Como quiera que se conforme la próxima Cámara de Diputados en San Lázaro es urgente que se analice la situación del pueblo referente al aumento salarial a los trabajadores de México, así como la implementación de subsidios que debido a la pobreza generalizada serían de gran alivio para la gente.
En la década de los años 90, cuando el gobierno anunciaba el incremento del precio de productos o servicios de consumo popular como la tortilla, luz, gas, gasolina, etc., al día siguiente se habría el debate, unos a favor de otorgar apoyos, mientras los enemigos declarados de la “economía ficción”, se deshacían en ilustrarnos acerca de lo nocivo que era subsidiarlos.
Siempre se centraban en destacar las grandes ventajas de la economía de libre y abierta competencia, “ya basta de gobiernos paternalistas, ya es hora de que los mexicanos nos pongamos a la altura de las circunstancias”, sostenían.
Lo curioso de los análisis de tales exégetas estribaba en que solo veían y abordaban un ángulo del problema: la necesidad de acabar con los subsidios para bien del presupuesto público y de los negocios en general, pero no la obligación de atender los problemas que para las clases populares se derivan de la eliminación de tales políticas.
Hoy el gobierno de la 4T ha eliminado todo subsidio a los combustibles, a los programas como el Prospera o el Seguro Popular sin brindar otras opciones de acuerdo con su política centralista, y nada dice del aumento real del salario, uno que se sienta en el bolsillo de las familias mexicanas y las haga independientes de las entregas monetarias de Morena.
Con Morena hay una economía basada abiertamente en los principios del capitalismo liberal que postula que el papel del Estado no es ni puede ser el de agente económico activo, sino solo el de garante del equilibrio entre las clases, entre los “factores de la producción” y de la paz social”, para lo que no tiene problema en entregar dinero a los pobres afectando el presupuesto público con tal de mantenerlos tranquilos, contentos y votando en las urnas sin cuestionar que han dejado de hacerse obras que generan bienestar social.
Con la 4T, al trabajador tampoco le es suficiente su salario cuando este es el único recurso mediante el cual es partícipe de la riqueza social y aunque el gobierno de López Obrador presuma que logró un incremento, francamente no sirve para nada porque todos los productos han aumentado también su precio.
Por tanto, se espera honestidad y congruencia por parte de los próximos diputados federales al momento de aprobar el Presupuesto 2022 y las discusiones sobre las percepciones de los trabajadores; sería traición olvidarse del aumento salarial y los subsidios para el pueblo trabajador porque a como están las cosas urgen ambas medidas para que se preserven y mejoren los niveles de vida de las grandes mayorías.
La decisión que tomó el pueblo en las urnas el 6 de junio pasado, debe cuando menos lograr los equilibrios necesarios para que el gobierno garantice buenos salarios para todos los trabajadores y la aplicación de políticas públicas que sirvan como paliativos a los que menos tienen.
Pero es tarea del Gobierno federal y de todos los mexicanos la exigencia de la elevación de los salarios, aunque para ello tengan que reducirse las ganancias de los grandes inversionistas. Morena (que presume de mucho respaldo), debe presionar a los grandes patrones para que respondan con equidad y responsabilidad a los requerimientos de los obreros que no pueden seguir viviendo en cuchitriles fétidos, hacinados y mal alimentados.
El pueblo de México no debe seguirse degradando física y mentalmente por la carencia hasta de tortilla para alimentarse, por eso, las nuevas autoridades electas deben oponerse a continuar con la política que pone en riesgo la paz y el equilibrio social de nuestra patria hipotecando para siempre y sin remedio el futuro de México como nación libre, soberana e independiente con la visión de Morena.
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