En colaboraciones anteriores, he dado cuenta de la existencia del marco legal que ampara derechos y obligaciones de los mexicanos, la Constitución de nuestro país contiene 136 artículos y 19 transitorios, sin ser jurista, pero en términos generales podemos afirmar que existen contenidas en la ley las garantías individuales de los ciudadanos y las obligaciones que se contraen, pero hemos expuesto también que la realidad dista de lo escrito, por ende, se trata de derechos sólo de papel. Me explico.
A pesar de contener tales garantías, la realidad dista mucho de hacerlas efectivas y aunque los funcionarios públicos al tomar protesta de ley, asumen el compromiso de hacerlas cumplir cabalmente, al arribo a las responsabilidades públicas se desvanece tal empeño y tropiezan con muchos obstáculos para materializarlas. A lo largo de muchos años hemos constatado que pareciera que estamos ante una carrera de obstáculos y el empecinamiento para hacer difícil la materialización de los derech
Una y otra vez se repite la historia, la ley lo dice pero la realidad hace prácticamente imposible hacerlos efectivos, baste citar a título de ejemplo: El artículo 123 consagra el derecho al trabajo, pero es imposible materializarlo, pues la naturaleza del capitalismo obliga a la existencia de un ejército industrial de reserva para garantizar salarios bajos y mano de obra disponible para el momento que lo exija la creación de nuevas empresas; o el artículo 3, que sostiene el derecho a la educación laica, gratuita y obligatoria, e incluso reformas recientes dan carácter obligatorio a la educación superior, pero en el día a día las familias sufren la impotencia de no contar con dinero suficiente para comprar uniformes, útiles escolares o mandar bien alimentados a sus hijos a la escuela. Una vez más la ley dice una cosa, pero la realidad otra, aun y cuando se hable de obligaciones del estado.
Así podría seguir con una lista abundante, pero no es mi intención, sin embargo, quiero insistir: los derechos están en el papel y es urgente que el pueblo tome conciencia de ello para exigir que se hagan realidad. Pero a lo anterior hay que sumarle el hecho de la generalidad y la interpretación de las leyes ahonda la dificultad para materializarlas, y si a eso le agregamos la generalidad e imprecisión de las mismas, la situación se hace aún más compleja, en ese sentido, siempre me ha causado inquietud lo estipulado en el artículo 4, pues en él se contempla, la igualdad de hombres y mujeres, el derecho a tener hijos, a la alimentación plena; el derecho a la salud, los derechos ambientales, la promoción del deporte, el derecho a pensión de la gente con capacidades diferenteResulta paradójico que se enumeran los derechos, pero como en muchos otros casos no se precise cómo materializarlos, sobre todo el que tiene que ver con la vivienda, a efecto de poner en evidencia el tamaño de la contradicción quiero traer a cuenta el extracto del mismo: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.”
Como puede verse la generalidad es tanta que nos lleva a preguntarnos ¿qué ley puede estar por encima de la carta magna?, ¿qué implica una vivienda digna y decorosa?, ¿qué apoyos proporcionarán?, ¿contar con servicios implica una vivienda digna?, ¿cómo garantizará el estado la vivienda decorosa?
Contar con una vivienda digna implica tener los servicios públicos elementales, agua entubada, electrificación o pavimento, muchas de estas necesidades inexistentes en absoluto en la mayoría de las colonias populares, la realidad demuestra que existen grandes cinturones de miseria en las concentraciones urbanas. Por tanto, la lucha por una vivienda digna es una lucha por la justicia, reivindicar tales demandas es un acto necesario, pero adquiere mayor relevancia cuando a la falta de servicios se le suman excesos de la gente con poder
Esa es la historia que hoy viven en la colonia CTM, donde habitan familias de escasos recursos, ahí a las carencias, a la penuria de vivir en una zona alta, hay que sumarle la existencia de una antena de la empresa Telcel, propiedad del magnate Carlos Slim, (que el año pasado, según la revista Forbes), acumuló más de un millón de dólares por hora, o sea 24 millones de dólares al día, algo así como 450 millones de pesos.
Tal antena ha generado enfermedades y aunque aún no se ha documentado con análisis realizados por expertos, la recurrencia lleva a la sospecha de que obedece a las ondas radiactivas generadas por ella; ante esto se han realizado diversas protestas e incluso se han efectuado mesas de diálogo con funcionarios de diferentes niveles, en la última de ellas en la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, léase bien, de comunicaciones y la respuesta del titular de nombre Jorge Cardoza López, fue que no era su atribución atender tal solicitud, un auténtico despropósito.
Una vez más, la vivienda digna implicaría no poner en riesgo la salud, por tanto la lucha reivindicadora que han encabezado mis compañeros implica también la pelea contra quién se coloca del lado de los poderosos. Resultaría muy sencillo comprobar que estamos ante una exageración de los quejosos, bastaría con que se hagan estudios serios por empresas externas y responsables, pero nada de eso se quiere hacer por la tranquilidad de la gente, que tal si con ello se inquieta a los poderosos dueños de Telcel.
Dar la batalla con valentía y determinación en este caso, implica luchar por la vivienda digna de la que se habla en la constitución, pero obliga también luchar contra quien acostumbra cebarse en los humildes y de paso protestar por la colisión con los poderosos. Por ello no dudemos, detrás de ustedes, como un solo hombre estaremos sus hermanos de lucha, de eso no hay duda. ¡Adelante compañeros de la CTM!
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