Una de las cosas que la realidad nos ha enseñado a los antorchistas a lo largo de 47 años de organizar y encabezar a muchos mexicanos para que logren solución a sus problemas más urgentes, se refiere a las dificultades que es necesario vencer para llevar a cabo, como lo establece el Artículo 9 de la Constitución general de la república, una manifestación pública para hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a la autoridad en turno.
El derecho a la libre manifestación se respeta por lo menos hasta el día de hoy, en consecuencia, en México se efectúan cientos de protestas y peticiones con el fin de que las autoridades intervengan para solucionar la problemática que las motivan, no obstante, a pesar de continuos comentarios al respecto, no se conoce todavía un estudio serio, multilateral, en el que se aborden y pongan en claro las principales causas y las consecuencias más sobresalientes del ejercicio de este inapreciable derecho ciudadano.
En no pocas ocasiones los medios de comunicación analizan el fenómeno poniendo de relieve únicamente las molestias y hasta los prejuicios que recibe la ciudadanía como consecuencia de una manifestación pública. Es cierto que el obrero, el empleado, el ama de casa o estudiante que realizan sus actividades diarias padecen molestias y contratiempos cuando encuentran a su paso una manifestación política. Eso no puede negarse.
También es cierto, y este aspecto se aborda ya más raramente, que quienes formulan su petición o protestan públicamente con una marcha, mitin o plantón en las calles, también reciben sobre sí mismos y hoy con el uso de las redes sociales una gran cantidad de insultos sobre los manifestantes y sus líderes sin ponerse a pensar por un momento que el manifestante, para ejercer su derecho debe sacrificar labores cotidianas: faltar a sus trabajos, abandonar las tareas domésticas y hasta los hijos pequeños o cargar con ellos; hacer gastos imprevistos, dejar de comer, además de exponerse a la intemperie, al cansancio y hasta arriesgarse a sufrir un accidente o a la represión policiaca.
También es verdad y este otro aspecto las más de las veces se esconde, que si los manifestantes, a pesar de las molestias y hasta de los peligros a que se exponen, toman la decisión de agruparse y salir a manifestarse, es porque han llegado a la conclusión de que no les queda de otra alternativa, porque han entendido que si quieren que su petición sea recogida y su problema resuelto, no tienen más remedio que llamar la atención y llevarlo por la calle a oficinas públicas.
Descartando la posibilidad de que los manifestantes demanden la realización de actos contra la ley o de plano absurdos, quedan innumerables casos, la gran mayoría, en los que las soluciones están atascadas por responsabilidad directa de funcionarios públicos. Ora defienden intereses personales o de grupo, abusando evidentemente del poder que la sociedad ha puesto en sus manos, ora son insensibles a las demandas de los grupos más desprotegidos, dedicando con preferencia su atención a los más poderosos e influyentes. Son, en resumidas cuentas, los responsables de molestias que sufren los ciudadanos que nada tienen que ver con el problema y también de las molestias que sufren los ciudadanos que, orillados, se manifiestan para poder obtener soluciones.
Pero, aunque esto es ya suficientemente grave, la cosa no para ahí: son responsables de la irritación que se produce en la ciudadanía y, en consecuencia, del deterioro que sufre la credibilidad y la confianza en el sistema político.
Esto viene a cuento porque los antorchistas del municipio de Fresnillo, hace rato que hemos estado insistiendo para que los responsables de la Secretaría del Bienestar estatal y municipal tomen en cuenta la necesidad de vivienda de más de 3 mil 500 solicitantes que piden se les incluya y se les dé continuidad al programa piloto que se implementó en este municipio, es de reconocer que gracias al mismo cientos de familias tuvieron a bien construir, ampliar, remodelar su casa gracias al apoyo brindado con apoyos económicos con montos de hasta 95 mil pesos.
Pues bien, hace ocho días acudimos poco más de 300 antorchistas a solicitar audiencia con el subdelegado del Bienestar aquí en Fresnillo, licenciado Herón Rojas, para que nos enterara del estatus que guarda nuestra solicitud y nos encontramos con la prepotencia y maltrato de los servidores de la nación que ahí laboran.
Creo que cualquier funcionario del nivel que sea tiene la obligación de atender y dar una explicación razonable del asunto de su incumbencia sin que el solicitante se sienta maltratado. Por esa razón el día de hoy realizaremos una manifestación a la subdelegación ubicada en el municipio de Fresnillo, para solicitar se atienda la demanda de vivienda para las familias que menos tienen de colonias y comunidades.
El objetivo en concreto es pedir la intervención del subdelegado para que su personal se conduzca con respeto a la ciudadanía, pero la principal demanda es que se incluya en el programa a las familias que necesitan de una vivienda o apoyo solidario para hacer mejoras, porque, aunque la palabra no guste, son personas pobres, que para salir adelante requieren del respaldo del gobierno.
Por lo tanto hoy acudiremos a las oficinas del bienestar en el municipio confiando en la sensibilidad de Herón Rojas, pero de no tener respuesta favorable y si el personal que labora en la oficina continúa con la actitud grosera, solicitaremos la intervención de la Delegada Nacional, licenciada Verónica Díaz Robles, para que sea ella de manera directa la que atienda la solicitud de vivienda del municipio de Fresnillo.
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