Contrariamente a lo prometido, en materia económica y social, nuestro país vive días aciagos, siniestros, y no es para menos pues, a la población le resulta cada vez más complicado alcanzar los satisfactores para una vida digna. Desde que arrancó la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador hay más pobres, más desempleados y más corrupción en el país. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) establece que, con corte a 2018, se estimaba que 61 millones de mexicanos vivían con un ingreso inferior a la línea de la pobreza, y en 2021 ese número aumentaría a más de 70 millones de pobres.
La tasa de desocupación pasó de 3.4 en febrero de 2019 a 4.5 en febrero de 2021, mientras que en materia de corrupción, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) detalla que en 2018 la tasa de incidencia de corrupción por cada 100 mil habitantes era de 25 mil 541 mientras que para 2021 la corrupción ha ascendido 19%, con una nueva tasa de 30 mil 456 eventos por cada 100 mil habitantes, incidencia en la que no están exentos varios distinguidos servidores públicos y excelentísimos impartidores de justicia.
Viene esto a cuento porque el pasado 8 de junio el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Arturo Zaldivar publicó un comunicado de prensa para informar a los mexicanos, la promulgación de las reformas a las que llamó, “las más importantes en los últimos 25 años, fruto del esfuerzo inédito de colaboración entre los tres Poderes de la Unión, en el marco de la División de Poderes”. Se trata, dijo, de “una reforma que sienta las bases para un Poder Judicial Federal más honesto, profesional y cercano a la ciudadanía; con mejores herramientas para combatir la corrupción y el nepotismo; con una carrera judicial renovada e incluyente, orientada por el principio de la paridad e igualdad de género; que apuesta por un nuevo modelo de formación, y que fortalece el papel de la corte como tribunal constitucional”.
Este párrafo basta para saber lo charlatán y pícaro que resulta la actitud del Ministro Zaldivar, en relación al “ocurrente e ingenuo” artículo XIII transitorio, de las leyes reglamentarias de la Reforma Judicial (ley Zaldivar), propuesto por el Senador del Partído Verde Ecologísta de México, Raúl Bolaños y aprobada sin discución por el Senado. Pero continúa: “Una vez que ha sido publicada y que ha entrado en vigor la reforma, a fin de no prolongar una situación de incertidumbre que daña la legitimidad del Poder Judicial Federal, se hace necesario buscar una salida inmediata que permita retomar el foco en la implementación de la reforma”.
Por ello anuncia, con fundamento en la fracción XVII del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, presentará al Pleno de la Suprema Corte, una consulta sobre la manera en que el Poder Judicial federal debe proceder sobre lo planteado en el artículo transitorio propuesto por el senador del Partido Verde, ya que en una democracia los conflictos se resuelven a través de la propia Constitución y para eso hay un tribunal que dice, estará a la altura de esa responsabilidad. Pero no podía terminar su comunicado sin a gradecer a su jefe, Andrés Manuel López Obrador y al Congreso de la Unión, a la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, por haber hecho posible esta reforma.
Es claro para todos los mexicanos que el Ministro Arturo Zaldívar es un títere del presidente López Obrador, quien ha insistido que la ampliación de mandato por dos años de Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es inconstitucional porque el ministro presidente es un “hombre íntegro, honesto”, además de que la mayoría de los integrantes del Poder Judicial vienen del antiguo régimen, “no hay otro perfil (para asumir la presidencia de la SCJN), más bien son las circunstancias”, agregó. ¿Es tan difícil para el ministro Arturo Zaldívar respetar lo que establece el artículo 97 de la Constitución General del la República: “¿Cada 4 años el pleno elegirá entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato superior?
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