La preparatoria Felipe Bachomo, ubicada en la comunidad de Charay, municipio de El Fuerte y la preparatoria Rafael Ramírez, en la colonia Los Huizaches, municipio de Culiacán, ambas con clave particular, fueron solicitadas por padres de familia, ejidatarios y jornaleros agrícolas, con la intención de brindar educación a sus hijos. Los dos bachilleratos fueron creados para educar a jóvenes de bajos ingresos que no pueden pagar colegiaturas o mensualidades altas.
En vista de que ninguna autoridad quiso resolver la necesidad de una escuela de nivel superior, los pobladores buscaron la guía y el apoyo del Movimiento Antorchista, y efectivamente, después de mítines, marchas y plantones lograron las claves educativas. En un principio los profesores iniciadores de este proyecto educativo se vieron en la necesidad de trabajar sin ningún salario hasta que consiguieron un pequeño apoyo por parte de Gobierno estatal, el cual solo les alcanzaba para cubrir sus necesidades más elementales y que lo han recibido desde el inicio los directores de cada escuela.
Es necesario aclarar que, aunque ambas escuelas tienen clave particular, no funcionan en la realidad como tales, pues los alumnos aportan modestas cooperaciones semestrales; en pocas palabras, su funcionamiento no es el mismo que el de los colegios o escuelas particulares.
Estas escuelas venían funcionando de manera regular, pero hace unos días sin previo aviso y sin dar ningún argumento verdadero, la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) ha retenido el pago a los 28 profesores, a pesar de que el convenio de pago que se firma cada año sigue vigente. Este es un atropello, es un atentado, por parte de la dependencia, no solo en contra de los profesores y de los estudiantes, pues sin profesores tendrían dificultades para seguir estudiando, por lo que solo tienen dos opciones.
Estudiar en escuelas que están más alejadas o en las que se cobran altas inscripciones, donde adquirir los uniformes son carísimos y también tendrían que pagar más en trasporte.
Dejar inconclusos sus estudios y emplearse como obreros o jornaleros agrícolas o incluso trabajar chueco, no nos engañemos esta es la realidad.
También es un atentado en contra de los padres de familia de las comunidades y colonias cercanas a estas escuelas, quienes pagan los platos rotos porque terminarían sacando de la escuela a sus hijos o pagando más de lo que pueden.
Así es que la SEPyC, que se autodefine como la secretaría que tiene como misión “proporcionar a la sociedad servicios educativos de calidad, en condiciones de equidad y con un sentido científico y humanista, basados en una gestión moderna y eficiente y en una normatividad dinámica y previsora, que faciliten la formación de ciudadanos con capacidades y habilidades para el análisis crítico, la creatividad y la innovación, que impulsen el desarrollo económico, social, tecnológico y sustentable de Sinaloa” está obligada a solucionar este problema y no seguir atropellando y frenando la misión para la que fue creada.
A los padres de familia, a los egresados de estas preparatorias y al pueblo sensible de Sinaloa les pedimos su solidaridad y apoyo para defender a ambas escuelas que fueron formadas por el pueblo humilde y que han venido educando a cientos de jóvenes humildes.
El pueblo humilde las creó y el pueblo humilde debe defenderlas de funcionarios insensibles y atropelladores que les vale un soberano cacahuate que los jóvenes se queden sin estudiar y que los profesores se queden sin un empleo. Todos atentos a las tareas pendientes.
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