El autoritarismo es la característica distintiva de la autollamada Cuarta Transformación (4T). Una manifestación de ella es la absoluta opacidad en todas las decisiones que toman el presidente y una camarilla de sátrapas incompetentes, sedicentes de ser pueblo y servirlo, pero que en los hechos le niega su efectiva participación. Como consecuencia de ello, la desigualdad ha crecido en este periodo, con efectos dramáticos para los trabajadores y jugosas ganancias para los empresarios. Y el sistema de salud es un ejemplo más de lo dicho.
El problema fundamental que tiene el sistema de salud mexicano desde el neoliberalismo es el bajísimo presupuesto público que se le destina (del cual se derivan muchos otros problemas que no son el motivo del artículo)[1]. El dinero que recibe el sistema de las arcas nacionales no alcanza para cubrir siquiera las necesidades médicas básicas de todos los trabajadores. Esto es cierto para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y en mayor medida para el IMSS y el Seguro Popular (después Insabi). La desigualdad, también aquí, campea a sus anchas, pues solo pueden tener buenos servicios sanitarios aquellos que puedan pagarlos.
El presidente comenzó su mandato con la consigna de que tendríamos un sistema de salud universal, “como el de Dinamarca”. Para ello, destruyó el Seguro Popular sin un análisis científico y técnico de sus debilidades, y creó el Insabi en 2020. A este último ya en funciones le tocó la atención de la pandemia del Covid-19, para entonces sin reglas de operación ni de funcionamiento[2]. Y así nos fue: cerca de un millón de muertos por la enfermedad. Desde principios del año 2022, las esferas más altas del gobierno sabían de la certera muerte del Insabi y que su lugar lo iba a ocupar el IMSS a través de su brazo flaco, el IMSS-Bienestar. Aunque la prensa y expertos lo avisaron, el gobierno nunca comunicó sus planes a la población trabajadora, víctima siempre de las ocurrencias que se gestan en Palacio Nacional.
Tras bambalinas, comenzaron a hacerse acuerdos con la mayoría de los gobernadores para que le cedieran al IMSS la infraestructura que antes era del Insabi –pues éste ya fungía solo como operador técnico para la compra de medicamentos–. Hasta apenas, el 25 de abril de 2023, se decretó su desaparición desde el nada independiente poder legislativo, y también que el IMSS absorbería todas sus funciones. Que quede claro que la centralización por sí misma no hará que tengamos un sistema de salud universal. De hecho, el sistema seguirá fragmentado, pues no se garantiza la atención de tercer nivel (las más costosas) para los trabajadores que no tengan seguro. Además, no se han establecido las nuevas reglas de operación, el IMSS sufre de saturaciones, ineficiencias y mucha falta de presupuesto, problemas que solo empeorarán la atención de la salud de los derechohabientes y de los no derechohabientes.
El dejar en las manos del presidente la solución de problemas trascendentales y delicados que no se pueden resolver por capricho, y la anulación de toda crítica hacia sus decisiones completamente erradas, han tenido consecuencias sobrecogedoras. En primer lugar, el dinero destinado efectivamente al adefesio creado en 2020 se redujo en los hechos comparado con el sexenio pasado. La organización México Evalúa descubrió que gran parte del dinero destinado al Insabi no se gastó, hubo gigantescos subejercicios[3], pero que fueron simulados como gasto público destinados a fideicomisos. Mientras que el sexenio pasado se gastaron en el IMSS-Bienestar e Insabi 98.72 millones de pesos en promedio, en los años que van de la 4T, el gasto promedio es de 83.58 millones de pesos, sin contabilizar las transferencias a fideicomisos. La reducción del gasto y la incapacidad de poner en marcha el Insabi se manifestaron de diversas maneras: i) la caída del número de consultas: 70% menos en 2022 con respecto a 2018; ii) los recursos destinados a enfermedades catastróficas como Cáncer, VIH, fueron 71% menores que todo el sexenio pasado, y si particularizamos para el cáncer infantil, el gasto destinado disminuyó 97%; iii) sigue el desabasto de medicamentos; y iv) el número de personal médico, doctores y enfermeras, por cada mil habitantes cayó (una cifra ya de por sí muy baja, pues pasó de 3.41 a 3.31)[4].
La situación, lejos de llevar a una universalización del sistema, ha llevado a una directa privatización de este derecho. El gobierno no consideró nunca informar de sus decisiones y de los cambios que hacía a los trabajadores. Por un lado, los trabajadores del Seguro Popular –después Insabi y ahora IMSS-Bienestar– han estado en la total incertidumbre en lo que se refiere a su medio de ganarse la vida. Por el otro, los trabajadores más pobres, que son los que se atendían en el Seguro Popular, tampoco supieron a dónde dirigirse para curarse: según el Coneval, de facto, casi 16 millones de mexicanos más, comparados con 2018, reportaron no estar afiliados a ninguna institución de salud[5]. Ahora toda esta población adicional tiene que recurrir a los servicios privados, muchas veces deficientes, y que a quienes benefician es a un puñado de empresarios (56 por ciento de los mexicanos se atiende ya aquí). A diferencia del gasto público, el privado en servicios de salud ha ido creciendo[6]: de todo el gasto que hace el país, el 50 por ciento sale del bolsillo de la gente. Este nuevo y jugoso mercado es catastrófico: en 2020, un millón 377,055 hogares gastaron más del 30 por ciento de su ingreso disponible en este rubro[7], lo que agudiza la pobreza de las grandes mayorías.
La salud también es un problema de desigualdad social y de pobreza, lastres que impregnan todo el entramado económico y social de México. Las ocurrencias y el autoritarismo del demagogo del palacio han agudizado estos lastres y están jugando directamente con la vida de la población trabajadora. Y no. Los cuatro mil 800 pesos que cada dos meses deposita el gobierno en la pensión del Bienestar no alcanzan para curar a nadie.
[1] México es el país que menos gasta en salud pública de todos los países de la OCDE.
[2] Ver https://www.eluniversal.com.mx/nacion/insabi-opaco-y-excluyente-senala-coneval/
[3]Así lo indican las cifras analizadas por México Evalúa en: https://numerosdeerario.mexicoevalua.org/2023/02/22/tesofe-fonsabi-y-la-simulacion-del-gasto-en-salud-analisis-anual-2022/
[4] Ver https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Evaluacion_Estrategica_Salud_Primer_Informe.pdf
[5] Ver: https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2022/NOTA_INFORMATIVA_EVALUACION_ESTRATEGICA_DE_SALUD.pdf
[6]Ver: https://www.jornada.com.mx/notas/2023/02/16/economia/del-bolsillo-de-mexicanos-50-del-gasto-en-salud/
[7] Ver: https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Evaluacion_Estrategica_Salud_Primer_Informe.pdf
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