MOVIMIENTO ANTORCHISTA NACIONAL

¿Cuál es el límite entre una petición correcta y una ofensa a la autoridad?

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El vehículo oficial en que transitaba el presidente de la república fue retenido el pasado 27 de los corrientes, por parte docentes de la sección 7 de la CNTE de ese estado, a las afueras de la región militar VII en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cuando se trasladaba a su conferencia matutina. Rezan la mayoría de medios de información que abordan el tema.

En los videos que circulan, se ve al presidente pedir a maestros que lo increpan que acudan con la titular de la Secretaría de Educación, maestra Delfina Gómez, ante lo cual le responden que ya lo han hecho y que, al igual que el gobernador del estado, licenciado Rutilio Escandón, no cumple los acuerdos establecidos. Ante esto, se observa al Presidente decir en tono molesto que no cederá a chantajes, que primero lo respetan y después se les atiende pero que ahí no habrá mesa de diálogo, que se quedará en su vehículo, porque el viene de ese tipo de luchas, acto seguido sube la ventana del vehículo, ignorando a los manifestantes. Posteriormente, se le ve en un mensaje que manda vía celular a la conferencia matutina, atribuir el bloqueo a la CNTE y sostener lo que menciona arriba a los peticionarios, para luego añadir, que no puede permitir que la investidura presidencial se maltrate, que los maestros tienen otros intereses y que ya han sido atendidos en varias ocasiones. Ahí estuvo por dos horas, hasta que sin que se le impidiera el paso, ingresó finalmente al recinto militar.

Aunque en nuestra Constitución Política no existe artículo que exprese el derecho a manifestarnos públicamente, hay dos derechos humanos en el que éste se encuentra está implícito: el primero, es el de la libertad de expresión, reconocido en el art. 6°, que expresa: “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público”; el segundo, es el derecho de reunión previsto en el artículo 9°, en el que se dice: “no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito… No se considerará ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto de una autoridad”. De lo anterior se desprende, que tenemos derecho a expresar en público nuestras ideas y su manifestación, con un reclamo o protesta, es precisamente una vía para darlas a conocer, es una forma en que se concreta la libertad de expresión, y que encontramos prevista en el derecho de reunión.

En cuanto a las limitaciones a este derecho, el artículo 9° establece que las reuniones deben ser pacíficas, deben tener un objeto lícito, sin injurias contra la autoridad, sin armas, sin uso de violencia o amenazas para intimidar, ni podrá utilizarse lenguaje injurioso, violento, o incluso intimidatorio. Por su parte, el artículo 11°, establece que un bloqueo transgrede los derechos de terceros, en concreto el de libre tránsito, el derecho al trabajo y a la libertad de comercio.

Por lo que respecta a las responsabilidades de los funcionarios, se hace una clara separación del resto con el presidente de la república, para el cual, en la Constitución sólo se contemplan dos delitos: la traición a la patria y … una completa ambigüedad con respecto a la violación de los derechos humanos de atención y solución a las demandas legítimas de los ciudadanos. 

Y ¿quién decide cuándo se viola por ejemplo, el derecho de los demás con una injuria, cual es la acepción que toman nuestras autoridades, en este caso el presidente, quién decide si es un lugar público donde se hizo la manifestación mencionada, quién decide si es bloqueo o solo manifestación, quién nos dice si se sintió intimidado el mandatario por algo que consideró una amenaza, o quien nos dice por qué es un chantaje la petición de los maestros de la CNTE, dónde está la falta de respeto, es incorrecto que lo busquen si no los atienden los funcionarios a que se alude en la discusión, se puede acceder al presidente en otro lado que no sea en los eventos a los que acude, etc. ¿Quién sanciona esas situaciones?

Este es un claro ejemplo de que las leyes en las democracias occidentales como la nuestra, son siempre un instrumento en favor de las clases poderosas y sus gobiernos. La ambigüedad es una condición necesaria para que la interpretación sea determinada por el poder de los implicados. Y los poderes establecidos lo saben a la perfección, por ello en nuestra sociedad basta con que la autoridad en turno declare tal o cual exigencia social como un abuso. 

No es el mismo López Obrador el que aduce que los maestros tienen otros intereses, al que realizó múltiples bloqueos en Tabasco y causó pérdidas millonarias a Pemex y la CFE, con lo que lo hizo al erario mismo, dando lugar con ello al conocido y repudiado chantaje político y económico en esa entidad, y que además, sostuvo un plantón por seis meses en la capital del país por el reclamo del supuesto fraude electoral, que hoy sabemos, tenía objetivo de posicionar su papel de opositor agredido por el estado, para capitalizar la solidaridad de los relegados y maltratados por el gobierno en turno. Su interés pues, fue político, pero ahora el critica de intereses políticos a todos los que cuestionan o exigen su atención, sin que para demostrar sus dichos, presente las pruebas o por lo menos los argumentos de que no son demandas genuinas, ha colocado incluso, al nivel de delito o por lo menos falta a la autoridad el hecho que se le contradiga o critique, como prueba del mas irracional de los autoritarismos. 

Los mexicanos debemos empezar a ver el peligro que se cierne sobre nosotros, porque el presidente, con una peligrosa irresponsabilidad, generar condiciones en las que no se tiene el control de una masa amorfa de ciudadanos que reclaman atención, poniendo en peligro a su persona y a la ciudadanía por el interés mediático de parecer cercano al pueblo, lo cual es una provocación a la violencia. Sus actos dada su investidura y el papel que ésta representa, por estar al frente de las instituciones de gobierno y los cuerpos de seguridad, posee un poder ilimitado que intimida y reprime por ese simple hecho a quien señala y acusa. 

Para quienes se quieren hacer un juicio imparcial y equilibrado, quedara claro que hubo varios grupos de manifestantes, como personal médico que trabajó durante la pandemia y que fue despedido, personal médico del ISSSTE, normalistas, y maestros de la CNTE, quienes claramente denunciaron que los recursos del Programa de Caja de Ahorro, que es un ahorro de ellos, están siendo retenidos por el gobernador de Chiapas. Y Finalmente, que los manifestantes lo dejo pasar sin algún brote de violencia, algunos incluso gritando que no los olvide ni los abandone. Con lo que queda claro que no hubo tal retención, sino una argucia para aprovechar mediáticamente el incidente y no atender sus compromisos y obligación es como gobernante, con lo que viola la constitución y los llamados derechos humanos de los mexicanos.

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