La educación es una de las bases más importantes para el desarrollo de los ciudadanos y los países, porque provee conocimientos que enriquecen el espíritu, la cultura, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. Seguramente, por eso, está considerada como uno de los elementales derechos humanos y, en el caso de México, consagrado en el artículo tercero de la Constitución Política que, en su primer párrafo que a la letra dice: “Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia".
En los hechos, este ordenamiento constitucional, históricamente ha sido papel remojado, es decir, no se cumple, pero se agrava en los tiempos de la Cuarta Transformación. De acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en 2022, el gasto en educación tocó su nivel más bajo en lo que va del sexenio, la caída fue del 10.1 por ciento comparado con el año anterior, la cual no se había visto desde el 2007. Organismos Internacionales recomiendan que el gasto público para educación represente entre el 4.0 y 6.0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y en México este gasto sólo fue del 3.1 por ciento en 2022, el nivel más bajo de la última década.
Es por eso, que los añejos problemas del sistema educativo de nuestro país no desaparecen, por el contrario aumentan, como es el caso de deficiente cobertura de la educación, que no garantiza el acceso a ésta a la mayor parte de los ciudadanos; la baja calidad educativa por la falta de preparación de los maestros, que no tienen una adecuada formación académica y tampoco una constante actualización; la deficiente preparación de los servidores públicos y directivos, que trae consigo una gestión muy por debajo de lo que necesita el sistema educativo nacional; así como la falta de recursos e inversión en infraestructura que permitan tener satisfechas las necesidades básicas, como tener agua, electricidad, aulas, equipos de cómputo, entre otras.
Se agrega la deserción escolar que durante el ciclo 2020-2021 aumentó a 520 mil 454 alumnos no registrados, respecto al cliclo anterior, según cifras oficiales. En cuanto al rezago educativo, durante la pandemia los niños perdieron entre 2 y 3 años de aprendizaje y, en escolaridad pasaron de 6 a 8 años, de acuerdo a la UNICEF y el Banco Mundial. Otro dato que proporciona el Inegi, a través de la Encuesta Nacional sobre Acceso y Permanencia en la Educación (ENAPE) 2021, es que, de 60 millones de jóvenes y niños entre cero y 29 años, sólo 33 millones se inscribieron en el ciclo escolar 2021-2022.
Consecuencia de lo anterior y de otros factores, es el hecho de que la calidad educativa en nuestro país deja mucho que desear, de acuerdo con el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, mejor conocida como la prueba PISA, que evalúa la formación de los alumnos cuando llegan al final de la etapa de enseñanza básica en competencia lectora, matemática y científica, que fue creada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), nuestro país ocupa el lugar 102 de 137 países evaluados.
Estos problemas tienen solución, pero requieren políticas públicas integrales que implican una reconstrucción sistémica del modelo educativo, que no está en los planes del presidente López Obrador, quien al parecer no entiende que la educación es motor para el desarrollo de cualquier nación.
Que las sociedades más avanzadas en lo económico y en lo social son las que han logrado cimentar su progreso en el conocimiento, tanto el que se trasmite con la escolarización, como el que se genera con la investigación.
Los mexicanos debemos entender con toda claridad que López Obrador es enemigo del progreso y del desarrollo social y cultural de nuestro país, en el mejor de los casos por no entender que la educación, la ciencia y la innovación tecnológica, traen consigo necesariamente una mayor productividad y competitividad económicas, condiciones básicas para el crecimiento económico que tanto requiere nuestro país para enfrentar muchos de los males sociales que lo aquejan, entre ellos la educación.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario