En el municipio de Bacalar, Quintana Roo, se alberga una significativa comunidad de migrantes de origen guatemalteco de los que actualmente los habitantes fundadores ya están naturalizados mexicanos y las nuevas generaciones ya son mexicanos por nacimiento, esta población está identificada como etnia maya y su actividad económica, política y cultural es importante en la región y para el municipio.
Como antecedente tenemos que el arribo de refugiados guatemaltecos a México inició en 1981 donde más de 46 mil personaras llegaron a buscar asilo; posteriormente, en el año de 1984 el 50% de la población se reubicaron en los estados de Campeche y Quintana Roo respectivamente, familias completas de diferentes etnias y culturas como (kanjobales, chujes, mames, cachequiles, kekchíes, quichés, etc.) que provenían de diferentes lugares de Guatemala.
Posteriormente, en coordinación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ayudaron a que retornaran a más de 25 mil refugiados a través de una modalidad llamada “retorno colectivo”, con el apoyo del Gobierno guatemalteco en 1999 y así otorgar aproximadamente 100 mil hectáreas de tierra donde también se logró que durante el proceso la ACNUR brindara alimentación, construcción de viviendas, semillas, fertilizante así como ayuda e efectivo para recuperar a las familias víctimas de la guerrilla de 1980 en Guatemala. De este proceso entre 1984 y 1999 se llevó a cabo la repatriación voluntaria de 42,737 guatemaltecos, quienes se reincorporaron a sus comunidades de origen.
Por otra parte, en marzo de 2000 según los datos oficiales se iniciaron en México las actividades del proyecto denominado “Identidad cultural y desarrollo comunitario a favor de refugiados guatemaltecos y poblaciones locales mexicanas de la península de Yucatán”, la cual consistía en un financiamiento de 800 mil euros de la Unión Europea que ejecutó en un periodo de 24 meses el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) con la finalidad de crear un corredor que beneficiaría a más de 16 mil personas ubicadas en Campeche y Quintana Roo.
Cabe resaltar que por medio de estos proyectos y la suma de esfuerzos de inversiones económicas de organismos internacionales y del gobierno mexicano se logró que finalmente se fundaran en México comunidades de ex refugiados guatemaltecos, con derecho a recibir carta de naturalización y tierras para desarrollar su actividad económica, así como el derecho de ser mexicanos cumpliendo las obligaciones que ello implica y los derechos consagrados en la constitucional política de nuestro país.
Actualmente en el municipio de Bacalar se encuentran tres comunidades de las más importante de comunidades de ex refugiados guatemaltecos del país y del estado de Quintana Roo, donde la principal actividad económica es la agricultura y el comercio para vender sus productos frescos en diferentes partes del estado, pues campesinos de Maya Balam, Kuchumatán y de San Isidro la Laguna, trasportan sus mercancía de alta calidad principalmente a Cancún, Playa del Carmen y Chetumal.
A pesar de que los productores tienen derechos y se caracterizan por ser hombres y mujeres de mucho trabajo en el marco de los 38 años de años de la fundación de la comunidad de Mayabalam, lo cierto es que no hay apoyo para los productores ni comerciantes al trasportar sus mercancías a diferentes puntos del estado de Quintana Roo, pues tienen que contratar camiones con perfil de turista y no de carga para trasportar sus mercancías a los puntos de venta, lo cual provoca que sean víctimas de la extorsión de la policía de tránsito o de la Guardia Nacional.
Sumando a ello un ejemplo es el de los comerciantes que viajan a Playa del Carmen donde la anterior administración morenista, los amenazaba, extorsionaba e intimidaba en su centro de trabajo, los fiscales de ese tiempo les pedían 1,500 pesos de moche por vendedor a parte de su obligación fiscal con el municipio, el abuso de poder se reflejó también en la ciudad de Chetumal, a quienes la policía municipal quiso desalojarlos de los alrededores del mercado Lázaro Cárdenas en septiembre del año pasado, justo cuando la pandemia generaba crisis económica.
Hasta el día de hoy la discriminación y el abuso de autoridad es vigente, pues a campesinos de dichas comunidades los extorsionan fiscales de los municipios donde laboran y policías de la guardia nacional al momento de trasportar sus mercancías, que si bien es cierto no trasportan en un camión de carga, el Gobierno tampoco ha hecho lo necesario para ayudar a los productores que al fin aportan a la economía del todo el estado.
Finalmente, por ello hago un llamado a mis compañeros campesinos de dichas comunidades y de productores mayas que viven el olvido y la discriminación por las autoridades a que nos organicemos y defendamos nuestros derechos, la única manera de hacer frente realmente a la corrupción imperante en todas las estructuras de la sociedad es un pueblo organizado, consciente y firme en sus convicciones para defender con entusiasmo sus derechos, aquí estamos los antorchistas para brindar nuestra mano fraterna en defensa de lo justo.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario