Desde hace algunos años se ha convertido en una política de Estado, en un recurso que los políticos de todos los partidos y empresarios que aspiran a ganar las elecciones para ganar adeptos, dar tarjetas con dinero electrónico, promesas de tarjetas que resolverán sus problemas médicos, material para la vivienda, despensas, cobijas, juguetes; vendiéndoles la idea de que lo hacen de manera desprendida, para hacer llevadera su desgraciada situación, todo lo que dan lo difunden en redes sociales, para dar a conocer su buen corazón para que vean, por todos los medios, que ellos resuelven los problemas de los más necesitados. Se ha creado toda una cultura de la dádiva como la forma suprema de solidaridad social.
Realmente las cosas no debieran ser así, los impuestos que pagamos todos los mexicanos deben ser regresados en obras, servicios y subsidios, lo cual constituye una obligación del gobernante y un derecho de la sociedad a recibir de nuevo los recursos que ella misma generó, pues toda la riqueza es obra del trabajo.
Asimismo, el reparto de utilidades es un derecho laboral que se escamotea con mucha frecuencia. Por ello, es verdaderamente grotesco que primero se prive de la riqueza a sus creadores, para luego regresarles una parte minúscula en forma de dádiva, y para colmo, tengan que agradecerlo.
Cuando se trata de cobrar los impuestos, el gobierno es riguroso, pero solo con los débiles, pero luego todo lo que el gobierno recauda se esfuma y las comunidades y colonias marginadas que necesitan obras y servicios obtienen como respuesta de que no hay recursos, el gobierno no ayuda a redistribuir el ingreso, porque, al no darle obras y servicios al pueblo, ocasiona que el número de pobres aumente.
Por eso es más deprimente que luego de escamotearles sus derechos, los gobernantes y empresarios encuentran en la limosna pública no sólo un sedante para la pobreza, sino una mina de oro para ganar likes, rating, clientes o votos, según sea el caso. Por ejemplo, una empresa que anuncia con bombo y platillo que ha ayudado a un grupo de personas discapacitadas, u otro político que ha repartido juguetes a niños de la calle, está haciendo mercadotecnia para ganar imagen o posicionamiento en la mente del comprador potencial.
Los especialistas en marketing dicen que “las actividades de relaciones públicas tienen por objeto crear o mantener la imagen positiva de una organización ante sus públicos: clientes, prospectos, accionistas, empleados, sindicatos, comunidad local y gobierno. Y dicen, pueden lograrse buenas relaciones públicas apoyando proyectos de caridad, participando en eventos de servicio comunitario, patrocinando equipos deportivos, financiando proyectos de cultura, etc.” (Stanton, Etzel y Walker), se trata pues, de ganar adeptos, conciencias para sus fines.
Analizando todo esto, encontramos una contradicción, pues, muchos empresarios pregonan a los cuatro vientos su pesar por los que menos tienen, pero se olvidan que son ellos los que los han llevado a ese punto, ni olvidar que las fortunas de muchos de estos empresarios se han logrado gracias al trabajo no pagado a los trabajadores fabriles o agrícolas, pagándoles salarios bajísimos, regateándoles condiciones mínimas de trabajo, muchos de ellos mueren por enfermedades profesionales siendo muy jóvenes. Otros más se declaran en bancarrota, anuncian pérdidas ante el gobierno para evadir el reparto de utilidades, pero eso sí, en la televisión, dan la imagen de una honda preocupación por la gente, hacen sus donativos al Teletón para que todos se enteren, etc.
Entre los gobernantes, las cosas no son diferentes, pues luego de negarse a atender los derechos básicos de los ciudadanos, pretenden aparecer como sus beneficiarios, movidos solo por sus buenos sentimientos, sacándose el pan de la boca para apoyar a otros, nada más falso, se trata de una trasgresión de la institucionalidad que niega al pueblo sus derechos para luego, como magro consuelo, ofrecerle una limosna.
Y para completar esta política, generan toda una campaña en contra de todos los grupos, organizaciones o asociaciones que defienden los verdaderos derechos de los pobres, acusándolos de clientelismo y convirtiendo su reclamo casi en un delito y motivo de vergüenza.
Resumiendo, las limosnas humillan la dignidad de quien las recibe y no resuelven sus problemas de fondo, pues no modifican el esquema de distribución del ingreso, y una vez consumida la situación de los pobres sigue igual; acostumbran al pueblo a vivir de la caridad, a depender de la voluntad de sus pretendidos benefactores y a sentirse obligados a corresponder el favor, pues la dádiva es voluntaria, nunca obligación de quien la da, ni derecho de quien la recibe.
Es necesario que las leyes e instituciones, y la propia exigencia social, obliguen a funcionarios y empresarios a cumplir con sus obligaciones, y garanticen que el ejercicio de los derechos no dependa de la voluntad o el interés de nadie.
Con derechos claros y mecanismos para hacerlos valer, el pueblo no necesita de la dádiva y puede mejorar su situación material de manera sustentable, sin renunciar para ello a su dignidad y su libertad. Como dijo Benjamín Franklin “el mejor medio para hacer el bien a los pobres no es darles limosna, sino hacer que puedan vivir sin recibirla.
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