Para todo mundo es evidente el enfrentamiento entre el presidente de la República y los medios de comunicación, particularmente con la prensa escrita y algunos destacados analistas. López Obrador los acusa de conservadores, prensa fifí, hipócritas y sobre todo a dirigido sus baterías contra el periódico Reforma, llamándolo pasquín inmundo. Los medios a su vez, contestan que no son ataques al gobierno sino se limitan a informar verídicamente y que la contraofensiva presidencial implica una amenaza, un intento autoritario por coartar la libertad de expresión.
La decisión del presidente de ser él, personalmente, quien asuma su propia defensa y él mismo dar respuesta a lo que considera una embestida a su política y a la investidura presidencial, le está acarreando un desgaste enorme a su imagen. Además, habría que preguntarse para qué sirven los encargados de la oficina de Comunicación Social de la presidencia de la República y si tienen la capacidad para cumplir una tarea tan delicada.
Pero el fondo del asunto es muy delicado, el jefe del Ejecutivo asegura que los medios son la voz de sus adversarios, que cometen excesos y usan su influencia para desprestigiar a su gobierno y por otro lado los medios de comunicación responden que ejercen su derecho a la libre expresión. ¿Cómo se mide aquí el exceso? ¿Dónde termina la libertad de expresión y dónde comienza el exceso? ¿Quién regula los límites entre libertad de prensa y el abuso a este derecho?
Cuando los términos no están bien definidos, son ambiguos, dan pie a la interpretación y a una aplicación arbitraria de la ley, aparece el pretexto perfecto para imponer la voluntad del poderoso, aparentando que aplica la ley con precisión.
Para que exista una verdadera libertad de prensa, no se puede obligar a los medios de comunicación qué cosa deben publicar y cual no, qué deben valorar como importante y qué deben desechar, como deben abordar una noticia o un acontecimiento relevante para la vida pública de nuestra nación. La responsabilidad es exclusiva de la prensa, en eso consiste la libertad de prensa. Si sus publicaciones no abordan adecuadamente las noticias o son poco serias, debe ser el público, los lectores, los que se encarguen de castigar y censurar, pero nunca deben ser los poderosos, ni del gobierno, ni los dueños del dinero.
Como cualquier mexicano, el Presidente de la República, tiene derecho a la legítima defensa, pero por su investidura, no debe encabezar su defensa, ni debe responder con términos ambiguos, ni presionar a los medios. A las noticias falsas y distorsionadas, se debe responder con información suficiente y clara, con hechos irrefutables. Si no es así en lugar de parecer una legítima defensa, dará la impresión de censurar las voces que no coinciden con el poder. No es buena estrategia de defensa descalificar toda crítica.
México, está pasando por una etapa crucial, el camino que no debemos abandonar es actuar siempre en beneficio de los que menos tienen. El conflicto entre el Presidente y los medios, va en sentido opuesto, por eso la urgencia de ponerle un hasta aquí. El gobierno le debe responder a la prensa con la prensa, nunca con la censura ni el ataque.
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