No conforme con la compra descarada de votos, de forma directa o través de los programas sociales, y de la intervención descarada del crimen organizado para operar a su favor, Morena busca ahora desconocer elecciones legítimas, en donde sus candidatos fueron derrotados por la oposición. De manera particular, busca arrebatarle el triunfo a candidatos antorchistas que recibieron amplio respaldo popular en las urnas utilizando los instrumentos judiciales del Estado, como parte de su cruzada por aniquilar toda fuerza popular organizada y todo contra peso real a sus anhelos dictatoriales de ejercer el poder.
En Puebla, se han interpuesto sendas impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Estado, contra los triunfos legítimos de Josué Elías Velázquez Bonilla, alcalde electo de Huitzilan de Serdán, y de Rosendo Morales Sánchez, alcalde electo de Ocoyucan; en el primer caso se pretende entregarle la presidencia municipal a Morena y en el segundo, de declarar la nulidad total de la elección con el fin de repetirla para que todos sus adversarios se unan en un solo bloque y les sea más sencillo arrebatarle el triunfo.
En ambos casos, las impugnaciones se interpusieron fuera de los tiempos y los organismos establecidos por la ley y se han utilizado argumentos frívolos e improcedentes a primera vista. Tan grande es el absurdo, que en el caso de Ocoyucan, el candidato perdedor del PAN pide que se anule la votación de 4 casillas en donde ganó él.
Todas las impugnaciones, tanto las de Morena como las del PAN, tienen el mismo formato y utilizan los mismos argumentos, por lo que es obvio que un mismo interés se esconde tras de ellos, pues a pesar de las obvias irregularidades legales descritas, el Tribunal Electoral de Puebla los admitió. Solo existe un poder capaz de imponer esta orden a los magistrados del Tribunal, el gobernador del estado: Miguel Barbosa Huerta, enemigo jurado de los antorchistas, que pretende robarse el triunfo de los candidatos de Antorcha. Es Morena y su cruzada permanente contra las clases trabajadoras organizadas en el Movimiento Antorchista.
Exactamente el mismo mecanismo se está utilizando en el municipio de San Pedro Soteapan, al sur de Veracruz, donde el antorchista Rafael Hernández Hernández, ganó la presidencia municipal con 7,244. El candidato de Morena solo obtuvo 5,631 votos.
Pues bien. El pasado 16 de junio, la representante del partido político estatal Unidad Ciudadana ante el Consejo General del OPLE Veracruz, interpuso un recurso de impugnación ante este organismo, solicitando la nulidad de la elección de alcalde en Soteapan, aun cuando el candidato de su partido sólo obtuvo 64 votos.
De entrada existen dos irregularidades evidentes, el Juicio de Inconformidad no fue presentado ante el Consejo Municipal del OPLEV, como lo ordena el artículo 364 del Código Electoral de Veracruz, además, fue extemporáneo, pues según el artículo 358, debía tramitarse en los 4 días siguientes a la entrega de la constancia de mayoría a Rafael Hernández; la fecha límite era el 15 de junio pero el escrito fue presentado un día después de este término legal.
Sin embargo, el Consejo General, presidido por Alejandro Bonilla Bonilla, envió el escrito al Consejo Municipal y les ordenó a los funcionarios de este órgano que le dieran entrada, torciendo la ley, para certificar que lo habían recibido el 14 de junio a las 20:00 horas. A pesar de la negativa rotunda de los funcionarios del Consejo Municipal de prestarse a esta acción ilegal, el Consejo General turno el recurso ante el Tribunal Electoral de Veracruz, en donde se encuentra ahora. Es evidente que el OPLEV se está prestando a un juego perverso, por lo que el magistrado instructor del asunto debe desecharlo de plano, pues el recurso incumple con los requisitos mínimos que exige la ley.
Los argumentos de fondo también son igual de frívolos e improcedentes que en las impugnaciones en Puebla. El argumento central es que el proceso electoral estatal inició tarde, por lo que muchos plazos legales no se respetaron. Los veracruzanos, sin embargo, sabemos que en julio de 2020 el Congreso de Veracruz, de mayoría morenista, realizó una reforma electoral, en donde estableció que el proceso local debía iniciar en enero de 2021 y no en noviembre como habitualmente ocurría. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la reforma a finales de noviembre y ordenó que el proceso se realizará como habitualmente. Ya era tarde, el proceso inició en diciembre por acuerdo del OPLEV y ese retraso desencadenó más retrasos. Es decir, la tardanza y el incumplimiento de varios plazos legales no fue culpa de nadie más que de los diputados y el gobernador morenista que pretendían reformar la ley para robarse la elección local más fácilmente.
Así pues, detrás de la impugnación de la elección de Soteapan, también se encuentra la mano del Gobierno morenista, que encabeza Cuitláhuac García Jiménez, cuyo propósito es arrebatar el triunfo al alcalde electo, por ser militante del Movimiento Antorchista. La maniobra es la misma que en Ocoyucan, Puebla: repetir la elección y hacer que todos los adversarios se unan en un solo bloque y le disputen la alcaldía, seguramente financiados por el gobierno estatal y con el respaldo total del crimen organizado.
Los antorchistas de Veracruz no permitiremos este atropello a la ley. Vamos a defendernos ante las instancias legales sin titubear; por lo que desde este espacio, llamamos a los magistrados del TEV a honrar su alta investidura, a no prestarse a esta perversa maniobra y a ni siquiera admitir a discusión el asunto, como legalmente procede. Al régimen morenista y al gobernador Cuitláhuac García, desde aquí les decimos que no permitiremos que se roben el triunfo legítimo del proyecto de gobierno de Antorcha en Soteapan, miles de hombres y mujeres buenos lo defenderemos. Realizaremos protestas multitudinarias en todo el estado de ser necesario.
Que se respete la voluntad popular en Soteapan, Ocoyucan y Huitzilan de Serdán, los antorchistas no pedimos nada más, pero tampoco aceptaremos menos. Que conste.
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