La sociedad capitalista no se puede sostener sin el empobrecimiento de la población; la riqueza producida socialmente no se reparte en proporción al esfuerzo, al aporte que se hace a la comunidad. A quienes fabrican los productos, las mercancías, los satisfactores materiales indispensables para la vida, dentro de los países divididos en clases sociales, como es el caso del nuestro, no se les retribuye realmente en forma equitativa, es mucho lo que entregan y poco lo que reciben.
La enorme acumulación de la riqueza en manos de unos cuantos empresarios, como los millonarios Carlos Slim, Alejandro Bailléres, Germán Larrea, Asunción Aramburuzavala y Ricardo Salinas Pliego, necesariamente genera en cada momento la pobreza en el otro polo de la sociedad. Esa es una condición indispensable de la existencia de este injusto modelo económico capitalista. En la ruina de los competidores y en la miseria de los trabajadores, está la clave del éxito empresarial; no es en su trabajo sino en el nuevo vasallaje y en el abuso al que se somete a los productores, donde está la explicación de las cuantiosas ganancias que se embolsa la burguesía.
El crecimiento real de la pobreza repercute, de forma inmediata, en el nivel de vida de las familias que se ven afectadas por ese flagelo social, resultado de una política orientada a la defensa empresarial. Los niveles de bienestar, ya de por sí precarios, disminuyen aún más cuando ahora la población tiene una dificultad mayor para cubrir las necesidades más elementales: salud, educación, servicios públicos como el agua potable y la alimentación de calidad, se convierten en elementos que angustian a padres e hijos.
De esta manera, la desigualdad social y económica, la pobreza a la que se condena a la mayoría de la población, resultado de la concentración de la riqueza en unos cuantos, genera la variedad de alternativas para sobrevivir: migración, comercio informal, horas extras y sus consecuencias, prostitución, descomposición del núcleo familiar, extorsión, crímenes, delincuencia, tráfico de personas, narcotráfico y demás actividades ilícitas, son otras tantas acciones que tienen su origen en la desesperación provocada por el capitalismo.
De esta manera, la descomposición social, el incremento de la violencia, los altos índices delictivos no son otra cosa que la expresión de la agudización de la miseria, de la desigualdad, y ésta, a su vez, consecuencia directa de la voracidad empresarial y de la complicidad del gobierno que legitima, protege y perpetúa esta condición de abuso en contra de la población.
La confabulación del Gobierno federal, el de la autoproclamada Cuarta Transformación, con los millonarios y con la precarización acelerada de las condiciones de vida del pueblo mexicano, se identifica claramente desde el momento en que plantea y sostiene, una política errada a todas luces para el combate a la pobreza y a la violencia creciente, que ha dado como resultado, en lugar de una disminución, un incremento alarmante de las actividades delictivas que lastiman, sobre todo, a los más desprotegidos económicamente. Entre las dolorosas cifras de asesinatos que se tienen contabilizados en el año 2022, el gobierno reconoce que 3 mil 470 son de mujeres, de esa cantidad, solo 878 fueron clasificados como feminicidios, siendo el Estado de México el que tiene el mayor número de casos con 133.
De la misma manera, preocupante y dolorosa, es también la cifra de personas desaparecidas en nuestro país: 109 mil 516 personas, 15 mil tan solo de enero a diciembre del presente año, de las cuales 2 mil 479 son mujeres. De 429 mujeres menores, de entre 10 y 14 años; 879 de entre 15 y 19 años y de 339 de 20 a 24 años, se desconoce si en este momento se encuentran sometidas a tratos de crueldad, como las torturas, si padecen el denigrante tráfico humano en el negocio de la venta de personas, si su estado de salud es delicado y requieren de alguna atención especial. Toda la incertidumbre que hay en torno a su paradero y a su estado se convierte en angustia y desesperación creciente que ocasiona secuelas en quienes han padecido una experiencia como estas y de la misma manera, también en sus familiares.
Seguramente el incremento en estos tres últimos años, es resultado, en parte, de la impunidad con la que actúan los grupos delictivos que han logrado penetrar la estructura del gobierno y que, incluso, mediante su creciente poder económico también han podido colocar funcionarios que sirven a sus intereses.
Sin embargo, no debemos hacer a un lado que la defensa velada del capitalismo, de la desmedida ambición empresarial que hace el gobierno federal, lo convierte en cómplice al permitir un incremento de la violencia social que tiene su origen en el modelo económico que dice atacar. Hoy, las familias de los desaparecidos, hombres, mujeres, niños y niñas, tienen que pagar con su sufrimiento, con su dolor, la implementación de una política embustera que ha empobrecido más a los mexicanos, dejándolos a merced de la delincuencia.
Esta violencia, producto de la injusticia social y económica, de la injusta distribución de la riqueza, que produce cada día más pobres y unos cuantos cada vez más ricos, la tiene que detener el pueblo organizado. Es necesario tomar en consideración que este gobierno, en su afán de defender a los ricos, no ha podido disminuir la pobreza, las desapariciones forzadas, el reclutamiento de jóvenes para las actividades ilícitas, los asesinatos.
Se requiere utilizar nuestras herramientas como la organización y la concientización, que junto al hecho de que los pobres numéricamente somos mayoría, para que, por la vía democrática, utilizando nuestro derecho al voto, podamos elegir un gobierno que realmente se encuentre al servicio de los pobres y que tenga, como tarea principal, acabar con las desigualdades económicas; solo de esa manera podremos detener la putrefacción de esta sociedad y acabar para siempre con los problemas hoy padecemos.
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