Si este Gobierno fuera medido por sus programas sociales estaría completamente reprobado. Recientemente, la Organización de la Sociedad Civil GESOC (Gestión Social y Cooperación), especializada en “investigación aplicada, desarrollo de modelos y metodologías de evaluación, monitoreo, rendición de cuentas de las iniciativas sociales de gobiernos y empresas”, presentó el Índice de Calidad de Desempeño (INDEP) 2021 de los programas sociales del Gobierno federal, y vale la pena rescatar sus hallazgos, pues no sólo se trata de la enorme cantidad de dinero de todos los mexicanos invertida clientelarmente en ellos, sino, principalmente, de la irresolución de los problemas públicos que les dieron origen. No se trata de aumentar o restar dinero, sino de si un programa justifica su aumento, reducción o desaparición.
El desempeño de la política social programática del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en 2020 (segundo año de administración morenista) obtuvo 57 de calificación (en escala de cero al 100); es decir, la mayoría de los 96 programas sociales no está cumpliendo las metas para las que fue diseñada y, por tanto, no está impactando positivamente en la población para la que fueron creados.
Para el INDEP, un programa social obtiene mejor calificación si tiene un buen diseño, objetivos claros, cumple con sus metas, permite darle seguimiento y ser evaluado periódicamente, pero, sobre todo, si contribuye a resolver el problema público del sector de la población afectada. El centro de análisis GESOC clasifica los niveles de desempeño de la siguiente manera: Desempeño Óptimo (-buena calidad en el diseño y que ha alcanzado avance significativo en el cumplimiento de sus metas y cobertura programada-), con Alto Potencial (buena calidad en el diseño, cumplimiento significativo de metas, pero no cuenta con el presupuesto suficiente para cumplir las metas), Mejorable (Baja calidad en el diseño, bajo cumplimiento de metas y de baja cobertura), Escaso (alcanza cobertura significativa, diseño y cumplimiento de metas apenas aceptable), los que reflejan la Dispersión de la Política Social Federal (dispersión de esfuerzos del Gobierno federal para dar una respuesta adecuada a los problemas sociales relevantes, bajo nivel de cobertura) y los que pertenecen a la Caja Negra del Gasto Social (los que carecen de transparencia del gasto de los recursos asignados).
Bajo estos rubros, el Gobierno morenista en su segundo año de gobierno cumplió menos que cuando se estrenó (de 59.3 de calificación pasó en 2019 a 57 en 2020); es decir, empeoró su desempeño.
En 2020, la administración lopezobradorista-morenista otorgó 901 mil 424 millones de pesos a 15 dependencias encargadas de la implementar los 96 programas sociales: Secretaría de Educación Pública (SEP): 21 programas (32.39% del presupuesto aprobado); Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): cuatro programas (27.66%); Secretaría del Bienestar (Bienestar): 10 programas (19.41%); Secretaría de Salud (Salud): 13 programas (4.07%); Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader): 11 (3.99%); Instituto del Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE): dos (3.61%); Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS): cuatro (2.90%); Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt): cinco (2.39%); Secretaría de Cultura: tres (0.90%); Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu): cinco (0.87%); Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat): siete (0.67%); Secretaría de Economía (SE): cinco (0.38%); Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI): cuatro (0.31%); AGROASEMEX: uno (0.06%) e Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres): uno (0.04%).
No obstante lo programado por la Cámara de Diputados en 2020 para el ejercicio del gasto público en 2021, siete dependencias tuvieron incrementos, nueve sufrieron recortes y dos no proporcionaron información, todo ello por orden directa del Ejecutivo federal (AMLO) sin que éste haya consultado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Legislatura en turno ni rendido cuentas sobre el impacto y resultado del presupuestos reajustados. Entre los programas reducidos se encuentran Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación (SE), Fortalecimiento sectorial de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación (Conacyt) Programa para la productividad y competitividad industrial (SE) y el Programa para el Bienestar de los Pueblos Indígena (INPI).
Cuatro programas alcanzaron una calificación superior a 90 y 50 fueron reprobados. Ocho alcanzaron un nivel de desempeño óptimo; ocho tuvieron un desempeño con Alto Potencial; 54 tuvieron un nivel de desempeño escaso: dos, nivel de desempeño mejorable; 22 reflejaron una dispersión de la política social y 2 fueron opacos.
Entre las dependencias que se desempeñaron óptimamente (91.1 de promedio) se encuentra el Conacyt; sin embargo, a pesar de cumplir con sus metas, cobertura y diseño, el presidente de la república decidió que el programa “Fortalecimiento sectorial de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación” (con 90 de calificación) debía ser eliminado, a pesar de la evidencia de buen desempeño.
Los ocho programas con alto potencial obtuvieron un promedio de desempeño de 79.6. Sin embargo, tres dejaron de existir sin justificación alguna: Programa de Salud y Bienestar Comunitario -en su versión regional-, Programa para el fortalecimiento de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación, y Programa nacional de convivencia escolar, por lo que ya no contribuyen a resolver el problema que les dio origen y dejaron de beneficiar a la población objetivo. En el presupuesto 2022, no se propuso su reanudación.
La eliminación de recursos para programas con buenos niveles de desempeño continuó siendo una constante durante este año. Por ejemplo, los únicos dos programas con nivel de desempeño mejorable (Cultura comunitaria y Expansión de la Educación Media Superior y Superior) les fue recortado el recurso, por lo que apenas lograron un nivel de desempeño de 85.9. Para el presupuesto 2021 y el 2022 ya se les programó, lo que evidencia, que la política programática de AMLO no responde a criterios científicos ni sociales sino a criterios personales, pues en pleno año de inicio de la pandemia, a pesar de que la educación migró extensivamente hacia lo digital, el presupuesto para ello se suspendió, dejando una vez más, un nuevo problema por resolver y una masa población sin atención.
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