La propuesta de la consulta para enjuiciar a expresidentes fue planteada en un primer momento, durante la campaña de 2018 de Andrés Manuel López Obrador, como parte de sus promesas electorales del combate a la corrupción y de la impunidad. Pero al llegar a la presidencia su discurso cambió y bajo el argumento de que su fuerte no es la venganza, pidió que fuera la ciudadanía quien solicitara y votara por enjuiciarlos. Tras las filtraciones y revelaciones que se hicieron el año pasado, especialmente después de que se filtró la denuncia de Emilio Lozoya, fue el mismo López Obrador quien se sintió “obligado” a solicitar la Consulta Ciudadana para enjuiciar no sólo a Peña Nieto sino a todos los expresidentes del periodo “neoliberal”.

Por primera vez en la historia el ejercicio de Consulta Popular establecido en la Constitución Mexicana en 2019 a través de una reforma promovida por el gobierno de López Obrador, sin duda, al menos en el papel, fue un paso adelante en la participación ciudadana en la toma de decisiones del gobierno. Lo que es lamentable es que este importante instrumento sea usado no para que la voz de los ciudadanos se convierta en un mandato, sino para un circo montado por AMLO y la llamada Cuarta Transformación. 

En la antigua Roma, en el gobierno había el lema lapidario panem et circenses (Pan y circo), que se usaba para resumir un mecanismo de poder y control sobre el pueblo romano. A través de espectáculos públicos organizados por el gobierno en el circo y el anfiteatro se buscaba que el pueblo desfogara ahí su molestia e inconformidad, más si eran momentos de escasez y crisis política, en vez de desfogarla contra las autoridades. Luego del espectáculo el pueblo regresaba desfogado a casa sin que hubiera cambiado ni un ápice su realidad.

Mi opinión, que seguramente coincide con las de otras personas que tienen la capacidad de analizar los sucesos que se han venido dando en nuestro país durante el gobierno de López Obrador, es que la consulta popular que se llevó a cabo el pasado domingo primero de agosto, fue puro “panem et circenses” porque al igual que la consulta (patito) para la construcción del Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, como la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la ciudad de México (NAICM), es uno de tantos distractores que tiene López Obrador y su partido para esconder su fracaso como gobierno y para hacer creer al pueblo que ahora sí se le toma en cuenta en decisiones “fundamentales” y crearle la falsa expectativa que de ellos depende si los últimos cinco expresidentes pueden ser juzgados o no.   

Esto es contradictorio porque mientras AMLO y Morena se rasgan las vestiduras por enjuiciar a los expresidentes, no son capaces de actuar contra funcionarios o servidores públicos actuales como, por ejemplo, el desafuero de dos diputados federales: Saúl Huerta de Morena, acusado por un niño de abuso sexual; y el de Mauricio Toledo, del Partido Verde Ecologista aliado de AMLO y los diputados de su partido, acusado de enriquecimiento ilícito y corrupción. Gracias a la falta de voluntad de Morena para agilizar el trámite y convocar a un periodo extraordinario en el Congreso para que se apruebe el desafuero y puedan ser investigados y juzgados, los dos diputados gozan de impunidad. No se requeriría una consulta popular para desaforarlos, sólo la voluntad del presidente que puede ordenar a su bancada de diputados de su partido. No hay, evidentemente, un real interés de combatir la impunidad, si lo hubiera, comenzarían por lo que depende de ellos.

Los resultados de la consulta realizada por el gobierno de la “Cuarta Transformación” nos indican que fue un rotundo fracaso y demostró ser un instrumento inútil para legitimar a un gobierno unipersonal como el de López Obrador. Los 93.5 millones de papeletas impresas por el Instituto Nacional Electoral (INE) para la realización de la consulta popular, resumida bajo el rótulo de "juicio a ex presidentes,” no fueron necesarias. Solo un siete por ciento de la población participó. Ante este fracaso, como siempre, Morena y el mismo presidente, buscan culpables, por lo que han continuado sus ataques al INE, casi el último actor autónomo del país que se ha podido salvar del plan de centralización del poder que persigue AMLO. 

El Gobierno federal no es honesto, no dice la verdad, no les importa el voto de la gente de la pasada consulta popular porque aunque hubiera llegado al 40 por ciento de los votos requerido y aunque hubieran votado por el sí en la confusa y vaga pregunta, el voto de las personas no tendría ninguna repercusión específica, real y tangible ya que no tiene ningún efecto vinculante con la justicia y las instituciones mexicanas; es decir, que haya juicio o no a los expresidentes no depende de los ciudadanos, se trata de un circo, peor aún, se trata de una simulación de búsqueda de justicia.  

Las únicas instituciones que podrían enjuiciar a los ex presidentes son los jueces, magistrados, y ministros del poder judicial. Para que eso suceda se requiere que una Fiscalía, ya sea Fiscalía General de la República o Fiscalía local, inicie carpetas de investigación sobre los delitos cometidos por los ex mandatarios, hagan una investigación, encuentren pruebas y las presenten ante un juez quien deberá encontrar que las pruebas son lo suficientemente válidas para iniciar un proceso judicial. El método para alcanzar justicia no es esta consulta popular.

Para lo que sí sirvió la consulta, fue para desviar por momentos la atención pública de los desastrosos efectos de la pandemia, que ha llevado a casi 250 mil muertes en los hogares del país y, ahora, con la variante Delta es más mortal. Allí se encuentra el flanco débil de la política clientelista de un gobierno que anda distribuyendo "becas” y "apoyos”, sin un concepto de focalización a los más necesitados en esta situación de emergencia pandémica. Hospitales al borde del colapso a raíz de la afluencia de enfermos y sin la necesaria dotación de medicamentos afectan la imagen de un presidente que se enorgullece de gozar de altos niveles de aceptación entre el pueblo. El fracaso de la consulta puede convertirse en el parteaguas de una gestión presidencial que siempre se considera la expresión del "pueblo”. Al tiempo.