El pasado miércoles 7 de diciembre, el Congreso de Yucatán, compuesto mayoritariamente por diputados del Partido Acción Nacional (PAN), aprobó el paquete económico del estado para el ejercicio 2023, mismo que asciende a 54 mil 305 millones 193 mil 142 pesos. La Ley de Ingresos fue aprobada con 21 votos a favor y cuatro en contra, y la de Egresos, con 17 a favor y ocho en contra. Los legisladores locales sólo podían aprobar o rechazar la propuesta enviada desde el Palacio de Gobierno, ¿les recuerda algo?
El paquete fiscal 2023 propuesto por el Poder Ejecutivo, analizado y autorizado por el Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto de Yucatán, integrado por cámaras empresariales, miembros de la academia, de colegios de profesionales, expertos en administración y finanzas, y representantes de la sociedad civil, creado por iniciativa del actual gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, en los primeros días de su administración, dice que está diseñado “para apoyar la economía de las familias yucatecas, ante los actuales tiempos difíciles que atraviesa el país, al no prever nuevos impuestos que eleven la carga fiscal para los ciudadanos y el sector empresarial”; sin embargo, mantener la misma política impositiva, favoreciendo evidentemente al sector empresarial, no ayudará a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores yucatecos ya de por sí disminuidas por la pandemia, la inflación y los bajos salarios.
A pesar de que en la entidad se han recuperado los empleos perdidos por la pandemia y creado 45 mil más, de acuerdo con las estadísticas del gobierno estatal; la situación económica de la mayoría de los yucatecos no ha mejorado, no olvidemos que, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el número de personas en situación de pobreza extrema a nivel local, de 2018 a 2020, aumentó de 147 mil 600 a 263 mil 700 (11.3 por ciento); pero no son solamente los datos, la terca realidad que vivimos día a día lo pone de manifiesto.
Se necesita entonces que el Estado aplique una política fiscal progresiva si lo que se pretende es apoyar la economía de los yucatecos en estos momentos de dificultades económicas y de salud, para revertir los niveles de pobreza y desigualdad que padece casi la mitad de la población yucateca (49.5 por ciento): carencia de seguridad social, bajos niveles de educación, disminución de los recursos destinados a programas de obra social como vivienda, servicios públicos y apoyo al campo.
Por lo pronto, la aprobación del paquete económico 2023, por parte del Congreso del Estado, ha dado pie a que organismos del sector privado como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Yucatán celebren su aprobación; por el contrario, los yucatecos que no participamos en las propuestas de las fuentes de los ingresos y mucho menos como se gastarán estos, seguiremos exigiendo que se resuelvan las necesidades de carácter social que tiene la mayoría de la población.
El paquete económico anuncia ligeros incrementos a los rubros de desarrollo social, salud, educación, seguridad, infraestructura, movilidad ciudadana, entre otros, por lo que los yucatecos adheridos al Movimiento Antorchista reiteramos nuestra exigencia de que las demandas plasmadas en nuestro pliego petitorio de obra social y servicios se resuelvan, puesto que, de ocurrir, redundará en mayor bienestar para yucatecos de 48 municipios que también necesitan del apoyo de sus gobernantes.
Algunos medios de comunicación difundieron que el paquete fiscal 2023 está elaborado con sentido social, su aplicación, ¿será igual? Se dice que parte importante de los recursos de infraestructura contempla inversiones que se realizarán en conjunto con el Gobierno federal y la Iniciativa Privada, como las centrales eléctricas, el Nuevo Parque La Plancha, el Libramiento de Progreso y el Nuevo Hospital O’Horán, entre otros y que se continuará con la transformación sustentable de la movilidad en Yucatán, a través de una asignación histórica, para la actualización de camiones, la mejora del servicio de transporte, la creación de nuevas rutas y el inicio de la implementación del Ie-Tram, que será una ruta única en su tipo en toda Latinoamérica y la primera en todo el sureste del país.
Ojalá, la vivienda, la salud, la educación, las pavimentaciones de calles, la introducción y ampliaciones de redes de energía eléctrica y de agua potable, el drenaje, los parques, la seguridad en colonias y comunidades pobres, los caminos saca-cosechas, los insumos agrícolas, apícolas y pesqueros no queden en buenos deseos, durmiendo el sueño de los justos, porque quienes demandan atención en estos rubros, son los sectores más empobrecidos de la entidad.
A diferencia de lo que ocurre en otros estados del país, en donde los congresos locales establecen un parlamento abierto con la ciudadanía para encauzar mejor los recursos, en Yucatán, los diputados solamente pueden aprobar o rechazar la propuesta enviada por el Gobierno del estado, sancionada previamente por un organismo creado exprofeso, pero si queremos que el paquete fiscal tenga verdadero sentido social, se les debe dar cabida y tomar en cuenta las diversas expresiones populares, solamente así, se asegurará medianamente que las necesidades del pueblo sean consideradas.
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