Aunque parezca reiterativo, considero importante insistir junto a las voces de protesta de todo el antorchismo nacional en la necesidad de que se haga justicia para nuestros compañeros Conrado Hernández, Mercedes Martínez y el pequeño hijo de ambos de tan solo 6 años de edad; pues los tres fueron cruelmente asesinados el pasado 12 de abril en las inmediaciones de Chilpancingo, Guerrero.
Debido a ello, el Movimiento Antorchista Nacional ha exigido que los responsables materiales e intelectuales de tan cobarde y brutal crimen sean detenidos y pasen el resto de sus días en la cárcel, tal como se merecen.
Con este motivo, ya hemos realizado diversos actos de protesta y denuncia en los medios de comunicación, a lo largo y ancho del país, para llamar la atención de las más altas autoridades federales y, particularmente, sobre el gobierno de Guerrero y la fiscalía de este estado. Han pasado más de 50 días de los hechos y todavía no hay culpables tras las rejas.
Como continuación de estas denuncias, el próximo 6 de junio nuestro evento anual para honrar a los mártires antorchistas, que normalmente se lleva a cabo en Tecomatlán, Puebla, se realizará en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, como un acto de protesta masiva: más de 6 mil antorchistas marcharán desde Palacio de Gobierno hasta el Zócalo de la ciudad.
Como consecuencia de nuestras movilizaciones y gestiones del Comité Ejecutivo Nacional, altos funcionarios del Gobierno federal, del Gobierno del estado de Guerrero y de la fiscalía han hecho los siguientes compromisos:
El pasado 25 de mayo, luego de un mitin frente a Palacio Nacional durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Seguridad Pública federal, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y el subsecretario de esta dependencia, Luis Rodríguez Bucio, recibieron a una comisión del Comité Ejecutivo del Movimiento Antorchista, encabezado por Homero Aguirre Enríquez, vocero nacional de la organización, y ofrecieron su intervención para agendar una reunión entre la dirigencia antorchista y la gobernadora de Guerrero; además, dijeron que tenían la orden del presidente de colaborar en todo lo necesario para que se esclarecieran los hechos y se hiciera justicia para nuestros compañeros.
El lunes 29 de mayo, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda y la fiscal de esta entidad, la teniente Sandra Luz Valdovinos Salmerón, recibieron a nuestros compañeros, en el mismo tono cordial que los funcionarios federales, informaron que ya se encuentran agentes de la fiscalía federal colaborando en la investigación del triple asesinato y empeñaron su palabra de honor de que pondrían a los culpables en la cárcel. A la gobernadora, en particular, le pidieron que pusiera todo el peso político que tiene como titular del Poder Ejecutivo a disposición del avance en la investigación.
Ciertamente, reconocemos la atención de las autoridades y sus compromisos, aparentemente hechos de buena fe, pero esperamos que éstos se conviertan pronto en hechos concretos. Queremos que la policía ministerial y la fiscalía investiguen los hechos y lleguen al fondo del asunto, que identifiquen a los responsables, los presenten ante los tribunales competentes y se les aplique el máximo castigo contemplado en las leyes vigentes. Nada más y nada menos.
Nos negamos a aceptar que la muerte de nuestros compañeros quede impune y que el asesinato de una familia modesta y trabajadora como eran ellos sea visto como algo normal en nuestro país, como si fuera parte del paisaje natural.
Más aún, los antorchistas creemos que debe ponerse un alto a la ola de violencia e impunidad creciente en México, que ha provocado la muerte por homicidio doloso de miles de mexicanos y ha enlutado a igual número de familias, la inmensa mayoría de las cuales sigue esperando justicia para sus deudos.
Por esta razón, en las diversas acciones de protesta realizadas en las últimas semanas, hemos insistido en que nuestra inconformidad también es en contra de la inseguridad y el baño de sangre creciente en México. Hay sobradas razones para ello, pues según los recientes datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública del gobierno federal y la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el pasado 26 de mayo, el gobierno de López Obrador superó el récord de homicidios dolosos cometidos en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues tan solo en cuatro años y medio de su administración ya han ocurrido 156 mil 136 homicidios dolosos, muchos más que en la administración pasada y bastante por encima de las cifras del gobierno de Felipe Calderón, por lo que oficialmente estamos ante el sexenio más violento de la historia reciente.
Además, la administración de López Obrador cuenta con varios récords en materia de homicidios dolosos. Según el Inegi, en 2020 se registraron en el país 36 mil 773 asesinatos, por lo que es considerado el año más violento del que se tenga registro. Y en este año, de enero a mayo, ya se han sumado a la larga lista otros 11 mil 967 asesinatos.
Estos datos demuestran el fracaso evidente de la estrategia nacional de seguridad dirigida por la 4T y justifican plenamente el clamor de paz y las acciones de protesta que los antorchistas hemos emprendido los últimos días y todos los que continuaremos realizando si los compromisos de las autoridades no se cumplen.
Llamo, pues, a los antorchistas veracruzanos a estar atentos del curso de los acontecimientos, a sumarse con energía a las acciones de protesta y denuncia que continuaremos realizando; a tener valor para defender la honra y la dignidad de nuestros compañeros, que dedicaron su vida a la defensa de los derechos de los sectores más desprotegidos del país.
Ambos compañeros nacieron en Veracruz y aquí iniciaron su labor revolucionaria en su época de estudiantes, por lo que mucha gente que los conocimos y trabajamos a su lado, los estimamos y les reconocemos su valentía, honradez y su gran valor como seres humanos.
Finalmente, a la opinión pública la invito respetuosamente a solidarizarse con nuestra denuncia, pues es legítima y justificada, le pedimos disculpas adelantadas por los inconvenientes que pudiéramos causar con la próxima marcha o con las posteriores acciones de protesta, pero no tenemos más opción. ¡En Guerrero exigimos justicia! Esa es la consigna y no descansaremos hasta que se cumpla. Muchas gracias.
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