Surgida directamente de la Revolución Mexicana, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, que es la que nos rige actualmente, contiene los derechos y obligaciones de los ciudadanos en 136 artículos y 19 transitorios en los que se determina quién es el responsable de ejecutarlos y los mecanismos con los que cuenta el ciudadano para hacerlos efectivos.
Nuestra Carta Magna es muy completa y de cumplirse a cabalidad existirían condiciones óptimas para la convivencia social armónica, y al mismo tiempo se lograría un nivel mínimo de bienestar para la mayoría de los mexicanos. Como documento rector, la Constitución es ideal, pero en la vida material los mexicanos encontramos derechos de papel, que para materializarlos muchas veces nos debemos enfrentar con las autoridades de los tres niveles de gobierno, que al cuidar los intereses de las familias adineradas, relegan hasta el final a los pobres.
Por lo anterior, es necesario que los mexicanos nos organicemos para hacer frente a los momentos complejos que se han empeorado tras la llegada de la 4T al gobierno, pues los ciudadanos hemos constatado que crecen problemas como el de la inseguridad, que ya cobró la vida de unas 154 mil personas en actos violentos tan sólo en lo que va del actual sexenio.
Además, el precio de algunos productos de consumo básico resulta inalcanzable, como el huevo que cuesta más de 50 pesos, las tortillas en más de 22, el gas cerca de 800: y a pesar de la promesa de Andrés Manuel López Obrador de bajar el precio de la gasolina a 10 pesos desde el primer día de su gobierno, hoy ronda los 23, lo que hace una vida imposible para la mayoría de mexicanos.
Por si esto no fuera poco, las familias empobrecidas deben enfrentar el desabasto de medicamentos en los hospitales públicos, que tras cinco años de errores y corrupción se sigue culpando a los del pasado porque dejaron un cochinero, pero lo cierto es que con Morena no funciona la Secretaría de Salud, ni el Instituto de salud para el Bienestar (Insabi) y tampoco el seguro popular, así que los pobres estamos peor que con los de antes.
El otro problema es la ausencia y deterioro en los servicios como el agua entubada, la energía eléctrica, la pavimentación de calles y carretera; esto es el resultado de la política centralista que ha desaparecido programas como el ramo 23 o el 3x1 que afecta directamente a los municipios, gobierno donde los mexicanos acuden en lo inmediato a buscar el auxilio de sus autoridades que les responden con la cantaleta de siempre: “no hay dinero para ése programa”, o “sólo se están construyendo obras prioritarias”.
Y cuando la gente acude de forma grupal, los gobernantes morenistas les señalan que ya cambió la política, ahora se atiende sólo a personas directamente y no a grupos intermediarios. La causa real es que no hay recursos económicos porque la federación eliminó del presupuesto partidas especiales para atender la problemática nacional por canalizar el dinero de todos a las obras del sur de México una vez que se sembró la idea que en los estados del centro-norte hay mucho empleo, desarrollo y progreso, cuando es todo lo contrario, porque a las carencias históricas, ahora se suman los problemas de delincuencia y la falta de lluvias que agudizan la crisis social en que estamos inmersos.
Con Morena empeoraron todos los problemas que ya existían, por eso es urgente que la sociedad zacatecana y nacional busque otros medios de hacer valer los derechos, pues se requiere acompasar lo estipulado en la carta magna con la realidad diaria para alcanzar la paz, bienestar y progreso social.
Uno de los textos que quiero enaltecer es el Artículo 9, que dice: “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la república podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar”.
Y le guste o no a quienes desempeñan responsabilidades públicas, la libertad de asociación, la libertad de expresión, la agrupación de los ciudadanos por la defensa de sus intereses no es una concesión graciosa de los gobernantes, es un derecho y es obligación de los funcionarios respetarlo, y en él nos amparamos los antorchistas para desarrollar nuestra labor organizativa.
En 2023 estamos cumpliendo 50 años de lucha, estamos seguros de que nuestra labor es legal y necesaria. Somos firmes defensores de los derechos como la libertad de expresión, la libre asociación, la educación, salud, alimentación y vivienda.
Los antorchistas sabemos que urge la conformación de una gran fuerza social para materializar una vida digna, por lo que sin miedo a represalias levantamos la voz, no admitimos excusas o infinidad de limitaciones presupuestales, que se entienda bien que a pesar de que los gobernantes juraron que harían valer la ley sólo el pueblo organizado logrará hacerlo efectivo.
