereses y, por tanto, no han dudado en pisotear las leyes y cometer delitos para sostenerse en el poder, ni se detendrán en sus planes dictatoriales. Una muestra de este sometimiento es que, en varios discursos, López Obrador ha propuesto al presidente de los Estados Unidos formar un bloque en América para frenar a China, uno de los pocos países que está dando la pelea en serio para frenar al imperialismo y formar un mundo multipolar”, sentenció el dirigente social. 

Finalmente, Samuel Aguirre, insistió en la urgencia de organizar y concientizar a las clases trabajadoras de México y de formar un frente común entre todos los sectores progresistas del país para, en primer lugar, impedir la consolidación de una dictadura y, en segundo, llevar al poder a un gobierno popular que construya un nuevo modelo económico en el que todos los mexicanos vivan en paz y con trabajados remunerados y “que nos otorgue nuestra verdadera independencia y soberanía frente al imperialismo más rapaz en la historia de la humanidad”.

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