Nos enteramos, con felicidad, de que un juez federal desestimó todos los cargos que se habían levantado en contra de un grupo de científicos que, en alguna época, fueron miembros importantes de la mesa directiva del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
Fueron acusados por la administración del CONACyT y por la Fiscalía General de la República (FGR), de peculado, uso indebido de atribuciones y funciones, operaciones con recursos de procedencia ilícita, y hasta de delincuencia.
A lo largo de este proceso, que llevó casi tres años, varios jueces ya habían determinado que la carpeta de investigación presentada por la FGR no contenía ninguna prueba de que los científicos imputados hubieran cometido tales delitos.
Tras varias apelaciones, tanto de la parte acusatoria como de la parte acusada, el caso finalmente llegó al Segundo Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito, donde el juez, nuevamente, no encontró prueba alguna de comisión de ninguno de los delitos y ordenó que el caso fuera archivado definitivamente.
Ante este resultado, yo sólo veo dos opciones. Todo el sistema judicial de México esta podrido (como lo ha dicho el presidente) y todos los jueces son delincuentes que protegen a otros delincuentes.
Tanto la denuncia presentada por el Conacyt en contra de los científicos como la carpeta de investigación elaborada por la FGR están llenas de mentiras.
Veamos la evidencia. El gobierno de la 4T nos ha mentido a la cara en muchísimas ocasiones. En junio del 2020 el gobierno de la 4T nos dijo que la pandemia de Covid-19 ya se había controlado cuando en realidad la cantidad de infectados y muertos estaba claramente aumentando.
Nos dijeron que el cubrebocas no era necesario, que la covid-19 no era una enfermedad por la cual preocuparse ya que era como una simple gripa, que los niños no necesitaban vacunarse cuando también estaban muriendo, que el presidente no podía contagiar a nadie porque su fuerza era “moral y no de contagio”.
Nos han dicho también que la inseguridad en el país ha bajado cuando todos vivimos diariamente en condiciones de inseguridad sin precedentes y sabemos muy bien que hay lugares a los que ya no podemos ir porque han sido completamente controlados por el crimen organizado (el verdadero, no el fabricado en contra de los científicos denunciados por el Conacyt).
Nos han dicho que la economía del país ha mejorado cuando nuestro sueldo alcanza cada vez para comprar menos. Podríamos escribir un libro de muchas páginas con todas las mentiras que este gobierno nos ha escupido en la cara.
Pero, regresando al caso de los científicos, para justificar sus mentiras la Dra. María Elena Álvarez-Buylla Roces, actual directora del Conacyt, presentó otra mentira aún másgrande en la mañanera del 3 de mayo. Mostró un organigrama donde acusaba a diversas instituciones de investigación y educación, tanto públicas como privadas, de corrupción y desvío de recursos.
Esta imagen estaba elaborada al más puro estilo de los organigramas que presentan las redes de vínculos entre miembros de cárteles de la droga. El Centro de Investigación y Educación Económicas (CIDE) estaba en el centro de la supuesta “red de corrupción”, como si el CIDE fuera el “cerebro maestro”de todo lo malo que ocurre en la ciencia mexicana. Buena jugada para engañar al público que no sabe cómo funcionan las instituciones científicas de México.
Pero quienes sí sabemos, sólo pudimos ver en esa mañanera un torrente de mentiras, calumnias y abusos verbales sin ningún sustento.
La principal acusación de la Dra. Álvarez-Buylla en contra de las instituciones públicas de investigación y educación se centró, sin ninguna prueba, en que se ha utilizado dinero público para financiar investigaciones en compañías privadas. Se le “olvidó” decir a la doctora que la Ley de Ciencia y Tecnología formulada y aprobada en gobiernos precedentes, se creó con la intención de que las universidades públicas aumentaran su presupuesto obteniendo fondos de la industria privada debido a que, históricamente, la gran mayoría de los fondos que reciben las universidades públicas en México provienen del Estado.
Bajo el marco regulatorio de esta ley, cuando una universidad pública firmaba un convenio de colaboración con una compañía privada para llevar a cabo alguna investigación, tanto la universidad pública como la compañía privada se comprometían a aportar los llamados “fondos concurrentes”, es decir, la compañía privada aportaba por lo menos la mitad del dinero para llevar a cabo la investigación y la universidad pública la otra mitad (a través del Conacyt o de otros fondos públicos que estuvieran disponibles). Este tipo de convenios son práctica común en universidades muy exitosas a nivel mundial como Harvard, el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT), y muchas más, sin que nadie acuse a los investigadores de esas universidades de delincuencia organizada.
En la mañanera del 3 de mayo, a la Dra. Álvarez-Buylla se le olvidó, por dolo o ineptitud, mencionar que los científicos que fueron acusados por el Conacyt de delincuencia organizada operaron estrictamente bajo el marco regulatorio de la ley en materia de Ciencia y Tecnología imperante en aquella época y que, como ya dije, se formuló con la intención de que las universidades públicas diversificaran y aumentaran su presupuesto con dinero de la industria privada.
Por eso, los jueces no encontraron ningún delito en el proceder de los científicos imputados. Por eso la acusación en su contra es una mentira flagrante y los argumentos presentados por el gobierno de la 4T se desmoronaron ante el Poder Judicial varias veces.
No me extrañaría que, ante la resolución de todos los jueces que exoneraron completamente a los científicos imputados, el presidente o alguno de sus seguidores vuelvan a arremeter en contra del Poder Judicial diciendo que todo está podrido y que la Ministra Norma Piña es una traidora a la patria(aunque no tenga nada que ver). Pero esta sólo sería otra mentira más de la 4T.
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