Nuevamente aparece en la escena política la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con sus garras afiladas y su afán persecutorio, a voltear los ojos al Tribunal Electoral de la Federación, a pesar de que tiene un nuevo jefe la Secretaría, que es Ramírez de la O, lo cual demuestra, una vez más, que la estructura gubernamental, en este caso, tampoco se respeta y pareciera que el titular de la UIF sólo obedece los mandatos que provienen de Palacio Nacional.
Una vez más, los asuntos que tienen que ver con la UIF violan procedimientos legales fundamentales consagradas en la Constitución y en las leyes que de ella emanan, y se utiliza a la prensa como instancia, más que para dirimir las diferencias y hacer verdadera justicia, como mecanismo de linchamiento, violando así, como es costumbre, el debido proceso y el derecho constitucional a la presunción de inocencia.
Se indaga sobre la vida de los individuos, exagerando un poco si me lo permiten amables y pacientes lectores, casi desde su nacimiento, cuando la ley tiene términos; sin embargo, en la UIF los violan. Acusan en la prensa a quien quieren linchar mediáticamente, bajo el principio de que el concepto de corrupción para Morena y el presidente, es un concepto que no precisan, o desvirtúan, pues para Palacio Nacional los actos cometidos por los hermanos del propio presidente no son actos de corrupción, sino buenas acciones, pero aquellos actos que son iguales a los de los hermanos del presidente, pero perpetrados por sus enemigos, esos son actos de “terrible corrupción”. Como se ve, se mide con varas distintas a los amigos y a los enemigos, en este régimen se aplica la siguiente máxima, parecida a la de Juárez, pero distinta: a los amigos, favor y justicia, a los enemigos: ataque frontal, persecución e injusticia.
Aparentemente, se busca con estas acciones “combatir la corrupción”; sin embargo, lo que en el fondo se persigue es acabar con las instituciones que estorban las decisiones del Gobierno morenista, o las que pueden poner en peligro sus intereses y este es el caso. Hoy se persigue al presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas Valdez y le acusan de presunto enriquecimiento ilícito, que ahora apunta también a familiares del magistrado, dice la nota de “El Economista” del 19 de julio del año en curso.
El magistrado presidente es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Maestro en Derecho Público por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Cuenta con estudios doctorales en Derecho Público con especialidad en Derecho Constitucional por la misma institución.
La Constitución garantiza a los mexicanos: Artículo 16. “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”, asimismo, el Artículo 20 establece ciertos principios del imputado (cuando ya hay un procedimiento), y el Artículo 21 delega la investigación al Ministerio Público. En una interpretación sistemática, hay elementos para pensar que no se pueden realizar pesquisas sino por ciertas autoridades y bajo mandamiento y regulación específica. Bajo estos preceptos constitucionales, como hemos dicho, la UIF al ventilar el tema en los medios, viola el debido proceso, la secrecía, la presunción de inocencia y pone en riesgo al imputado, junto con su familia, pues al acusárseles, sin comprobarlo, de enriquecimiento, les pone en la mira de la delincuencia, o bien, sin pruebas, ante la opinión pública y la de la UIF, ya son culpables y, por tanto, víctimas del escarnio público.
Lo que hay en el fondo es un nuevo intento del Gobierno morenista de desestabilizar, debilitar y desquebrajar a las instituciones que les estorban, pues se acercan importantes decisiones que competen al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como son las impugnaciones hechas a las elecciones estatales, como es el caso de 8 gubernaturas: Campeche, Chihuahua, Tlaxcala, San Luis Potosí, Sinaloa, Michoacán, Colima y Guerrero, que eventualmente llegarán al Tribunal Electoral y corre Morena el riesgo, por las tantas trampas que hicieron y que fueron consistentemente documentadas, perder la elección e irse a una elección extraordinaria con riesgo de perder en la segunda vuelta. Pues para evitar esa molestia, ataca la UIF justo antes de estas delicadas decisiones. ¿No le parece, amable lector, mucha casualidad?
Escuché en el programa de Oscar Mario Beteta del día 20 de julio del año en curso la entrevista que le hicieron al magistrado presidente del Tribunal Electoral, al doctor José Luis Vargas Valdés, en el cual aclara que se enteró en un medio de comunicación que estaba denunciado ante el Ministerio Público federal, al cual se presenta de manera voluntaria a saber de qué se le acusaba en diciembre de 2020, denuncia que fue ilegalmente filtrada a los medios de comunicación. Se le estaba “investigando” de 2012 a 2020; es decir, 8 años de antelación; aun cuando el doctor Vargas es funcionario a partir de 2016, pero, consideró que se trataba de una buena ocasión para presentarse ante el Ministerio Público, llevar todos sus estados de cuenta, sus títulos de propiedad, etc., para demostrar la licitud de su patrimonio y tanto el Ministerio Público, como peritos contables especializados, determinaron que su patrimonio es completamente lícito y que sus gastos corresponden con sus ingresos, lo mismo que el patrimonio de sus familiares; sin embargo, a días de la toma de decisiones sobre las elecciones del pasado 6 de junio, se entera que Santiago Nieto y su gente le acusa por lavado de dinero. Para comprobar este delito debe probarse, en primera instancia la ilicitud de los recursos; sin embargo, como se dijo en líneas anteriores, los recursos del Magistrado presidente, son lícitos a decir del Ministerio Público federal. Se trata de una persecución política en contra del Magistrado presidente.
En una primera fase, todo mundo identificaba al Magistrado presidente como un personaje muy cercano al Gobierno morenista, pero las cosas se modificaron y más tarde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la cancelación de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, lo cual molestó mucho a Palacio Nacional y bajo este estado de cosas, es de esperarse que si hay pruebas que tiendan a anular “triunfos” de Morena en algunos estados, entonces, se pueden configurar, por tanto, el que antes fuera amigo, hoy está recibiendo el castigo por no haber detenido los procesos contra Salgado Macedonio y Morón. ¿No es esa persecución política de la UIF y del Gobierno morenista? Usted juzgue, amable lector.
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