Ante esta realidad terrible, el presidente de la República dice frecuentemente, insultando la inteligencia de los mexicanos y abusando de la falta de conocimiento de muchos compatriotas, que “el país está en paz” o que “hay gobernabilidad”. Pero que los criminales actúen fuera de la ley, pisoteando el Estado de Derecho, no sorprende; lo que sí es inadmisible es que el gobierno sea el que deje de actuar bajo el amparo de las leyes. Y esto es precisamente lo que viene ocurriendo no solo en lo que respecta a la tolerancia con el crimen organizado, que está dejando crecer a sus anchas al monstruo, sino en el franco ataque a leyes fundamentales de nuestra maltrecha democracia.

Me refiero a lo siguiente. En el estado de Puebla, el 1° de junio de 2021, el Movimiento Antorchista contendió bajo las siglas del PRI por las presidencias municipales de 13 municipios; los resultados arrojaron 7 triunfos y 6 derrotas para la organización. Donde el triunfo no favoreció a los simpatizantes y aliados del movimiento, se respetó el resultado, como debe ser en democracia; pero resulta que en dos municipios donde ganaron candidatos antorchistas, Huitzilan de Serdán y Ocoyucan, los malos candidatos perdedores, morenista y panista, respectivamente, están intentando echar abajo la elección.

El proceso de impugnación de los candidatos perdedores está plagado de ilegalidades que van desde presentación extemporánea de las impugnaciones, pasando por denuncia de violación al tope de gastos de campaña que ya había juzgado inexistentes la autoridad correspondiente y hasta presentación de las impugnaciones fuera del Consejo Municipal Electoral. Cualquiera de estas causas, bastaría para que un tribunal imparcial echara abajo los intentos de desconocimiento de los resultados.

Sin embargo, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), quien diligentemente recogió la queja y con la misma presteza se puso a recabar más “pruebas”, ha demostrado ya su sesgo en contra de los antorchistas. En el intento de registro del Movimiento Antorchista Poblano como partido local, el TEEP contra toda ley le negó su derecho a competir en elecciones con marca propia, a pesar de haber reunido de sobra los requisitos de ley; esto ocurrió porque el mencionado órgano actuó no al amparo de las leyes, sino del dictador de Puebla, el morenista  Miguel Ángel Barbosa Huerta.

Es claro que esta vez, también es el gobernador del estado quien está moviendo los hilos de la impugnación y dictando órdenes a un tribunal, en teoría, independiente. Barbosa, abusando de su poder y dando vuelo a su odio irracional contra el pueblo organizado es el único que puede, por ejemplo, unir a todos los candidatos perdedores de Ocoyucan, para que con idénticos documentos presenten sus quejas, sin preocuparse por disimular la misma mano redactora, tal como ocurrió. 

Barbosa tiene todo el poder de una dictadura local reforzada por la nacional que seguro lo respalda; Josué Elías Velásquez Bonilla y Rosendo Morales Sánchez, candidatos electos –constancia de mayoría en mano– tienen el respaldo de miles de ciudadanos que votaron por ellos y de cientos de miles de antorchistas que en el país que exigiremos al TEEP y a los gobernantes violadores de la ley que respeten el legítimo triunfo de nuestros candidatos.