El dos de marzo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tocaba el tema de la “Ley Garrote”, a través de una video-conferencia, el Tribunal hizo el análisis de constitucionalidad de los preceptos del Código Penal para el estado de Tabasco, reformado y adicionado mediante el Decreto 115, publicado el 31 de julio de 2019. Durante la sesión sobresale que los artículos 196 Bis y 299 que sancionan a los que impidan por cualquier medio “la ejecución de obras privadas o públicas”, el artículo 308 Bis que sanciona la extorción y el impedimento total o parcial de tránsito y el 308 que sanciona la obstrucción o interrupción del servicio local de comunicación, todas estas anteriores fueron invalidados, pero la SCJN validó el artículo 307 que juzga a quienes interrumpan o dificulten el servicio público local, con el 196 el cual prevé el delito de extorsión(quienes pidan cuotas al momento de retener el tránsito vehicular o peatonal en cualquier vía de comunicación).
bien, pero echemos un vistazo unos meses atrás, de hecho, el tema ya no se menciona en ningún medio de comunicación local, mucho menos nacional. Pero durante los primeros días de la inundación en la entidad tabasqueña (el 1 de octubre del 2020 cuando empezó la inundación), y claro por la negligencia de las autoridades o por el turbio manejo de los censos de la Secretaría de Bienestar (digo turbios porque en redes sociales los ciudadanos evidenciaron en su momento el manejo preferencial que tenían los ciervos de la nación hacia los líderes morenistas), razón por lo cual los habitantes de diversas localidades tomaron medidas extremas como bloquear las principales vías de comunicación, con el fin de que los voltearan a ver y los tomaran en cuenta en los primeros censos, de echo hubo más de una semana en que no faltaba dos, tres o cinco bloqueos diarios, que fue del 12 al 20 de octubre, que dejó en todo el estado más de 50 bloqueos en esos días y donde hicieron efectiva la “Ley Garrote”, como castigo ejemplar, al cual me quiero referir; es de la delegada de Huapacal segunda sección del municipio de Cunduacán, Arvely, Junto con cuatro personas más, quienes el 21 de octubre un juez de oralidad dictó auto de vinculación a proceso a la delegada municipal así como de las cuatro personas más por participar en bloqueos de carreteras ¡para exigir el pago del vale de Bienestar por afectaciones de la inundaciones en los primeros días de octubre.
Cabe señalar que la formulación de imputación presentada por la Fiscalía General del Estado, por el bloqueo que realizaron estas personas, delito previsto y sancionado en los artículos 307 y 308 del Código Penal del Estado de Tabasco, desde que le dictaron el auto de formal prisión hasta la fecha, no le han dictado sentencia. Sigue retenida, sin un juicio, pero detenida. No es el único caso, pero fue uno de los primeros.
A mi juicio, empujados por el hambre y la falta de ayuda por parte las autoridades, la desesperación no se hizo esperar, acordémonos también que estuvimos y seguimos en pandemia, que el desempleo creció y que en todo este lapso de tiempo, que ya pasa el año, el gobierno del estado ha entregado en una sola ocasión la supuesta cantidad de 250 mil despensas, que nunca se supo si se terminó de repartir o que fue de esas despensas, sumado a que los afectados por la inundación no se les estaba tomando en cuenta, por lo menos, no a todos en los censos, y con mayor razón salieron a hacer uso de su derecho de manifestarse y como aseguraban los afectados siguiendo el ejemplo del actual mandatario del ejecutivo, que bloqueaba pozos petroleros para que le solucionaran las demandas. No dudaron en hacer lo mismo, pero no contaban con la “grata” sorpresa que el gobierno de “primero los pobres” del estado natal del presidente de la república, lejos de ayudarlos con productos de la canasta básica porque se quedaron sin nada o que interviniera para que la Secretaría de Bienestar los tomara en cuenta para los censos. Lejos de eso les aplicaran la “Ley Garrote”, que por cierto entro en vigor el 1º de agosto de 2019 en la “edición 8024, suplemento D, publicado el decreto 115 referente a la llamada “Ley Garrote”.
Y como vimos esta ley la utilizan para ahogar la voz de los que claman ayuda en medio de la pandemia y la inundación, y como los tabasqueños nos habremos de acordar que estas leyes también se hicieron con el fin de quitar y castigar a todo a aquel que pudiera opinar diferente a la construcción del Tren Maya o de la refinería de Dos Bocas.
Después de vivir la amarga experiencia de lo que realmente es la 4T, nos ponemos a pensar que en la declaración del gobernador Adán Augusto López Hernández al decir que acepta pero que no comparte la idea de la SCJN al invalidar la “Ley Garrote” y que por eso van a buscar otra manera de reformar nuevas leyes, no es muy difícil adivinar qué es lo que nos espera con esta administración morenista, no queda de otra, nos empujan cada vez más a luchar y a crear un frente común para los tabasqueños y sobre todo para sacar a Morena del poder.
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