Recientemente el gobierno del Lic. Enrique Peña Nieto, acaba de cumplir la mitad de su sexenio y no se ve cómo pueda cumplir con una de sus promesas de campaña, a saber, que la vida de los hombres del campo y su familia mejoraría en el terreno económico y social. La realidad dice todo lo contrario, cada día la pobreza se enseñorea en los poblados rurales, hay hambre, enfermedad, falta de servicios, el desempleo es una constante, y esto no es exclusivo de las zonas tradicionalmente pobres como Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Veracruz, sino también en estados que se tienen como de los más avanzados en la tecnología aplicada al campo, como Sinaloa, Guanajuato, Tamaulipas, Chihuahua, por mencionar algunos.
Y esto es así porque la actividad agropecuaria está en crisis, no hay certidumbre en el campo, los productores cada día se la ven más difícil para producir y competir en el mercado, los insumos son carísimos y no se compensan con los raquíticos ingresos de la venta de las cosechas. Y esto se refleja en que cada día más productores dejan la actividad, porque simplemente ya no les da, y los que aún permanecen, como es el caso de productores pequeños y medianos del país, reducen cada vez más la superficie de cultivo. A esto se agrega las afectaciones ocasionadas por el cambio climático que afectan severamente los rendimientos e ingresos de los productores, sin que el gobierno federal y de los estados, se hagan responsables y solidarios con los seguros catastróficos.
Hay desesperación en las familias campesinas, simplemente ven que por más que se anuncian cifras millonarias para el campo, estos recursos no llegan a ellos, se canalizan hacia los grandes capitalistas del campo, quienes tienen fuerza y poder para monopolizar los programas de la Sagarpa, eso es muy palpable en Sinaloa, donde los pequeños y medianos productores no son tomados en cuenta para ser sujetos de apoyo, aquí los modernos terratenientes son los beneficiarios para tecnificar las grandes superficies, construir con dinero público grandes almacenes de granos , invernaderos inmensos, pero todo ello para explotar la mano de obra de los jornaleros agrícolas a quienes siguen pagando salarios ínfimos y, para amasar grandes fortunas a costa de pagar precios irrisorios a las cosechas, y no solo eso, sino pagarles hasta que se les antoje, ejemplo de ello son los productores sinaloenses, quienes después de un año de haber entregado la cosecha, siguen esperando su pago.
Mucho se ha hablado por el gobierno federal, por los políticos de los partidos, por los legisladores, de que está en puerta una nueva reforma al campo y, los campesinos se preguntan ¿Para seguir beneficiando a los mismos de siempre?. Pues desde el famoso Tratado de Libre Comercio (TLC), celebrado por el entonces presidente de la república Carlos Salinas de Gortari, con los gobierno de Estados Unidos y Canadá, a la mayoría de los campesinos les ha ido mal, pues al mercado mexicano llegan productos agropecuarios de esos países, que compiten con los nuestros con una gran ventaja por los grandes subsidios que sus gobiernos les otorgan. Actualmente el 47 por ciento de los productos agropecuarios que consume el pueblo de México, vienen del extranjero.
Los hombres del campo de una cosa están seguros, cualquiera que sea la reforma, sino se diseña una política de abaratar costos de los insumos como las semillas, fertilizantes y demás agroquímicos y si tampoco se toca al intermediarismo, las cosas seguirán igual o peor. Los que diseñen y aprueben la próxima reforma, deben entender que en el campo mexicano, el horno no está para bollos, cada día crece la inconformidad hacia el gobierno y que si no se toman medidas a tiempo, el riesgo de un estallido social no es tan lejano.
El gobierno del Lic. Enrique Peña Nieto debe rectificar y reorientar en esta segunda mitad de su gobierno, su política hacia el medio rural, haciendo que realmente los presupuestos destinados al campo, beneficien a los pequeños y medianos productores, que se les apoye con subsidios mayores para adquirir insumos, en obras de infraestructura hidroagrícola, en vías de comunicación, en capacitación técnica y, que se eche a andar nuevamente una productora nacional de semillas, que sirva como contrapeso a las grandes distribuidoras transnacionales como Monsanto, que planee mejores canales de comercialización y se obligue a los acaparadores de siempre, a pagarle a tiempo las cosechas a los productores; finalmente pero no menos importante, que a los jornaleros agrícolas se les garantice un salario justo y condiciones de vida dignas, pues en Sinaloa que es el mayor receptor de jornaleros agrícolas, 200 mil al año, los jornaleros siguen viviendo en galerones, como en los viejos tiempos del porfirismo, el IMSS simplemente es comparsa de los capitalistas del campo, a quienes no obliga a pagar salarios justos, respetar la jornada de 8 horas y brindarles un seguro social a sus trabajadores.
Si esto se hiciera mínimamente, el gobierno peñanietista cosecharía la simpatía de la gran mayoría de la población rural, pues sin duda alguna su nivel de vida se elevaría. Hacemos votos para que así sea.
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