En días recientes ha tenido lugar la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el año siguiente por la H. Cámara de Diputados, avalado por 273 votos en favor correspondientes a los partidos de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Mismo que después  de acaloradas discusiones tuvo lugar su aprobación, pero sin considerar las propuestas de modificación dadas por otros partidos, tales que consistían en la promoción de más recursos ante la población más necesitada, etiquetando un mayor recurso en educación, obras y servicios públicos, al campo, la salud, ciencia, por mencionar algunas, reiterando en sí, no traer atropellos nuevamente como el año pasado, al hacer varios recortes presupuestales y eliminación de programas y fideicomisos que se destinan para la atención de las necesidades más apremiantes de la población mexicana.

Tras la aprobación, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no tardó en salir a aplaudir la ratificación por parte de los legisladores, señalando que iba a favorecer a millones de familias mexicanas. Sin embargo, surgen dudas en torno a la opinión del mandatario: ¿Es realidad lo de “primero los pobres”? ¿A quién o quiénes beneficia realmente el PEF 2022? Según opiniones de expertos, Morena prioriza recursos para programas asistenciales y para las obras faraónicas: el tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto de Santa Lucía, cuyas asignaciones ascienden a 110 mil millones de pesos. Además el Presupuesto aprobado, no contempla programas de apoyo a los sectores productivos, al campo, a educación, ciencia, tecnología, entre otros. 

En cuanto a educación se estiman recortes del 80 por ciento a “Proyectos de infraestructura social del sector educativo” con respecto al año en curso, aunado a que sólo un 4 por ciento del asignado se destina a atender infraestructura educativa, a pesar que la pandemia ha empeorado dicho aspecto.  

Hace más de un año que México sufre los embates de la pandemia por la covid-19, mismos que pudieron aminorarse si el Gobierno hubiera implementado políticas y medidas adecuadas.

En educación, el Gobierno federal junto con la Secretaría de Educación Pública (SEP) implementó el plan “Aprende en Casa I y II”, programa que por vía remota buscaba dar continuidad con las clases, desgraciadamente éste no garantizó el aprendizaje; no contempló la situación de miles de estudiantes que carecían de medios electrónicos e internet.

Las familias se enfrentaron a pérdidas de trabajos y recortes de salarios, debido a que las Pequeñas y medianas empresas en México (Pymes) no podían continuar laborando en plena pandemia, obligando a que los estudiantes renunciaran a la escuela y pasaron a engrosar las filas del mercado laboral. Dichas circunstancias generaron la deserción escolar de más de ocho millones de niños y jóvenes estudiantes que al no tener los recursos ni el apoyo del Gobierno buscaron la manera de sobrevivir. 

En Yucatán, como medio más cercano, en una consulta hecha a la Secretaría de Educación del Estado (Segey), reveló que el nivel de deserción en primaria es del 0.50 por ciento, mientras que a nivel secundaria es de 2.70 por ciento con relación a los dos ciclos escolares anteriores.

Lo que en cifras nos demuestra que de 415 mil 242 estudiantes de planteles públicos de nivel básico, los maestros reportaron que sólo mantienen comunicación con 62 mil 788 alumnos de preescolar, y de forma intermitente se ha entablado contacto con nueve mil 624.

En primaria, 210 mil 309 estudiantes están en constante interacción con sus profesores, 11 mil 603 lo hacen de forma esporádica, mientras que, a nivel secundaria, sólo 98 mil 128 siguen activos, es decir, se han presentado regularmente a sus clases virtuales.

Posteriormente, se dio un regreso prematuro a clases presenciales en los meses de septiembre y octubre que evidenció a un Gobierno preocupado más por hacer proselitismo político, que por combatir las necesidades educativas del país, la cual dio un aumento de contagios y muertes de estudiantes y maestros, creciendo las cifras de niños internados en hospitales, por lo que padres se vieron obligados a solicitar amparos para que sus hijos fueran vacunados, cuando en otros países se implementaron campañas para vacunar a los menores de edad sin necesidad de presentarse ante un juez.

Este panorama desolador demuestra que, así como otros sectores de la sociedad, los estudiantes no son prioridad para el Gobierno en turno. Lo único que quieren es eternizarse en el poder y vivir del erario, y que la salida prevalece a que los jóvenes, maestros, obreros, campesinos, todo ciudadano, en resumen, se organice y luche, junto con todos los afectados, por mejorar sus condiciones.