En México, la mitad más pobre de la población adulta percibe 800 pesos semanales en promedio -es decir, hay quienes reciben mucho menos; mientras que el 1% más rico percibe ingresos de 116 mil pesos a la semana en promedio, repito. Esto es, por cada peso que gana un mexicano de la mitad más pobre; un mexicano rico entre los ricos, del 1% con mayor ingreso, percibe 146 pesos. Esta desigualdad en el ingreso ha provocado que el millón de mexicanos más ricos posean la mitad de la riqueza, la tierra, los edificios, las fábricas y el dinero, etc.; mientras que la mitad más pobre, 50 millones de mexicanos adultos, no posea nada, ni su casa, ni su coche, porque el valor de lo que tiene es menor que su deuda. Esta desigualdad es la causa fundamental de la pobreza, el hambre, y de la falta de salud. En fin, del sufrimiento de la mayoría de los mexicanos.
Esta desigualdad se genera en el mercado que asigna a los trabajadores una parte (sobra decir que la menor) del producto social y a los dueños de la riqueza, la otra parte. Sin embargo, la distribución del ingreso social, no obedece a una ley ajena a las sociedades y gobiernos. Son ellos los que definen los derechos de cada sector de la población sobre el ingreso total ya sea de manera directa a través de las reglas de funcionamiento de los mercados o a través de la política fiscal.
Y es ésta última, la política fiscal, más que cualquier discurso o consigna, la que retrata las prioridades y los sectores a los que representa un gobierno.
Y ¿qué nos dice del gobierno de la 4T su política fiscal? ¿Son “primero los pobres”?
Si bien el presupuesto aprobado por los diputados para 2021 registró como prioridades el Desarrollo Social, al que se destinó 40% del gasto total; el ejercicio del presupuesto reveló otras prioridades del gobierno. En 2021 el gobierno tuvo un excedente para gastar en lo que considerara necesario. El principal ganador en la asignación de estos recursos fue Pemex. El gasto hecho por este organismo se multiplicó casi 6 veces lo programado. Esto es, el doble de lo gastado en salud y casi el doble de lo gastado en los programas del bienestar.
Todavía peor. A poco que le acerquemos la lupa al gasto social notamos que tampoco se aboca al combate de la desigualdad ni de la pobreza.
De acuerdo con el informe de la Secretaría de Hacienda sobre la capacidad distributiva de la política fiscal, ésta logró en 2020 mejorar el ingreso percibido por el 50% de los hogares más pobres apenas 0.6 puntos porcentuales. El ingreso de estos hogares pasó de 26.4% del total a 27% después de las transferencias hechas por el gobierno.
El combate a la desigualdad es fundamental para combatir la pobreza. Las políticas de la 4T se hallan lejos de priorizar este problema social. La realidad corre el velo y evidencia que detrás de sus declaraciones no se hallan los intereses de las clases populares, sino de su partido.
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