Actualmente, el tema que ha causado controversia en Querétaro, por su importancia y porque es de interés para la ciudadanía, ha sido el acceso al agua potable. Son muchos municipios en donde se está sufriendo por tener el vital líquido que alcance para mantener el cuidado y la salud de las familias.
En los últimos días, han sido más constantes las quejas de ciudadanos que se han cansado de la situación, pero a las autoridades parece importarles muy poco. En Santa Rosa Jáuregui, por ejemplo, familias de diversas comunidades como Pie de Gallo, Cerro de la Cruz, La Carbonera, La Estancia, entre otras, se presentaron en la cabecera delegacional para exigir tanto a Comisión Federal de Electricidad (CFE) como a la CEA, la regularización de ambos servicios porque son constantes las fallas y ninguna autoridad se pronuncia al respecto.
Otro caso, es el de los habitantes de la región de Casa Blanca en el municipio de Tolimán, allá los pobladores llevan más de mes y medio sin el servicio y los recibos de pago por el supuesto consumo llegan con un costo elevado.
En el municipio de Corregidora, varias familias no cuentan con el servicio en sus hogares, puesto que los contratos de tomas de agua potable, en zonas como La Negreta, donde la población es netamente de escasos recursos económicos, rebasan los cincuenta mil pesos. Y por su fuera poco, donde las autoridades de la paraestatal se comprometen a introducir el servicio hasta firmando acuerdos y compromisos, simplemente se han mantenido omisas al cumplimiento; ahí están los campesinos de Cadereyta de Montes que llevan más de 50 días en plantón, frente al Palacio de Gobierno, exigiendo que la CEA y el vocal ejecutivo Luis Alberto Vega Ricoy, cumplan con su trabajo. Y se pueden mencionar más casos.
Pero la reacción de quienes se encargan de procurar que las leyes se cumplan, que los derechos ciudadanos se garanticen a la población, que se gobierne a favor de las masas y no de una élite social, simplemente ha sido de un total silencio e ignorar los padecimientos de la población.
Hace unos días la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones de la LX Legislatura del estado, encabezada por los diputados panistas, Germaín Garfias Alcántara, Manuel Pozo Cabrera y Luis Gerardo Ángeles Herrera, aprobó con tres votos a favor las iniciativas que crean la Ley de Aguas del Estado de Querétaro, a pesar de las constantes manifestaciones de diversos grupos y de las problemáticas que vive la población.
De acuerdo con los legisladores, la creación de dicha ley tiene que ver con la regulación de los prestadores del servicio y las concesiones de instituciones públicas y privadas pero que no va enfocada a la privatización de dicho recurso.
Sin embargo, diversos colectivos, organizaciones y ciudadanos en general tienen una perspectiva diferente puesto que la aprobación para la creación de dicha ley no cuenta con suficientes elementos que garanticen que el agua no podrá ser objeto de lucro por los supuestos organismos operadores.
La ley no contempla ni siquiera el cuidado y uso correcto del agua potable, o garantizar el derecho humano al agua potable, lo único que hace es darles facultades a los desarrolladores inmobiliarios de utilizar organismos operadores de agua y que tengan capacidad de invertir en la factibilidad de esta para la creación de más conjuntos residenciales.
Los queretanos de las colonias populares y zonas campesinas tienen el mismo derecho al acceso al agua potable, no debería el gobierno en turno ignorar las peticiones y mucho menos dejar en el olvido las promesas de campaña. De seguir, así las cosas, y la falta de intervención del gobernador del estado, más temprano que tarde el PAN perderá presencia política en el estado de Querétaro porque cada vez son más los ciudadanos que no cuentan con una gota de agua en sus hogares.
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