La semana pasada comenté que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá problemas para recabar los ingresos fiscales que le permitan hacer frente al gasto público del Gobierno en los próximos años, debido a que ya se gastaron los ahorros que las anteriores administraciones habían formado, a la sobreestimación del crecimiento en el paquete económico de 2022 y a que Pemex ingresará menos dinero a la Secretaría de Hacienda. Que sería un reto difícil de conseguir mantener finanzas públicas sanas y que, seguramente, tendría que modificarse la estructura tributaria del país y hacer ajustes en el gasto público.
El tiempo me ha dado la razón, pues apenas el pasado 14 de septiembre, en un intento por ampliar la base gravable para incrementar la recaudación tributaria, la senadora María Soledad Luévano Cantú, en representación de la bancada de Morena, presentó la iniciativa de ley para el Fomento del Comercio Informal, que plantea prohibir el comercio informal en el país y establecer las sanciones correspondientes para los comerciantes que no se encuentren debidamente inscritos en un padrón de incorporación fiscal que creará la Secretaría de Economía. Tal iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Economía y Estudios Legislativos.
Esto significa que, de aprobarse esta iniciativa, en adelante, los taqueros, la señora del puesto de garnachas de la esquina o la del atole con tortas de tamal, las marchantas que venden nopales, los tianguistas y los vendedores ambulantes de infinidad de productos diseminados por todos lados, hasta los limpiaparabrisas, tendrán que pagar impuestos por la fuerza, de lo contrario, tendrán que pagar una multa y sus mercancías serán decomisadas.
La iniciativa plantea algunas reglas, aquí algunas de ellas: los comerciantes deberán comprometerse a tener un horario fijo de al menos 56 horas semanales; se les asignará un espacio con alquileres económicos para los comerciantes que se encuentren en la vía pública; podrán gozar de tarifas más accesibles para otorgar a sus empleados Seguro Social en el IMSS; se impondrá una multa de 500 a 1,000 cuotas de salario cuando no se encuentren debidamente inscritos en el régimen fiscal; cuando se detecte un negocio sin registro fiscal se procederá a recoger todas las mercancías hasta en tanto realicen su registro y paguen la multa correspondiente; para los negocios que se encuentren dentro de la vía pública se les impondrá hasta el doble de multa y se les recogerá su mercancía inmediatamente hasta que no demuestren que ya se encuentran debidamente inscritos y comprueben que ya han pagado su multa correspondiente; los comerciantes que no cumplan con al menos 56 horas semanales perderán el derecho al subsidio del 25% en los impuestos que deben pagar.
Con esta iniciativa se pone de manifiesto, una vez más, que el gobierno de Morena no está del lado de los pobres, a los cuales, de palabra dice defender, que en los hechos concretos apoya a los grandes empresarios, a los ricos. Pues en lugar de establecer una política fiscal progresiva, en la cual paguen más impuestos los que ganan más, tal como lo señalan especialistas y organismos internaciones, como la OCDE y la Oxfam, le clava el puñal a los más jodidos del país. La importancia del sector informal es muy grande, pues conforme a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, del total de la población económicamente activa, 6 de cada 10 trabajadores se emplean en el sector informal: 31 millones de personas se encuentran en este sector y aportan el 23% del PIB.
El gobierno de Morena no toca ni con el pétalo de una rosa las grandes fortunas de los magnates mexicanos, como si lo hacen algunos gobiernos de los países desarrollados, por ejemplo, Finlandia, Noruega, Eslovenia, Bélgica, Japón, Dinamarca, entre otros que gravan hasta el 50% de los ingresos de los sectores más ricos. Los ricos mexicanos viven en un paraíso fiscal. Una persona que gana en promedio 65 millones de pesos al mes paga la misma tasa efectiva de impuestos que alguien que gana 23 mil pesos, conforme lo señala la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (New York Times del 5 de abril del 2021).
Esta actitud voraz del gobierno de la “Cuarta Transformación” se ve confirmada por la propuesta de reforma al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, que plantea que todas las personas mayores de 18 años deberán solicitar de manera obligatoria su inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. Es decir, que todas las personas mayores de edad se conviertan en contribuyentes.
El Gobierno de la 4T no solo golpea a los más pobres con mayores impuestos, sino que sus políticas están llevando al incremento de los precios de los productos. Por ejemplo, el precio de la gasolina, en el periodo que va de enero a agosto del 2021, sufrió un incremento alto: la Magna subió 1.70 pesos por litro, la Premium 2.85 pesos por litro y el diésel 2.08 pesos por litro, a pesar de que el presidente López Obrador prometió que disminuiría el precio de este combustible durante su gobierno. Pero no solo la gasolina se ha encarecido, sino todos los productos de la canasta básica, con lo que el tan cacareado incremento del salario mínimo quedó hecho polvo, golpeando la economía de los sectores más pobres de la población.
La opinión pública no debe permitir que al mismo tiempo que se golpea la economía de los más débiles, se le manipule y se les engañe. Debe entender que, si queremos un país distinto, necesitamos organizarnos como pueblo trabajador y de manera consciente prepararnos para la toma del poder y ejercerlo correctamente con un nuevo modelo económico de nación.
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