La semana pasada, todos los precandidatos de Morena a la presidencia de la república renunciaron a sus cargos como funcionarios. El primero en renunciar fue Marcelo Ebrard, que ahora es ex secretario de Relaciones Exteriores. Luego renunciaron el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el senador Ricardo Monreal, así como el diputado Gerardo Fernández Noroña, del PT, y el diputado Manuel Velasco, del Partido Verde.
Las precampañas de Morena por la candidatura presidencial no iniciarán ahora. Claro que no. La verdad es que los precandidatos de Morena con más cercanía al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hace muchos meses que iniciaron sus campañas por todo el país con decenas de miles de pintas, espectaculares, visitas a los estados, entrevistas en la prensa y publicidad en las redes sociales. Hace meses que su publicidad le dice a la gente que cada uno de ellos es el elegido o elegida por López Obrador para sucederlo. A pesar de que se trató de una flagrante violación a la ley, de que legalmente no estaba permitido, la justicia mexicana se los perdonó con el supuesto de que “no estaban promocionando su imagen”.
Una vez terminadas las elecciones del Estado de México y Coahuila, Morena de inmediato se alista para las campañas presidenciales. Por eso, el domingo 11 de junio, los precandidatos de Morena, el PT y el PVEM firmaron un acuerdo que dice que realizarán campaña abierta durante 70 días por todo el país. Estas campañas iniciarán el 19 de junio y terminarán el 27 de agosto. El día 28 de agosto, el partido realizará una encuesta a nivel nacional, que será la oficial, y tres encuestas más de soporte a la encuesta principal.
Desde luego, la campaña buscará promocionar al precandidato o al coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Es decir, con este pequeño detalle, legalmente, ante la ley, Morena, el PT y el PVEM, no tendrán problemas. Sus precandidatos harán campaña violando la ley, sin que nadie los pueda acusar legalmente de nada. Se trata, pues, de la violación a la ley desde el Palacio Nacional, con autorización del presidente de México.
Cada precandidato gastará por lo menos 70 millones de pesos, en los 70 días, para su promoción personal. Aunque dicen que serán campañas austeras, lo cierto es que cada uno invertirá decenas de miles de millones en el conteo oficial y en el conteo no oficial para hacerse publicidad en todo el país. Y la duda es: ¿de dónde saldrá tanto dinero? Es claro que del dinero de los mexicanos. ¿Y por qué los mexicanos debemos pagarles las precampañas a gente que no ha hecho nada por el país, a gente que no tiene un proyecto de nación? Se los debemos pagar porque son los amigos del presidente. Nada más por eso. También considero que las encuestas son una mascarada, que no serán definitivas sobre la decisión final. ¿Quién va a definir al candidato o a la candidata? Lo definirá el presidente del país, no hay otra. ¿A quién va a elegir? Al seguidor más fiel, a quien haga lo que él le ordenará, a quien no le repele, al muñeco del ventrílocuo que le permita seguir ordenando y gobernando al país, como hace años lo hizo Plutarco Elías Calles, desde su rancho. Por eso, las cuatro corcholatas más cercanas buscan su aprobación y, cada que pueden, no se apenan en limpiarle los zapatos.
De manera que el famoso acuerdo de Morena para lograr la unidad, tomado el 11 de junio, solo implicó que López Obrador les impusiera las reglas a los candidatos más aventajados y que, a un año de las elecciones presidenciales, Morena ya inició campaña, aunque sea violando la ley. Y la oposición partidaria, ¿no hará la denuncia? ¿Permitirá que Morena les aventaje? Si quieren competir seriamente en 2024, ya deberían estar actuando. A los poblanos que me escuchan les digo: un partido que inicia su carrera electoral violando la ley, es un partido que violará la ley en el gobierno en perjuicio del pueblo trabajador. Pensemos en eso y actuemos en consecuencia.
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