Desde hace décadas hay quienes afirman que la economía nacional no ha sido incapaz de generar los empleos formales que requieren millones de mexicanos. Ningún presidente de México ha sido capaz de crear fuentes de empleo ni de establecer las condiciones que permitan que las empresas micro, pequeñas, medianas y grandes le den trabajo a las aproximadamente 1.5 millones de personas que cada año se incorporan a la fuerza laboral.
Al tomar posesión de su cargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que tres millones de jóvenes serán contratados para trabajar como aprendices en talleres, empresas y comercios; sin embargo, a casi cuatro años de distancia, según cifras del Gobierno federal, sólo han sido contratados 229,557 jóvenes. Le faltan dos años a este gobierno, y es poco probable que se incorporen 2 millones 770,443 jóvenes adicionales al programa.
Por eso es bastante generalizada la opinión de que tan solo el fracaso del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro refleja la incapacidad del gobierno de la 4T para promover la generación de muchos más empleos formales.
Si el panorama laboral ya era grave en sexenios anteriores, hoy es mucho más. La informalidad es el cáncer más agudo. Las estadísticas oficiales registran que en total, el número de mexicanos que laboran en el sector informal ha aumentado en 7 millones 576,067 personas en lo que va del sexenio de Andrés Manuel y casi todas ellas están condenadas a vivir en la pobreza el resto de sus vidas.
En días recientes se dio a conocer que, de un trimestre a otro, en Jalisco se sumaron 50 mil 912 personas al trabajo informal, es decir, puestos que carecen de prestaciones de ley y no están registrados ante el IMSS. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi, el número de empleos informales en el estado pasó de 1 millón 827 mil 481 en enero-marzo, a 1 millón 878 mil 393 en abril-junio, es decir, 50 mil 912 personas más.
En la entidad hay 3 millones 973 mil 378 personas ocupadas, de las cuales 1 millón 878 mil 393, o sea el 47.2 por ciento está en la informalidad. La ENOE registra que, a nivel nacional, en los primeros tres años de la administración de López Obrador, la población ocupada en el sector informal se incrementó un 11 por ciento.
Organismos nacionales e internacionales advierten que, de continuar por el mismo camino, el enorme impacto en la economía mexicana podría cambiar el esquema del país. Así que si el liderazgo político continúa sin crear reformas que produzcan cambios estructurales significativos, nuestro país seguirá estancado en una economía con falta de aspiraciones.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México tiene el índice más alto de empleo informal en América Latina. Nuestro país se encuentra en primer lugar, con un 60 por ciento; seguido de Argentina, con el 50 por ciento; y Brasil, con 40 por ciento. Esto quiere decir que, en nuestro país, el 60 por ciento de los trabajadores tienen bajos salarios y poca estabilidad laboral, con falta de cobertura de seguridad social, incumplimiento de sus derechos laborales. Otra de las consecuencias es la capacidad de producción, pues una empresa informal produce 50 por ciento menos que una empresa formal.
Por eso es urgente llamar al pueblo trabajador a informarse para conocer las causas del problema y se apreste a buscar soluciones. Para tal efecto, es necesario escuchar los comentarios de los expertos quienes afirman que hay una relación directa entre inversión y generación de empleo.
“Cuando queremos ver cuánto empleo se va a generar en los próximos años, no hay que preguntarles a los astros más bien vamos viendo las cifras de inversión. Si la inversión es baja en 2022 eso nos permite predecir que va a haber poco empleo en 2023 es una especie de predictor del futuro”. Con base a esta afirmación la 4T y López Obrador está incapacitado para generar empleos formales.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2023, entregado por la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados, el 8 de septiembre, la mayor parte irá pensiones y jubilaciones y los programas prioritarios del presidente, incluidas las obras emblemáticas de su gobierno como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA), en contraparte un menor porcentaje del presupuesto total será para atender otras necesidades básicas como el desarrollo del país y el bienestar de la gente, tales como la inversión en infraestructura productiva: caminos, carreteras, autopistas, puentes, puertos y aeropuertos, así como el mantenimiento de la infraestructura ya existente, electricidad, vivienda, agua potable, educación, salud y seguridad pública.
Para muchos, el mejor programa social, es el ingreso de las personas, pero la notoria preferencia del PEF 2023 hacia los programas prioritarios del presidente radica en la explicación de que los programas ideados por AMLO no se proponen acabar con la pobreza y la desigualdad, como él repite incansablemente, sino que buscan comprar conciencias y votos de los más necesitados para asegurar la permanencia de Morena en el poder.
Las víctimas son los de siempre, los pobres, que no se salvará ni siquiera con las tarjetitas que les reparte López Obrador para adormecerlos y comprar su voto, ya que la 4T, así como los gobiernos anteriores, no tiene capacidad de generar empleos formales.
Frente a esta lamentable realidad, el pueblo debe cobrar conciencia de su situación y actuar en consecuencia. Los trabajadores tienen asignada la tarea de organizarse para conformar una gran fuerza social y exigir la creación de empleos dignos para todos los que puedan y quieran trabajar, así como, la mejora sustancial de los salarios. A eso los llama el antorchismo nacional.
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