El pasado 1° de octubre en la ciudad de Tlapa, Guerrero, se difundió en las redes sociales un hecho que rápidamente se viralizó, llegó a los más altos niveles de gobierno; fue tema que abordó en su discurso de toma de posesión la gobernadora del estado Evelyn Salgado Pineda, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, lo mencionó en su mañanera, y hasta en la Cámara de Senadores fue motivo de ponencias y propuestas de modificar la ley para frenar los abusos, en el terreno de la dignidad y la violación de los derechos humanos en la región guerrerense. Igualmente, los medios masivos de información no dejaron escapar la oportunidad para mandar a sus reporteros estrella, hasta el lugar de los hechos, y nuevamente el municipio de Cochoapa el Grande, ubicado en La Montaña, se volvió otra vez famoso; porque ahí, sus habitantes siguen practicando la venta de menores de edad, que a los 12, 13 y 14 años son entregadas para matrimonio, en cuyas condiciones de precio, forma y fecha de consumar el trato queda a cargo de los padres, sin el consentimiento de las menores, que en este caso son las que sufren las consecuencias de estos actos.
La forma en que se realizan estos arreglos matrimoniales entre los indígenas de la región de La Montaña y la Costa Chica es muy lamentable, debido a que han dejado muy atrás a las prácticas que ancestralmente realizaban estos pueblos y que hoy conocemos como “usos y costumbres”. Era muy común que los matrimonios se realizaban entre parejas muy jóvenes, apenas alcanzando la pubertad ya estaban aptos para unirse, formar una familia y perpetuar la especie. Se hacía así porque las condiciones sociales de su época no les permitía tener otras expectativas para alcanzar un desarrollo como núcleos sociales. Era costumbre también que en esos acuerdos necesariamente tenían que intervenir los padres, como únicos autorizados para formalizar el trato, siempre pensando en el bienestar de los hijos, sin necesidad de una cantidad monetaria de por medio y solamente en algunos casos aportaban los padres alguna dote para que fuera la base económica del joven matrimonio. Una vez acordado dicho trato se tenía que respetar, los hijos obedecían el acuerdo de los padres, no en completa sumisión, sino en el entendido de que estaba actuando por su propio bien.
Sin embargo, eso que está pasando y que los medios se han encargado de difundir, no se puede decir que son prácticas de los “usos y costumbres” de los indígenas amuzgos (ñomndaa), mixtecos (na´saavi), tlapanecos (me´paa) y náhuatl. Lo que sucedes es una venta descarada de indefensas niñas que, con el pretexto de unirlas en matrimonio, el padre de la menor pide dinero que varía de acuerdo con la edad y ve a su pequeña hija como un objeto que le dejará una jugosa cantidad, que oscila entre los 50 y los 200 mil pesos; a menor edad mayor la cantidad de dinero. Es necesario señalar dos cosas más que intencionalmente la prensa no lo dice. La madre de la niña es la primera en oponerse al nefasto trato, pues ella misma sufrió en carne propia el mismo destino que le espera a su hija. Pero la mentalidad del individuo es muy compleja, esta madre que se le oprime el corazón al imaginar lo que le espera a su hija, no hace lo mismo cuando a su hogar llega, en las mismas condiciones otra menor, pues ésta, la jefa de familia, trata a su nuera como una esclava y no como parte de su familia, pues la ha comprado para esposa de su hijo. Triste historia también para el hijo, para el jovencito que, a los pocos días de haberse consumado la unión matrimonial, el padre lo obliga a que le pague hasta el último peso que empleó para conseguirle mujer. Como el joven no tiene de dónde, en el mejor de los casos abandona la casa paterna junto con su infantil esposa, para irse a trabajar a los campos agrícolas de los estados de norte del país, en otros caso, se va solo y se ve obligado a dejar a su esposa al cuidado de su madre, de quien solo recibirá maltratos y golpes y, no en pocas ocasiones, el acoso del suegro porque se siente con derechos sobre ella, puesto que la “pagó”. como es el caso sonado de la pobre Angelica que tuvo la valentía de abandonar la familia de su esposo porque su suegro pretendió abusar de ella, por ese delito la metieron a la cárcel, donde la autoridad municipal jugo su papel de cómplice y no de defensor de la muchacha.
Pues bien, esto es una realidad, triste y lamentable pero desgraciadamente así se dan los hechos, los pueblos originarios, como el sistema los llama ahora, según para dignificarlos y poner en alto su origen, pero solamente de dientes para afuera. El gobierno no desconoce esta situación, sabe perfectamente que, a nivel nacional, 6 de cada 10 habitantes de 3 años y más de edad hablan alguna lengua indígena, los estados con un mayor porcentaje son: Oaxaca, Chiapas Yucatán, Guerrero, Quintana Roo y campeche, son 7,364,645 indígenas, que representan el 6% de la población total, todos los pueblos tienen un grado muy alto de marginación y abandono por parte de los gobiernos de los tres niveles. Han sido objeto de grandes discusiones en foros internacionales donde los protagonistas se desgarran la investidura preocupados porque se violan los derechos humanos de los indígenas. Pero todo eso queda en el papel y en buenas intenciones. El martes 19 de octubre, el pleno de la comisión permanente consideró hacer un llamado al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescente (SIPINNA) para que, en coordinación con el Instituto Nacional de los pueblos Indígenas (INPI) refuercen las acciones para prevenir, erradicar y sancionar el matrimonio infantil y las uniones forzadas, en realidad es puro teatro
La tragedia de Angélica no es un caso aislado y ha servido para que el gobierno estatal, federal y los legisladores pongan el grito en el cielo y se declaren como defensores de los derechos de las mujeres y de las niñas. Pero son llamaradas de petate y puro pose protagónica. Para cambiar la situación de vida de los indígenas de nuestro país y de los pobres en general no son suficiente exhortos, iniciativas de ley y creación de institutos. Han pasado 15 años desde que fue considerado Cochoapa el Grande como el municipio más pobre de México, y sigue ocupando el primer lugar en rezago social y en marginación. Por ahí han desfilado presidentes de la república, e, incluso, el actual. Como candidato lo visitó hasta tres veces, ahí acuñó la famosa frase “de primero los pobres”. Sin embargo, los datos de Inegi nos dicen que en este municipio el 86.60% de la población percibe un máximo de dos salarios mínimos; el 75.81% de los habitantes mayores de 15 años son analfabetos, y el 98.63% no cuenta con servicios de salud. Respecto a los hogares: el 93.72% no tiene baño ni drenaje; el 60.78% no tiene electricidad; el 57.67% carece de agua corriente, y el 95.46% de las casas el piso es de tierra, en todo el municipio la escuela de mayor nivel académico son los telebachilleratos, no hay fuentes de empleo. La gente de esos lugares son personas trabajadoras, madrugadores, inteligentes, pero su atraso cultural y la necesidad de sobrevivir los ha orillado a practicar acciones antisociales y eso no es culpa de ellos, el verdadero culpable es el sistema económico y los que gobiernan este país. La verdadera violación de los derechos humanos la están cometiendo los gobiernos, en primer lugar por no desarrollar un plan económico generador de fuentes de empleo, de no impulsar una infraestructura educativa, para que la juventud se prepare y los aleje del vicio y del ocio, por la falta de los servicios elementales, como el agua, la luz, el drenaje, esos son los derechos humanos fundamentales, al igual que el derecho de tener una vivienda digna, son derechos que están considerados en la carta magna de nuestra nación, es una ley. El Gobierno es el primero en estarla violentando al no cumplir lo que manda la Constitución. Dejen de echarle la culpa a los “usos y costumbres” de los pueblos indígenas. A los pobres de esta patria no nos queda otro camino que cambiar de raíz el sistema injusto por el que se rige el gobierno que tenemos, debemos aspirar un México mejor para todos, que haya una mejor distribución de la renta nacional, se debe de aplicar una política recaudadora de forma progresiva; es decir, que paguen más impuestos los que ganen más, se deben de crear fuentes de empleo bien remunerados para todo aquel que está en edad de trabajar. Todo esto es posible y es lo que propone el Movimiento Antorchista Nacional.
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