Cualquier persona de buen pensamiento y buen razonamiento dirá, sin lugar a duda, que el actual gobierno que encabeza Miguel Barbosa Huerta en Puebla ha dejado mucho de qué hablar sobre su desempeño. Algunos lo han caracterizado y calificado de autoritario, dictador, de oídos sordos, de infringir la ley; por mencionar algunos ejemplos.
En el Título Sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acerca del Trabajo y de la Previsión Social, el Artículo 123 dice que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, con forme a la ley.
En ese estricto sentido quiero dar a conocer, en primer lugar, una problemática que creo yo es de suma importancia (o al menos así debería de serlo) para todos los ciudadanos de este país, y no solo porque quienes en estos momentos están atravesando esta problemática sino porque en algún momento pudieran estar en el mismo lugar de éstos a quienes hoy golpean; y en segundo lugar dar mi humilde opinión acerca de cómo veo las cosas.
De entrada, quiero mencionar que existen, en el Estado, tres empresas de grúas (Gantho, Unión y Federales) afiliadas al Movimiento Antorchista, que por más de 25 años han venido trabajando, siempre, bajo los lineamientos de las autoridades donde la actividad que realizan es únicamente el servicio de arrastre.
Al tomar el poder el gobernador morenista dijo que regularía las grúas y los corralones, noticia que aplaudieron los grulleros ante esta iniciativa. También dijo que todos aquellos que cumplieran con todos los requisitos podrían ser considerados para prestar el servicio, requisitos que cumplieron en tiempo y forma estas empresas estando al frente de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Antonio Capís, posteriormente despiden de la secretaría a esta persona por ineficaz. Para su mala suerte de estas empresas extravían los documentos que ya habían ingresado con el anterior director de la SMT; se lo hacen saber al nuevo director y coinciden que ninguno de los documentos que habían ingresado, está en la SMT. Ese nuevo director solicita que se reingresen los documentos y así se hace, cumpliendo con los requisitos que la misma secretaría pide; se hace el impacto vial con quien ellos mismos recomiendan hacer este trámite; el impacto ambiental con quien ellos también piden que se realice; y una carpeta de Protección Civil que también la misma secretaría indica con quien realizarla. Una vez cubiertos estos requisitos se les notifica a las empresas que han cubierto el 85% y que con esto pueden ya ser incluidos en un nuevo rol que se elaboraría para poder regular el trabajo de las grúas en el Estado. Quitan al secretario Aréchiga y a todo el equipo que trabajaba con él, y en su lugar colocan a Fernando Loranca como nuevo director de la SMT a quien se acercan las empresas para poder cumplir de manera adecuada con los trámites. Loranca menciona que las cosas están bien y que trabajará sin problema alguno con los grulleros, y en este sentido las empresas se confían porque consideran que el señor director es la persona competente para atender estos asuntos.
Más adelante las cosas comienzan a tonarse difíciles y sospechosas porque hacen un nuevo rol en donde no incluyen a Ganhto, Unión ni a grúas Federales, y al enterarse de esto las empresas acuden nuevamente con el señor director, a lo que él insiste que no hay problema alguno y que trabajarán bien.
La gota que derramó el vaso de agua fue cuando, el trece de septiembre, mandan un rol de la Secretaría de Movilidad y Transporte a la Secretaría de Seguridad Pública argumentando que ella es la encargada de aplicar el rol, en donde no están incluidas las grúas. Ante este hecho, nuevamente acuden los grulleros a la SMT y Fernando Loranca insiste una y otra vez en que no hay problema, que solo tienen que cambiar el impacto ambiental (¡ojo!, jamás Loranca notificó con anterioridad ni tampoco dijo nada de cambiar algo sobre el trámite cuando le visitaron los grulleros a su llegada como nuevo director) sin dar un solo argumento del por qué se tendrá que cambiar o si existe error alguno; los grulleros consideran que no puede haber algún error ya que dicho trámite se realizó con base al catálogo proporcionado por la misma secretaría. Ante esta Odisea burocrática la respuesta de Loranca no es nada favorable, respuesta a la que los grulleros no estuvieron nada de acuerdo.
El rol entra en funcionamiento el 23 de septiembre y obviamente ninguna de las tres empresas está incluida. Aquí sale a relucir la siguiente interrogante ¿por qué las demás empresas que tampoco cumplen con el 100% de los requisitos están en el rol o por qué sí fueron tomadas en cuenta si no son 100% regulares?
Ante este atropello, el día jueves 30 de septiembre en Rueda de Prensa, el líder Antorchista del transporte en el estado de Puebla, Ovidio Celis Córdova, denunció que el día miércoles 29 de septiembre clausuraron los tres corralones que son de las empresas sin ninguna notificación previa, y que además sacaron a todas las grúas quedando la Policía Estatal y la Secretaría de Medio Ambiente al resguardo de los corralones, acto que es considerado un delito contra la cual emprenderán acciones jurídicas correspondientes.
Dijo también en esa misma Rueda de Prensa: ”…nos desalojaron de nuestras propiedades privadas sin una orden judicial de ningún tipo. Seguimos esperando hablar con algún funcionario público que pueda darnos alguna razón correcta de por qué tales abusos en contra de los grulleros que se han dedicado desde hace más de 25 años a prestar este servicio y por qué tanta saña con ellos si de ellos dependen cientos de familias poblanas que tienen derecho a trabajar”
Finalizó y dijo: “…pedimos desde aquí a la secretaria Elsa Bracamontes que nos pueda recibir, queremos exponerle con claridad cuál es el problema y no se deje manipular por funcionarios que no tienen sensibilidad ante los problemas de los ciudadanos poblanos. Tenemos derecho a trabajar. También pedimos a la Secretaría de Gobernación ante este problema social ya que algunos funcionarios están coludidos en actos de corrupción. ¡Solo pedimos ser escuchados! ¡solo pedimos trabajar y poder llevar el sustento a nuestras casas! Y si ese es ya un delito, hemos convertido a nuestro Estado en una cárcel donde todos somos prisioneros.
Estimado lector, ¿qué puede usted decir o deducir de estos acontecimientos ocurridos a nuestros compañeros grulleros? ¿cuál es el delito que han cometido para impedirles o negarles el derecho a trabajar? ¿qué intereses económicos se mueven detrás de todo esto? ¿quién dicta las órdenes?
Pues bien. Estando así las cosas creo, a mi punto de vista, que el problema es meramente político; por no comulgar con la ideología de la “Cuarta Transformación”; por decirle al gobierno que las acciones que ha emprendido desde su llegada son erróneas. Es una represalia en contra de los grulleros por pertenecer a las filas del antorchismo poblano, y en se sentido, el gobierno comete doble delito; por un lado, niega el derecho a un trabajo digno, y por el otro el derecho a organizarse. Está claro que quien dicta y da órdenes es el señor gobernador, sin importarle que pisotee y viole la Ley. No hay más.
A mis compañeros grulleros quiero decirles que cuentan con todo el respaldo del antorchismo poblano, y si las cosas así lo requieren, no duden en que elevaremos la voz a nivel nacional.
Y al gobernador Miguel Barbosa Huerta que le quede claro; si las cosas no llegan a un buen fin, llegaremos a instancias de nivel superior. Que conste.
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