Por la recriminación que han sufrido los 31 investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), acusados de delincuencia organizada por la Fiscalía General de la República (FGR), muchos científicos de México y de otros países se han sumado a la demanda para que el Gobierno detenga el hostigamiento a la comunidad científica del país. “La persecución se vuelve aún más inquietante, cuando ahora se agrupa a instituciones que realizan contribuciones de primer nivel al conocimiento”, como lo ha hecho la organización de Premios Nacionales de Artes y Ciencias en una carta.
Los intelectuales, se han unido al reclamo de cientos de científicos y académicos, quienes han reprobado el repudio del ministerio público por acusarlos por tercera vez a los 31 investigadores del Conacyt, por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado. También por tercera vez, un juez rechazó capturarlos por las acusaciones de la Fiscalía. Los ataques ocurren junto a la reducción de recursos para investigación, docencia y cultura, así como la suspensión de apoyos a becarios de posgrado en el extranjero e investigadores jóvenes.
Roger Bartra, quien recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes, es uno de los 31 que firmaron y señalan que desde hace meses existe una gran inquietud por las agresiones constantes del Gobierno. Dijo que lo han incluido con mucha frecuencia al insulto por parte del mandatario, también hay constantes agresiones verbales, lo que puntualiza que ya están pasando a intentos de represión. El antropólogo explica que “la alarma” aumentó cuando la Fiscalía encabezada por Alejandro Gertz Manero intentó encarcelar a los excoordinadores del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) en el penal de máxima seguridad del Altiplano. Según esto la Fiscalía sostiene que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el CONACYT financió ilegalmente a la organización con más de 244 millones de pesos.
Mientras tanto, las más de 30 federaciones, asociaciones y colegios médicos de México han manifestado su preocupación ante la orden de aprehensión en contra de los investigadores que fue rechazada por un juez. “Sin fundamentos probatorios, los científicos fueron acusados según la FGR por el delito de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, debido a la entrega de recursos por parte del Conacyt para el funcionamiento del Foro Consultivo, una organización reconocida en la Ley de Ciencia y Tecnología vigente del 2002 al 2020″, indican en un comunicado publicado.
Al mismo tiempo, el Colegio de Bioética ha señalado al Gobierno de la 4T, de sólo abonar en la dirección de intimidar, calumniar y despreciar la actividad científica comprometida con los valores de verdad, evidencia empírica y objetividad, “se repudia estas conductas, también demandamos que cesen este tipo de agresiones a la comunidad científica. ¡Ya basta!”, es como indica la carta firmada por 36 médicos.
Por otra parte, las universidades también han expresado su preocupación ante las acciones del Gobierno: “Ya es hora de dejar a la comunidad académica y científica en paz, dejarla hacer su trabajo en libertad”, han señalado más de 200 académicos del Colegio de México. “El ámbito académico y científico de nuestro país lleva ya tiempo viviendo bajo una atmósfera enrarecida e incierta, pero con este agravio hemos alcanzado un nivel inaceptable e impensable para quienes suscribimos estas líneas”, han advertido. Mientras que el Tecnológico de Monterrey ha manifestado su indignación como preocupación por “las desmedidas acusaciones y acciones legales” contra los científicos. La investigación en cualquier disciplina debe contar con un entorno favorable que promueva su florecimiento en beneficio del país, las autoridades deben respetar el Estado de Derecho y la presunción de inocencia, ha expuesto en un comunicado.
Por último, la organización del Movimiento Antorchista Nacional expuso su preocupación ante estos lamentables hechos, desde nuestro punto de vista; denunciamos la persecución, rechazamos el abuso de poder presidencial, la arbitrariedad brutal en la aplicación de la ley, la maldad persecutoria y vengativa con que se está tratando a 31 ciudadanos mexicanos, independientemente de su profesión. Nos solidarizamos con ellos, porque creemos que si ahora los dejamos solos, mañana nadie levantará la voz por nosotros.
Para concluir pedimos al presidente de la república que se abstenga de inmiscuirse y de intervenir en estos procesos, tomando el asunto como personal, con una postura de juez, violando todos los derechos que marca nuestra ley, lejos de hacer justicia se convertirá en lo contrario con su involucramiento. Al tiempo.
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