Hermosillo, Son. Es muy peligroso para México que se eleven a la categoría de verdad y por tanto de pruebas en materia jurídica, las declaraciones de cualquier persona ante los medios de información; para enjuiciar a nuestros semejantes debemos atenernos a la norma ya establecida por el Derecho, no a dichos ni suposiciones, aunque se digan a ocho columnas; así se expresó Magali Matías Saavedra, responsable antorchista en el Norte de Hermosillo."La prensa no es un tribunal, sino un medio informativo".
Lo anterior, al comentar la denuncia procedente de Oaxaca de que están saliendo notas periodísticas locales falsas que atribuyen a su organización hechos delictivos que ni siquiera han ocurrido: "esos son preparativos, preludios de una agresión verdadera contra campesinos humildes de ese estado; la experiencia nos enseña que así le hacen los agresores del pueblo".
Esa es la historia de los grupos de poder caciquiles en México, dijo Matías Saavedra, como el de San Juan Mixtepec, cuna de opresores contra el pueblo de Yosoñama, que ya ha sido víctima en varias ocasiones de muertes horrendas por defender sus tierras así como de privaciones ilegales de la libertad, como cuando los de Mixtepec secuestraron a 39 comuneros de Yosoñama por 72 días y no hubo un solo grupo político de México ni autoridad que interviniera aunque fuera con una denuncia: todo lo tuvimos que hacer los antorchistas para liberarlos.Y en cada agresión hubo previos tratamientos y enjuagues a través de operaciones en la prensa, dijo.
De lo que se trata, aseguró, es de generar escándalos mediáticos que buscan desprestigiar a los antorchistas; se ha hecho así durante décadas para generar un ambiente de aversión en su contra en la opinión pública y hoy se repite; pero en el fondo, aquí en concreto, está la ambición de unos caciques por quitar sus tierras a comuneros antorchistas.
Por ello protestan desde Sonora, dijo, y exigen al Gobernador Alejandro Murat Hinojosa que atienda de inmediato y, sobre todo, garantice que la Fiscalía del Estado esclarezca los hechos, encuentre a los culpables de este acto y exima de responsabilidades a los habitantes de Yosoñama, quienes son víctimas no solo de las calumnias y ataques de sus verdugos, sino de una institución que debe impartir justicia y que contradice sus funciones, cuya complicidad es una flagrante violación a los derechos humanos del imputado, puesto que se da por válida la acusación sin pruebas y sin el debido proceso.
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