Pachuca, Hidalgo. El día de hoy se celebró una conferencia de prensa presidida por integrantes del Comité Estatal del Movimiento Antorchista Hidalguense, quienes hablaron sobre la represión política que en manos del gobierno estatal ha sufrido esta organización culminando, hasta el momento, con el uso faccioso del poder judicial para encarcelar a Domingo Ortega Butrón, presidente del comité de la “Cooperativa Antorchista de Transporte del Valle”.
Como precedente, ayer se realizó la continuación de la audiencia de este caso. Al respecto, el licenciado Antonio Alvarado Ornelas, integrante del equipo jurídico de la organización, declaró: “esperábamos que no se vinculara a proceso a Domingo porque estamos seguros y tenemos las pruebas suficientes de que no hay responsabilidad de él en el delito que se le achaca. Desgraciadamente no fue así, hay consigna desde el poder ejecutivo, y el poder judicial se doblega ante sus órdenes y así, el juez encargado, determinó vincularlo a proceso”.
A continuación, presentó algunas de las irregularidades cometidas en este caso.
Primero. Domingo Ortega fue citado expresamente por el secretario de la Secretaría de Movilidad y Transporte de Hidalgo para liberar las unidades de trasporte secuestradas previamente el 14 de junio, donde fue detenido por elementos de la policía ministerial con lujo de violencia. No lo presentaron a la fiscalía sino directamente al Cereso, a la Penitenciaría, e inmediatamente fue presentado a un juez, algo inusual en otros casos.
Segundo. La fiscalía no comprobó que haya participado en la obstrucción de la vía pública, lo más que se mostró fue su participación en un mitin realizado el 14 de mayo de 2019 en las instalaciones de la Secretaría de Movilidad por arbitrariedades de esta dependencia, pero en ninguno de los videos aportados por la fiscalía se ve bloqueo u obstrucción de personas o vehículos y mucho menos demuestran que Domingo haya participado en estos actos o haya incitado a personas a bloquear vialidades.
Tercero. La fiscalía argumenta que los policías bancarios encargados de la vigilancia en la SEMOT imputaron o culparon directamente a Domingo, pero nadie acredita el carácter de policía de los declarantes ni que estaban en turno en esa ocasión, más que con un oficio del apoderado legal de la policía bancaria que pudo haberse construido artificialmente.
Cuarto. El delito contra Domingo no es grave, podría enfrentar el proceso en libertad. Sin embargo, la petición de la defensa fue desechada a pesar de comprobar su arraigo domiciliario, familiar y laboral.
Para concluir declaró: “A pesar de todas las pruebas presentadas, la jueza declaró que Domingo era un peligro para la sociedad y que debía de estar preso. Se trata de cebarse impunemente contra un ciudadano miembro de Antorcha. La ley se usa como garrote represivo contra una organización social que lo único que ha hecho y que le molesta a los que gobiernan en este estado, es reclamarles que cumplan con su papel de atender y resolver la problemática del pueblo hidalguense”.
“Seguiremos buscando la liberación de Domingo, recurriendo a todos los mecanismos legales a que haya lugar y en el plano de la lucha y denuncia”.
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