Oficialmente en México no hay presos políticos. Nadie está preso, muerto y mucho menos desaparecido por el delito de ser un luchador social... según las leyes vigentes en nuestro país, aunque la realidad demuestre lo contrario. Sin embargo, en los hechos, los hay, pero no reconocidos formalmente. O sea, en México, no se puede encarcelar legalmente a nadie por ser un luchador social, no se le puede perseguir porque el delito de “luchador social” no existe.
El sistema político vigente intentó introducir en el código penal, el delito de disolución social, con el cual se buscaba abiertamente encarcelar a todo opositor al régimen bajo el pretexto de la alteración del reposo público y atentar contra la soberanía nacional. Sin embargo, en 1970, como resultado del movimiento estudiantil de 1968, se derogaron los artículos que tipificaban este delito. Aun así, los intereses económicos y políticos del gobierno no cesan en su empeño de eliminar opositores aplicando los recursos asimilados en su larga historia de dominio sobre nuestro país.
Hay diferentes maneras de encarcelar a un opositor al régimen sin que lo tenga que presentar como un preso por motivos políticos. También, desgraciadamente, hay otras tantas maneras de eliminar físicamente a un adversario cuando la tarea organizativa y concientizadora de éste representa un obstáculo para el desarrollo de los negocios y ocasiona pérdidas económicas a los caciques locales o a los empresarios, cuya ambición no se detiene ante lo sagrado de la vida humana.
Los campesinos muertos en Santiago Yosoñama, Oaxaca, son el más claro ejemplo de ello. El gobierno local y federal siempre dirán que fueron asesinados por las riñas entre familias locales; nunca aceptarán que fueron provocadas por la violencia caciquil que pretende eternizar su dominio sobre los habitantes de esa parte de la mixteca y con ello asegurar las ganancias económicas producto de los abusos cometidos. Esos argumentos de los funcionarios son un velo con el cual pretenden ocultar las atrocidades cometidas contra los opositores políticos de los caciques.
De la misma manera, uno de los recursos legales que se aplican a los luchadores sociales para hacerlos desistir de su participación en los movimientos políticos es su encarcelamiento por el atrevimiento de organizar y luchar al lado del pueblo oprimido, de tal manera que, manipulando la ley, distorsionando los acontecimientos, es posible revestir de legalidad en un acto a todas luces arbitrario y amañado como el que se aplica en Hidalgo contra nuestro compañero Domingo Ortega Butrón.
Como no es posible encarcelarlo como luchador social, primero lo tuvieron que convertir en un delincuente; es decir, le atribuyeron delitos que nunca cometió, pero que el gobierno, con su magia de prestidigitador, utiliza para mantenerlo encerrado. Es decir, utiliza todos los ardides judiciales para hacerlo aparecer ante la sociedad como un criminal; ahí es donde aparece todo el arsenal de delitos de que disponen: motín, daño en propiedad ajena, robo agravado, ataques a las vías de comunicación, vandalismo y otros delitos del fuero común, todos con la intención de estigmatizar a nuestro compañero y justificar su encarcelamiento.
Los peligros a los que se enfrenta un luchador social en nuestro país son diversos y generalmente comienzan cuando, en la defensa de los más desprotegidos de la sociedad, los poderosos ven un atentado en contra de sus intereses.
Nosotros estamos plenamente seguros que luchar por mejorar las condiciones de todos no es un delito; que la búsqueda de alternativas para contar con un ingreso para alimentar a la familia, conseguido con el trabajo honesto, como es el caso de los transportistas a los que representa Domingo Ortega, no es un crimen; al contrario, es la forma más digna de vivir de su trabajo, sin tener la necesidad de explotar a nadie.
El proceso que se sigue en los tribunales del estado de Hidalgo contra nuestro compañero es una farsa porque está plagado de irregularidades, lleno de datos falsos que solamente están destinados a mantener a Domingo Ortega en prisión. Este proceso realmente es un nuevo intento por despojar al pueblo de sus derechos a la libertad de organización, de manifestación, de expresión de sus ideas y del acceso al trabajo y a la seguridad social. La forma misma en que se le llamó a una negociación con los funcionarios del transporte y movilidad para poder encarcelarlo es digna de todo un provocador.
Ante estos atropellos cometidos en el estado de Hidalgo en contra del pueblo trabajador, los integrantes del Movimiento Antorchista Nacional levantamos la voz para exigir la libertad inmediata de nuestro compañero Domingo Ortega Butrón y el respeto a su integridad física y moral.
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