Uno de los grandes retos de todos los gobiernos de México es reducir la pobreza. Es de las principales promesas de campaña de los candidatos presidenciales y a gobernadores para espertar la esperanza de los más necesitados de quienes pueden manipular el voto del electorado.
Esa es la razón de la existencia de numerosos programas sociales. Entre 2008 y 2022 el presupuesto destinado a estos programas y acciones sociales federales que promedia 1.15 billones de pesos anuales, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), se han gastado en ese periodo 17.21 billones de pesos y la pobreza no sólo no ha bajado, sino que se ha incrementado de 49.0 por ciento al 52.8 por ciento.
El economista Gonzalo Hernández Licona, fundador y Secretario Ejecutivo del Coneval, de 2005 al 2019, menciona cuatro errores en los que han caído los diferentes gobiernos.
Primero: creer que reducir la pobreza es limitarse a aplicar programas sociales, principalmente la entrega de dinero a diversos sectores sociales, desde la creación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en 1992, hasta la actual Secretaría de Bienestar. Si no se cuenta con un crecimiento económico sostenido, que genere empleos suficientes, un país con grandes desigualdades y falta de oportunidades, con grandes injusticias en el cual se violan los derechos humanos y sociales, no es suficiente la entrega de un simbólico apoyo económico.
Segundo error: el combate a la pobreza se le asocia con la política electoral y se olvida de los resultados de mediano y largo plazo. Insistir en las transferencias monetarias es utilizar a los más desprotegidos para fines electorales.
Tercero: no ligar la política social con un acceso efectivo a igualar las oportunidades, es más conveniente mejorar la calidad de los servicios educativos y de salud de la población más vulnerable. Pero a los gobernantes se les facilita más poner un piso de cemento en una vivienda pobre que brindarle servicios públicos de calidad a colonias populares y comunidades rurales.
Y el cuarto error: el desprecio a un proceso sistemático de evaluación, aprendizaje y corrección de errores; no se utilizan a las instituciones que miden la política social y cuentan con procesos de evaluación como el Inegi o el Coneval, además instituciones de la sociedad civil.
Los apoyos sociales deben ser parte importante en el combate a la pobreza, pero sin convertirse en la principal palanca. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió eliminar programas de los gobiernos anteriores, sin un análisis técnico, por lo que la estrategia deja de tener impacto en la población, porque son decisiones políticas para conservarse en el poder; acabar con la pobreza solo queda en el discurso.
Por ejemplo, se eliminó el programa Prospera y ahora son las Becas Benito Juárez para educación básica y media superior y Jóvenes Escribiendo el Futuro. La población más pobre tuvo una reducción del 63 por ciento en 2020 respecto a las transferencias que daba Prospera en 2018. En cambio, las familias con mayores ingresos tuvieron un incremento de 35 por ciento en estos apoyos.
El programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que tendrá un fuerte incremento para este 2023, no ha tenido como prioridad a los más pobres. Para la población más pobre se incrementó en 16.6 por ciento, pero para los de mayores ingresos se incrementó en 45.5 por ciento, entre 2018 y 2020. El programa refleja la visión de la política social de López Obrador; el uso de las transferencias monetarias para facilitar el apoyo político hacia él mismo y a su partido.
El caso del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), que sustituyó al Seguro Popular, es una de las peores decisiones del actual gobierno, que ha afectado a la población más pobre. Aunque el Seguro Popular no era perfecto, sí había incrementado los servicios de salud a los más pobres. La carencia en el acceso a los servicios de salud se incrementó de 16.2 por ciento, en 2018, a 28.2 por ciento, en 2020, y el gasto en salud de la población se incrementó 40 por ciento.
Una verdadera política del gobierno en combate a la pobreza sólo será efectiva si cuenta con una real intención de resolver los graves problemas nacionales, pero sobre todo que el pueblo organizado reclame acabar con las graves desigualdades, las enormes injusticias contra los más pobres, que se mejoren los servicios de salud y por una educación de calidad para todos.
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