Con Morena empeoraron todos los problemas que ya existían, por eso es urgente que la sociedad zacatecana y nacional busque otros medios de hacer valer los derechos
Surgida directamente de la Revolución Mexicana, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, que es la que nos rige actualmente, contiene los derechos y obligaciones de los ciudadanos en 136 artículos y 19 transitorios en los que se determina quién es el responsable de ejecutarlos y los mecanismos con los que cuenta el ciudadano para hacerlos efectivos.
Nuestra Carta Magna es muy completa y de cumplirse a cabalidad existirían condiciones óptimas para la convivencia social armónica, y al mismo tiempo se lograría un nivel mínimo de bienestar para la mayoría de los mexicanos. Como documento rector, la Constitución es ideal, pero en la vida material los mexicanos encontramos derechos de papel, que para materializarlos muchas veces nos debemos enfrentar con las autoridades de los tres niveles de gobierno, que al cuidar los intereses de las familias adineradas, relegan hasta el final a los pobres.
Por lo anterior, es necesario que los mexicanos nos organicemos para hacer frente a los momentos complejos que se han empeorado tras la llegada de la 4T al gobierno, pues los ciudadanos hemos constatado que crecen problemas como el de la inseguridad, que ya cobró la vida de unas 154 mil personas en actos violentos tan sólo en lo que va del actual sexenio.
Además, el precio de algunos productos de consumo básico resulta inalcanzable, como el huevo que cuesta más de 50 pesos, las tortillas en más de 22, el gas cerca de 800: y a pesar de la promesa de Andrés Manuel López Obrador de bajar el precio de la gasolina a 10 pesos desde el primer día de su gobierno, hoy ronda los 23, lo que hace una vida imposible para la mayoría de mexicanos.
Por si esto no fuera poco, las familias empobrecidas deben enfrentar el desabasto de medicamentos en los hospitales públicos, que tras cinco años de errores y corrupción se sigue culpando a los del pasado porque dejaron un cochinero, pero lo cierto es que con Morena no funciona la Secretaría de Salud, ni el Instituto de salud para el Bienestar (Insabi) y tampoco el seguro popular, así que los pobres estamos peor que con los de antes.
El otro problema es la ausencia y deterioro en los servicios como el agua entubada, la energía eléctrica, la pavimentación de calles y carretera; esto es el resultado de la política centralista que ha desaparecido programas como el ramo 23 o el 3x1 que afecta directamente a los municipios, gobierno donde los mexicanos acuden en lo inmediato a buscar el auxilio de sus autoridades que les responden con la cantaleta de siempre: “no hay dinero para ése programa”, o “sólo se están construyendo obras prioritarias”.
Y cuando la gente acude de forma grupal, los gobernantes morenistas les señalan que ya cambió la política, ahora se atiende sólo a personas directamente y no a grupos intermediarios. La causa real es que no hay recursos económicos porque la federación eliminó del presupuesto partidas especiales para atender la problemática nacional por canalizar el dinero de todos a las obras del sur de México una vez que se sembró la idea que en los estados del centro-norte hay mucho empleo, desarrollo y progreso, cuando es todo lo contrario, porque a las carencias históricas, ahora se suman los problemas de delincuencia y la falta de lluvias que agudizan la crisis social en que estamos inmersos.
Con Morena empeoraron todos los problemas que ya existían, por eso es urgente que la sociedad zacatecana y nacional busque otros medios de hacer valer los derechos, pues se requiere acompasar lo estipulado en la carta magna con la realidad diaria para alcanzar la paz, bienestar y progreso social.
Uno de los textos que quiero enaltecer es el Artículo 9, que dice: “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la república podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar”.
Y le guste o no a quienes desempeñan responsabilidades públicas, la libertad de asociación, la libertad de expresión, la agrupación de los ciudadanos por la defensa de sus intereses no es una concesión graciosa de los gobernantes, es un derecho y es obligación de los funcionarios respetarlo, y en él nos amparamos los antorchistas para desarrollar nuestra labor organizativa.
En 2023 estamos cumpliendo 50 años de lucha, estamos seguros de que nuestra labor es legal y necesaria. Somos firmes defensores de los derechos como la libertad de expresión, la libre asociación, la educación, salud, alimentación y vivienda.
Los antorchistas sabemos que urge la conformación de una gran fuerza social para materializar una vida digna, por lo que sin miedo a represalias levantamos la voz, no admitimos excusas o infinidad de limitaciones presupuestales, que se entienda bien que a pesar de que los gobernantes juraron que harían valer la ley sólo el pueblo organizado logrará hacerlo efectivo.
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