La dictadura es un régimen político en el que, el poder se concentra en una persona o un grupo de personas, que no están sometidas a las leyes, al control y a la separación de los poderes; es decir, gobiernan con un poder total, sin limitaciones y con la facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad.
Ésta, es la forma de gobierno que está construyendo el presidente Andrés Manuel López Obrador en nuestro país, tiene sometido a su voluntad al Poder Legislativo, senadores y diputados morenistas, que son mayoría en cada una de las Cámaras, han renunciado en forma vergonzosa a ejercer el equilibrio de poderes que les otorga la Constitución y se han limitado a ser una ventanilla de tramites del Ejecutivo, a cuyas iniciativas, no le modifican ni una coma.
Pretende hacerse del control del Poder Judicial, mediante una reforma a éste, que contempla la ampliación de 4 a 6 años del mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que significa un atropello y una violación a la Carta Magna, que en su Artículo 97 establece: “Cada cuatro años, el Pleno (de la Corte) elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior”.
En el caso que nos ocupa, se estaría prorrogando la Presidencia del ministro Zaldívar del 2022 al 2024, con el argumento de que el ministro presidente de la Corte por su honestidad probada, es el único que puede llevar a buen puerto la reforma, que, entre otros propósitos, tiene el de combatir la corrupción y el nepotismo que impera en prácticamente todo el Poder Judicial. Pero hay sospechas fundadas de que en realidad lo que se busca es sentar precedente para que en el futuro también se amplié el mandato del presidente López Obrador.
El Presidente de la República con sus declaraciones en favor de este flagrante atropello, agrede y viola la independencia y la soberanía del Poder Judicial y se arroga poderes que no le corresponden al realizar un juicio sumario contra jueces y magistrados a los que condena por corrupción, por un lado, pero también porque él no tiene la facultad para decidir sobre la presidencia de la Suprema Corte, ni sobre el tiempo del periodo, porque eso ya está establecido en la Constitución, por otro. Su actitud es abusiva y dictatorial.
También ha emprendido una embestida contra los órganos electorales autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que se han construido durante décadas, precisamente para contener y regular los excesos de poder por parte de los gobiernos “conservadores”, de los que tanto reniega y a los que culpa de todo, para esconder su ineficacia y su fracaso en la conducción de los aspectos más importantes de la vida política y social del país.
En la mañanera del jueves 22 de abril, furibundo por la ratificación del TEPJF, con respecto a la determinación del INE, en cuanto a la cancelación de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón Orozco a gobernador de Guerrero y Michoacán, respectivamente. Declaró que la determinación era un atentado contra la democracia en México porque no se respetó la voluntad del pueblo, que es quien manda, pero AMLO se olvida que la democracia tiene reglas acordadas, por eso no se afecta ningún derecho democrático, simplemente, si se violan las normas, hay una sanción e imponerla no es antidemocrático es simple y llanamente cumplir con la obligación de hacer respetar la ley.
El INE y el TEPJF coincidieron en que las leyes electorales deben cumplirse puntualmente. Salvo el presidente del Tribunal, plenamente desacreditado y al servicio de la 4T, todos coincidieron en que el monto no es significativo, pero la violación con dolo constituye un motivo para imponer la pena de pérdida del registro.
AMLO y su gobierno, descalifican a las autoridades electorales, garantes de la democracia, a fin de poder desaparecerlos sin recibir reclamos de los mexicanos, pero el verdadero motivo es que no se alinean a su política centralista y ejercen la autonomía que les confiere la Constitución. Por eso los acusa de ser organismos muy caros, que además están al servicio de los anteriores gobiernos.
Lo mismo intenta hacer con la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Todos estos órganos autónomos, se crearon por la necesidad de poner en manos de expertos las decisiones técnicas y complejas que exigían independencia de los intereses públicos y privados.
Atacarlos con recortes presupuestales y amenazar su existencia queriéndolos regresar a que sean apéndices de Secretarías de Estado, significa volver al pasado y dejar en manos del gobierno de la 4T la democracia, como si dijéramos, dejar la Iglesia en manos de Lutero.
Al presidente no le gusta que lo vigilen y lo supervisen, le gusta que lo adulen y cumplan sus órdenes y quien se resista a ello es su enemigo y, por tanto, tiene que desaparecer.
A los mexicanos en estos difíciles momentos nos toca protestar enérgicamente contra estos intentos dictatoriales del Gobierno morenista, de ser necesario saliendo a la calle para no permitir este atentado que pone en riesgo la democracia y el federalismo que tanto sudor, lágrimas y sangre ha costado al país, estemos atentos a los acontecimientos y demos la batalla ahora que se puede, después no servirá de mucho.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario